La declaración de nulidad de la Ley de Amnistía

Para entender mejor los pactos de la Transición debemos tener en cuenta el contexto internacional en que se produjeron. La política de bloques surgida de la «guerra fría» todavía tenía plena vigencia, posibilitando el consenso y la concertación en medio de una crisis económica derivada de la subida del precio del petróleo en 1973 y el agotamiento político de la dictadura que se había trasformado en un lastre para el desarrollo del capitalismo español. Tenemos que recordar que la reforma política del «régimen» fue acompañada de acuerdos sociales y económicos («Pactos de la Moncloa»). La introducción del neoliberalismo, traído de la mano por los gobiernos de Felipe González y profundizada por los siguientes, se produce en un contexto de caída y posterior hundimiento del bloque socialista europeo y, por tanto, del final del mundo bipolar existente hasta esos momentos. Esta coyuntura era, en definitiva, lo que propició la concertación necesaria para intentar construir un estado democrático, social y de derecho. A partir de ese momento el proyecto político, económico y social de la transición, tal como lo entendió la izquierda, ha ido desapareciendo hasta ser, prácticamente, inexistente.

Haciendo balance de lo que ha sido el movimiento memorialista durante los últimos quince años, contextualizando el análisis dentro de un proceso histórico en el que, más que nunca, se ha evidenciado que deshistoriar las relaciones sociales y políticas es uno de los instrumentos más eficaces con los que cuentan las clases dominantes para mantener su hegemonía ideológica y, a través de ella, su dominio económico y político, creo que ha llegado el momento de hablar de los objetivos que algunos activistas del movimiento memorialista, en especial algunos militantes del Partido Comunista de España, nos habíamos marcado.

El que suscribe estos párrafos entendió, siempre, que lo que se ha venido llamando memoria histórica debía ser uno de los ejes de reconstrucción de la izquierda -desde y con su pluralidad, y entendiendo el anarquismo como parte de la misma-, tras la derrota sufrida por las clases populares al final del siglo XX, y ante la evidencia clara de que, tras la caída de los regímenes denominados de socialismo real del centro y este europeos, la aseveración de Fukuyama sobre el «fin de la Historia» y la desaparición de las ideologías, habría dado lugar a lo que se ha dado en llamar «pensamiento único» que, en la práctica, no es otra cosa que mantener que los postulados del neoliberalismo (democracia formal, en apariencia, más mercado libre y desregulado), ideología del capitalismo, aparentemente lo único aceptable, negando cualquier otra ideología.

Inicialmente nos marcamos los siguientes objetivos:

1.- Construir un frente de masas en el ámbito de la lucha cultural e ideológica.

2.- Recuperar la ilusión por la utopía.

3.- Recuperar principios éticos, sociales y políticos

4.- Luchar por los Derechos Humanos, tanto políticos, como sociales y económicos.

5.- Superar el lastre de la denominada Transición.

6.- Recuperar el prestigio de la izquierda y el movimiento libertario por su lucha contra el fascismo, a través de la puesta en valor de la historia de sus militantes.

7.- Recuperar el trabajo de base como elemento principal de lucha.

8.- Recuperar la Memoria Democrática.

También teníamos claro que una nueva III República no sería realmente democrática si no hundía sus raíces en los principios en que se basó la II. Estábamos seguros de que haciendo visibles a los hombres y mujeres republicanos asesinados cuyos restos cadavéricos se encontraban en las fosas, también hacíamos visibles sus ideas. El actual movimiento republicano no sería el mismo si la bandera tricolor no hubiera hondeado en las exhumaciones.

Estábamos firmemente convencidos de que todos los actos jurídicos de carácter represivo -y otros administrativos que beneficiaban a empresas y personas adictas al régimen- debían ser declarados nulos, por ilegitimidad de origen, al tratarse de una dictadura nacida de un golpe de estado ilegal y que, además, fue condenado por Naciones Unidas en varias ocasiones. Por eso, creemos que todas las sentencias franquistas deben ser declaradas nulas, es más, deberían ser consideradas, por el estado democrático, como el acta que unos criminales redactaban respecto de las decisiones que tomaban para cometer asesinatos y secuestros.

También éramos conscientes de que la única forma de que se hiciera justicia a las víctimas del franquismo pasaba por la ruptura del régimen del 78 y que uno de los pilares fundamentales sobre los que se ha construido es la impunidad.

Conforme iban pasando los años, fuimos viendo, cuando poníamos en marcha exhumaciones de fosas, que en las contestaciones que los distintos juzgados y audiencias provinciales daban y, en especial, el Tribunal Supremo, en la sentencia de absolución al Juez Baltasar Garzón por el procedimiento que inició para exhumar fosas, siempre aparecía la Ley de Amnistía de 1977 como argumento principal que impedía que se hiciera justicia.

