La autora, urbanista, explica los intereses del lobby de la venta de energía en la puesta en marcha del proyecto de la incineradora de basuras para Gipuzkoa
El papel del sector público en materia de toma de decisiones políticas se ha orientado hacia nuevas formas de «gobernabilidad más allá del Estado». La lógica de este modelo se basa en la actuación del poder público como agente definidor de estrategias, objetivos y actuaciones urbanísticas y el sector empresarial como contribuyente del capital inversor.
Así se va estableciendo lo que desde Análisis de Regímenes Urbanos (URA) se llama «formación de preferencias». La existencia de unos agentes -principalmente vinculados a diferentes sectores económicos- y recursos determinados -capital inversor, experiencia previa en determinado tipo de estrategias de desarrollo- favorece la decisión de orientarse hacia objetivos concretos. En este contexto, desde las esferas de decisión, la colaboración público-privada está más «engrasada» y reporta mutuas satisfacciones y compensaciones, conformándose de esta manera un «poder sistémico». En cambio, este poder llega al convencimiento de que la participación pública no sólo no es positiva para el desarrollo, sino que entorpece la eficacia a la que ha llegado la colaboración público- privada. Se afirma que la concertación y la construcción de consensos con los colectivos y agentes sociales tienen más «costes de oportunidad» para los gobiernos institucionales. Así, la participación ciudadana y las propuestas de grupos de la sociedad civil se enmarcan en el ámbito de lo «no factible».
Un ejemplo de este modelo de gobernanza institucional se está dando en la esfera de la gestión de servicios y recursos públicos básicos: sanidad, gestión del agua, etc. así como en la de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Por ley (Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local) recae en los ayuntamientos la competencia/responsabilidad de la gestión de los RSU, que engloba tanto la recogida como el tratamiento posterior. La reciente Ley de Residuos (Ley 22/2011) en su artículo 12, relativo a la distribución de competencias en esta materia, dice que corresponde a las entidades locales la recogida, transporte y tratamiento de los RSU. De ese texto se deduce que el modelo será en primer término descentralizado, desde cada ayuntamiento, y que en su caso podrán adoptar formas consorciadas de gestión común, pero siempre desde el ámbito de decisión de la autonomía local. Entonces, ¿cómo es posible que se plantee una solución centralizada como es una incineradora para toda Gipuzkoa como se hizo desde la Diputación Foral en la legislatura anterior?
Esta planta se dedica a la «valorización energética» de la basura. Esto significa que por un lado factura a los ayuntamientos por «tratar su basura» a precios que se aprueban en el Consejo de Administración de Zabalgarbi, y por otro lado, y en aplicación del RD 661/2007 que regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, como productora de «energía renovable» es beneficiaria de una serie de primas e incentivos, además de subvenciones directas y bonificaciones fiscales.
El antecedente de esta planta, la bizkaína Zabalgarbi, llegó a facturar 68 millones de euros en 2011, con un beneficio neto declarado de tres millones. Así, la incineradora es un negocio doble y, tras la valorización energética, que consiste en una combustión asistida mediante inyección de gas, como una planta de ciclo combinado, se generan hasta 682 Gw/hora, el equivalente al consumo doméstico del 30% de los hogares de Bizkaia, según datos de la Diputación Foral de Bizakia.
Pero esta producción no se distribuye entre esos hogares, sino que se vende a las compañías distribuidoras por todos conocidas y su tarifación engrosa las cuentas de Zabalgarbi y la de sus socios (60% capital privado). O sea, tú ciudadano pagas para que «traten» tu basura, y eso que a ti te cobran como residuo, en la planta incineradora se convierte en materia de combustión para producir energía que se vierte a la red general y que acabas pagando en tu factura a la compañía eléctrica, y además, al ser de régimen especial, pasa a engrosar el denominado déficit tarifario.
Exportadora de energía
Euskadi es un territorio importador de energía bruta y exportador de energía procesada, a través de la refinería de Petronor en Somorrostro y la enorme potencia instalada de plantas de producción de «ciclo combinado» de combustión de gas: Bahía de Bizkaia-Zierbana (Iberdrola- EVE-Repsol-BP) y Boroa- Amorebieta (Sener-General Electric- ACS). La «industria energética» en Euskadi destina un excedente para la exportación del 65,6% de la producción total, con una facturación de 15.000 millones. Esto supone un balance de huella ecológica entre facturación económica/contaminantes atmosféricos de 25.500 toneladas de CO2 excedentarias.
En conclusión: el lobby energético en Euskadi, aparte de la política energética, también lidera la política de gestión de residuos, tanto RSU como industriales, hacia su «valorización» energética, dando un vuelco a la jerarquía de prioridades marcadas por la normativa tanto europea como interna (reducción-reutilización- reciclaje-revalorización, por ese orden), generando un gran negocio de servicio (recogida y tratamiento de residuos) y energético (producción de energía eléctrica mediante combustión).
Como resultado, el lobby energético (15.000 millones de euros de facturación anual) presiona a los partidos políticos para que la política sobre residuos se encamine hacia la incineración, éstos se justifican en los beneficios de autoabastecimiento energético que conllevaría ese método, pero que en Euskadi no deberían tener eco mediático, puesto que, en primer lugar, la dependencia energética principalmente es de hidrocarburos para el consumo del sector industrial (45%) y de transporte (33%), y no tanto de consumo eléctrico, que representa el 21% del total, y en que las renovables, a pesar de que la solar está muy poco desarrollada en comparación con Alemania, por ejemplo, ya abastecen una tercera parte del consumo.
JUEZ Y PARTE EN POLÍTICA ENERGÉTICA
El Ente Vasco de la Energía (EVE) es una agencia pública dependiente del Gobierno Vasco que actúa como facilitador institucional y participa en el accionariado de las plantas de tratamiento de residuos, condicionando la política pública en la materia hacia esa «solución». El antecedente de la estrategia tomada para la incineradora de Guipuzkoa es un proceso muy similar al que ya se dio en Bizkaia en la década anterior: la incineradora Zabalgarbi. La planta de incineración de RSU de Bizkaia se construyó en 2001, en el término municipal de Bilbao, con un presupuesto de 154 millones de euros. Para acometer esta infraestructura se constituyó una sociedad mercantil denominada Zabalgarbi, que en la actualidad cuenta con los siguientes socios: FCC (30%), Sener (30%), Diputación Foral de Bizkaia (20%), Ente Vasco de la Energia (10%), Kutxabank (5%) y Mancomunidad de la Margen Izquierda (5%). En origen el Ministerio de Industria participaba con el 10% de las acciones, que en el año 2008 fueron adquiridas a partes iguales por los socios mayoritarios (FCC y Sener).
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-democracia-de-las-corporaciones.html
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