«Esa decisión no es el final del caso», subrayó ayer el abogado norteamericano Leonard Weinglass, durante una conferencia de prensa telefónica desde Estados Unidos, al comentar la decisión de la Corte de Atlanta de revocar la sentencia de un panel de tres jueces de esa misma instancia judicial, que reconocía el carácter hostil de Miami […]
«Esa decisión no es el final del caso», subrayó ayer el abogado norteamericano Leonard Weinglass, durante una conferencia de prensa telefónica desde Estados Unidos, al comentar la decisión de la Corte de Atlanta de revocar la sentencia de un panel de tres jueces de esa misma instancia judicial, que reconocía el carácter hostil de Miami como sede de los procedimientos en este caso, ordenaba la realización de un nuevo juicio y les revocaba las condenas impuestas a los Cinco antiterroristas cubanos encarcelados en ese país.
Durante la conferencia, el jurista indicó que todavía quedan nueve temas adicionales pendientes ante el panel original, integrado por tres jueces de esa Corte.
Sin embargo, los defensores de los Cinco pudieran decidir llevar el caso a la Corte Suprema de EE.UU. «Si se hace o no, se decidirá la semana que viene, cuando los seis abogados que trabajan en el caso habrán digerido la opinión de 120 páginas», explicó el prestigioso abogado.
«Si decidimos ir al Supremo tendremos 90 días para perfeccionar nuestra solicitud de apelación. Entonces, el Gobierno (la Fiscalía) podrá responder o no. Y luego tendremos que esperar la decisión de la Corte», precisó.
La opinión emitida por el Onceno Circuito de la Corte de Apelaciones de Atlanta es un documento de 120 páginas, unas 69 de ellas son de la mayoría representada por el juez Wilson y el resto de la minoría, representada por el juez Birch.
«Si decidimos no ir ante la Corte Suprema, la cuestión regresará entonces ante el panel de tres jueces y tendremos que esperar la opinión de este panel para saber cómo debemos proceder para presentar de nuevo estos nueve temas», afirmó Weinglass y apuntó que aún «queda una larga ruta que recorrer en este caso». El jurista neoyorquino confesó que los abogados de la Defensa quedaron «muy decepcionados por la decisión del juez Wilson, un antiguo fiscal federal de la Florida».
LA MAYORÍA IGNORÓ AMBIENTE EN MIAMI
«Tuvimos la sensación, como la tuvo la parte minoritaria, que la opinión mayoritaria ignoró completamente la cuestión del ámbito coercitivo que existió y que ha existido desde hace años en Miami, contra cualquiera que sea asociado al Gobierno de Cuba. Y fue ese ambiente que interfirió y denegó a los acusados un juicio imparcial», insistió Weinglass.
«La Corte no hizo caso a la hostilidad contra Cuba que reina en una ciudad dominada por la mafia cubanoamericana», señaló.
«La mayoría (de los jueces) `blanqueó’ la cuestión del ambiente de Miami. Uno puede leer las páginas de su opinión y no encontrará referencia sustancial al perjuicio comunitario que preexiste en Miami contra cualquiera que sea asociado al Gobierno de Cuba»,
Weinglass reiteró que los dos jueces, Birch y Kravich, repitieron en el alegato su opinión original de 93 páginas hace un año, acerca de que este caso representa «una perfecta tempestad de perjuicios».
Por su parte Bruce Nestor, ex presidente del Gremio Nacional de Abogados, confirmó que la decisión de la Corte de Atlanta no pone fin al caso, al señalar que «muchas cuestiones legales quedan por ser resueltas».
Esa sentencia no solo deniega justicia a los Cinco, sino que tiene también implicaciones muy profundas para cualquier persona que busque un juicio imparcial en el actual clima político de EE.UU.
Añadió el jurista: «Creo que la decisión da tremendos poderes al Gobierno para levantar causas políticamente motivadas y luego seleccionar un sitio donde los perjuicios y la actitud de la comunidad favorezca al Gobierno y le permita obtener una condena cuando las evidencias no lo admiten».
La Coordinadora del Comité Nacional por la Libertad de los Cinco en territorio estadounidense, Gloria La Riva, reiteró que el 23 de septiembre, representantes de unas 250 organizaciones desarrollarán en Washington una marcha desde el Departamento de Justicia hasta la Casa Blanca, para demandar la liberación de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González.