Las dificultades que a lo largo de los años hemos tenido para investigar, con archivos descuidados y la imposibilidad de acceder a muchos de ellos, en especial a los de carácter militar y policial, nos han convencido de la necesidad de una fuerte intervención por parte del Estado y una nueva legislación que facilite el acceso a toda la información existente.

El informe «La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas», los informes del relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos y del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unida que castigan duramente al Estado Español son una auténtica hoja de ruta sobre lo que debe hacerse respecto a las víctimas del franquismo y la impunidad. Entre las cuestiones que plantean está la de la declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977.

La conocida popularmente como Ley de Memoria, no vino a solucionar problemas, sino que se convirtió en una nueva vuelta de tuerca para evitar que se haga justicia, al estar basada en la equidistancia y no distinguir a los que destruyeron la democracia de los que fueron sus víctimas, es decir de los que la defendieron, que no reconoce el carácter jurídico de víctimas a las personas represaliadas por el franquismo, que externaliza y privatiza la memoria poniendo en manos de las familias la localización y recuperación de los restos de sus seres queridos. Por eso, su reforma o la aprobación de una nueva Ley es urgente y debe basarse en la legislación penal internacional y de derechos humanos.

La Ley de Amnistía, la Ley de Memoria y la sentencia del Tribunal Supremo absolviendo al juez Baltasar Garzón, blindan la impunidad y componen lo que hemos dado en llamar «modelo español de impunidad». Por eso, somos conscientes de que la clave para desbloquear la posibilidad de que se hiciera justicia a las centenares de miles de víctimas de la dictadura franquista era la declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977.

Algunos camaradas y compañeros y compañeras defienden la Ley de Amnistía como una victoria de la izquierda; sin embargo, pasado el tiempo se ve con claridad que realmente fue una manifestación de su debilidad frente a los sectores reformistas del régimen franquista. La prueba de ello es que amnistiar a compañeros, compañeras y camaradas es reconocer que cometieron delitos, reconociendo, con ello, la legalidad del franquismo. Pedir la nulidad de las sentencias, al mismo tiempo que la amnistía es entrar en una contradicción absurda. Recientemente, en un acto del Ateneo de Madrid sobre la ruptura del régimen del 78, dije lo siguiente:

«El discurso de Marcelino Camacho en las Cortes el día 14 de octubre de 1977, en el debate para aprobar la Ley de Amnistía, cobra sentido tres décadas después. En aquel discurso, Marcelino, dijo: « Nosotros, precisamente, los comunistas que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. (…) Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie…» . Obviamente, si «nuestros muertos» estaban todavía en las cunetas y se pedía amnistía para todos, es que se había pactado el olvido y, por tanto, la impunidad para los franquistas. Con esto no quiero decir que Marcelino fuera una persona deshonesta, todo lo contrario. El hecho de que un militante cuya honestidad está fuera de dudas defendiese la Ley de Amnistía es la prueba fehaciente de la existencia del pacto. La ley de Amnistía es la piedra angular sobre la que se sustenta el régimen del 78, su declaración de nulidad es fundamental para romper la impunidad y con ella el actual régimen.»

Este pacto, tejido con mucha generosidad y renuncias por parte de la izquierda, sobre todo por parte del PCE, ha provocado a la larga un silencio que ha propiciado que los tópicos tejidos por el franquismo se hayan extendido durante toda la restauración borbónica, dando como resultado un franquismo sociológico que impregna todas las capas de la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que el principal partido de la derecha, el PP, fue fundado por franquistas y que los apellidos de muchos de sus dirigentes los podemos encontrar entre los golpistas y adictos a la dictadura franquista. Lo mismo podemos decir de muchos miembros de los consejos de administración de grandes empresas y la banca.

Por todas estas cuestiones, considero que hablar de ruptura del régimen del 78, sin entender que la impunidad es uno de los pilares fundacionales del mismo y que hablar de construcción del nuevo sujeto político y social alternativo sin entender que la memoria es uno de los principales componentes de la «argamasa» ideológica de su construcción, tratándola como un elemento aislado de la política, es un grave error. Por eso, considero que ha sido un acierto, por parte del XX Congreso del Partido Comunista de España, incluir estos elementos como ejes centrales de la ruptura democrática. Esa ha sido nuestra lucha durante más de tres lustros y seguirá siéndolo, porque hacer justicia a los defensores de la libertad y la justicia social, cuestiona el actual orden social.

