La Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo, Concepció Ferrer i Guardia, emite una recomendación dirigida a la Dirección General de la Policía por la que solicita que cese la práctica de los interrogatorios por parte de agentes encapuchados en dependencias policiales. Hace ya diez meses y con motivo de la detención, tras una brutal carga […]
La Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo, Concepció Ferrer i Guardia, emite una recomendación dirigida a la Dirección General de la Policía por la que solicita que cese la práctica de los interrogatorios por parte de agentes encapuchados en dependencias policiales.
Hace ya diez meses y con motivo de la detención, tras una brutal carga de la Policía, de varias personas en el transcurso una concentración en la Puerta del Sol y posterior marcha al Congreso de los Diputados en protesta por la recién aprobada refoma laboral, los letrados que asistieron a dichos detenidos se vieron en la obligación de denunciar ante el Colegio de Abogados de Madrid los siguientes hechos:
Que al acceder al control de la comisaría de Moratalaz para asistir a las personas detenidas fueron recibidos por tres personas -supuestamente policías- encapuchadas, sin uniforme, vestidas de paisano, que no portaban ningún distintivo, número o acreditación que pudiese identificarles, y que otros -supuestos policías- también encapuchados, y tampoco identificados, tomaron declaración a los detenidos. Aunque esta práctica policial no tiene respaldo legal alguno, se justificó por «motivos de seguridad«. En la denuncia también se señalaba que los funcionarios policiales no respetaron la privacidad de las reuniones mantenidas entre los detenidos con sus defensores.
La Defensora del Pueblo fue una de las instituciones ante las que se pusieron en conocimiento estos hechos. Pues bien, diez meses después, y una vez escuchadas las razones esgrimidas por la Dirección General de la Policía, la Defensora del Pueblo afirma que estas «no tienen una justificación objetiva y razonable» y estima conveniente formular la siguientes recomendaciones:
«Que se impartan las instrucciones oportunas para que en los supuestos en los que se produzca una detención, los agentes encargados tanto de la toma de declaración como de la custodia de los detenidos, dentro de las dependencias policiales, no oculten su rostro con prendas que no forman parte de la uniformidad reglamentaria, ni a los detenidos ni a sus letrados, por estimarse dicho uso desproporcionado y contrario al derecho de defensa y de asistencia letrada reconocidos constitucionalmente.
Asimismo que el personal que vista el uniforme reglamentario lleve el carné profesional, y en su uniforme, la placa-emblema con el número identificativo personal y no se induzca ningún tipo de impedimentos ni se realice interrupción alguna a la entrevista privada con el letrado posterior a la toma de declaración del detenido por los agentes policiales.»
Desde la Comisión Legal de Sol esperamos que dicha recomendación sea tenida en cuenta por la Dirección General de Policía para acabar con una situación que desgraciadamente se ha venido repitiendo más allá de los hechos concretos denunciados. Esta práctica supone una vulneración de los derechos de las personas detenidas y ahonda aún más en la impunidad de determinadas actuaciones policiales.
– Denuncia al Colegio de Abogados de Madrid: denuncia ICAM
– Comunicado Legal Sol: http://madrid.tomalaplaza.net/2012/03/01/la-comision-legal-denuncia-que-el-estado-no-esta-respetando-los-derechos-de-las-personas-detenidas-y-que-los-funcionarios-policiales-continuan-sin-identificarse/
– Comunicado Asociación Libre de Abogados: http://www.nodo50.org/ala/spip/spip.php?article1960
– Respuesta de la defensora del Pueblo: Recomendación del Defensor del Pueblo.17-12-12-1-1