Como activista del movimiento memorialista y militante del Partido Comunista de España, me congratulo, me felicito y felicito a todas y todos los y las camaradas, por esta enmienda aprobada, en especial al camarada que la defendió con valentía y brillantez en el plenario, en la primera fase del XX Congreso del Partido al cual me siento orgulloso de pertenecer. A muchos nos ha hecho sentir que la lucha emprendida hace ahora más de quince años ha fraguado, hoy ha sido nuestro Partido el que la ha asumido, el siguiente paso será que lo haga el Estado.

TEXTO APROBADO POE EL XX CONGRESO DEL PCE

Tesis 12. Los ejes centrales de la ruptura democrática
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Frente a la aceptación de la monarquía, levantamos la reivindicación de la III República. La República es imprescindible en la construcción del Socialismo. Sabemos que esa sola forma de Estado no lo garantiza de por sí. Pero es igual de cierto que el desarrollo socialista es incompatible, antes o después, con el monarquismo. Por eso un Partido Comunista es republicano consustancial. No accidentalista, como quieren decirse otras formaciones. Así, Engels, en su Contribución a la crítica del proyecto de programa socialdemócrata de Erfurt de 1891, escribía: está absolutamente fuera de duda que nuestro partido y la clase obrera sólo pueden llegar a la dominación bajo la forma de República democrática. Esta última es incluso la forma específica de la dictadura democrática del proletariado como lo ha demostrado ya la Gran Revolución francesa.

En el caso español sucede, además, que la Monarquía está particularmente vinculada al bloque -capitalista- de poder dominante. Es una pieza esencial, por los caracteres específicos e históricos -conservadurismo acendrado, injerencia militar, nacional-catolicismo, franquismo e impunidad, corrupción…- de ese bloque de poder en nuestro país. Ello hace que el republicanismo, en España, tenga unas connotaciones propias, asociadas – también históricamente- al avance en derechos políticos, sociales, económicos y nacionales. No es casual que la II República haya sido, hasta el momento, el período de mayor poder político de la clase obrera en este país. Ello explica, asimismo, la brutal reacción en modo franquista, la cual en su fin, impuso una Monarquía que no pudo ser votada aparte en la Constitución de 1978; que le fue impuesta a la misma, y que es, en rigor, esa Monarquía, pre-constitucional.


 Y por supuesto, un freno de primera magnitud -como se ha observado singularmente ahora-, para el progreso de la sociedad en el modo en que nosotros, nosotras, comunistas, queremos.


Ello conduce a que la reivindicación de una III República federal, laica, participativa y solidaria, sea -deba ser- para nuestro Partido, un asunto de gran importancia. Obviamente, no desvinculado, ni negacionista, de otras reivindicaciones políticas, económicas, culturales… Antes bien, como un hilván que permite conectar todas, dándoles forma estatal.


Por tanto, la reivindicación de III República ha de ser constante y consecuente. No se trata tanto de fijar una vía -puede haber varias que se complementen: bloque electoral, referéndum, mociones parlamentarias, municipales, etc- como de mantener la exigencia republicana en todo momento.

No supeditarla -como a veces hemos visto en este último período- a tacticismos, por los cuales, en la búsqueda de pactos con otros agentes, se relega la cuestión republicana, y cuando no se consiguen esos acuerdos, vuelve a ponerse en primer plano, pareciendo oportunista.


La coherencia exige que la reivindicación de una III República federal para España, no quede nunca frenada por ninguna componenda, y constituya siempre una acción política principal para el PCE.


Así mismo consideramos un factor esencial, la recuperación de la memoria democrática.

Partiendo de la base de que el único cambio posible y real debe basarse prioritariamente en el cambio de modelo de Estado, es decir, el modelo republicano -todo lo que no parte de esta base son simples brindis al sol-, no lo es menos que ese cambio ha de correr paralelo al de la equiparación jurídica, política y social de las víctimas de franquismo. No se abren vías democráticas perdurables manteniendo este déficit y, por tanto, la impunidad que se mantiene sobre los recortes de derecho, delitos y crímenes cometidos durante la dictadura.

Si las recomendaciones realizadas por la ONU que para paliar el caso español, son válidas para formalizar una verdadera reconciliación y armar definitivamente de contenidos democráticos la convivencia en nuestro país, es necesario superar sin más dilación, las siguientes cuestiones:

• Anulación de las sentencias de los tribunales franquistas

• Declaración de nulidad de la ley de amnistía

• La apertura de las investigaciones sobre lo ocurrido durante la guerra y la posterior dictadura en relación con el recorte de derechos y delitos contra la paz y crímenes contra la humanidad

• Aplicación de la normativa internacional sobre derechos humanos para el caso español

• Ley de memoria histórica: derogación de los puntos que impiden la apertura de procedimientos penales

• Derogación de las últimas reformas de la de Justicia Universal

• Equiparación de las víctimas de franquismo a los derechos establecidos para el resto de víctimas.