«A diferencia del anterior, el fascismo actual no es un régimen político. Es más bien un régimen social y civilizacional. En lugar de sacrificar la democracia a las exigencias del capitalismo, trivializa la democracia hasta el punto que ya resulta innecesario, ni siquiera conveniente, sacrificar la democracia a fin de promocionar el capitalismo. Se trata […]
«A diferencia del anterior, el fascismo actual no es un régimen político. Es más bien un régimen social y civilizacional. En lugar de sacrificar la democracia a las exigencias del capitalismo, trivializa la democracia hasta el punto que ya resulta innecesario, ni siquiera conveniente, sacrificar la democracia a fin de promocionar el capitalismo. Se trata de un tipo de fascismo pluralista producido por la sociedad en lugar del Estado. El Estado es aquí un testigo complaciente, cuando no un culpable activo. Estamos entrando en un período en el que los Estados democráticos coexisten con las sociedades fascistas.»
Boaventura de Sousa Santos
El fascismo es una de las más brutales expresiones del capitalismo, que emplea cuando el consenso social se rompe. Para preservar los intereses de las clases dominantes, exacerba los sentimientos de miedo y frustración colectiva mediante la violencia, la represión y la propaganda. En esa línea, hasta ahora teníamos un ataque más bien social desde la oligarquía, con herramientas como desahucios, despidos, reducción o supresión de servicios públicos como la sanidad o la educación, limitación de garantías democráticas como el acceso a la justicia, eliminación de derechos civiles como el derecho al aborto, etc.
Sin embargo, en los últimos meses, algunos sucesos han destapado la cara más violenta del régimen y evidenciado su connivencia con el viejo fascismo, llevándole de testigo complaciente o culpable activo a promotor principal e interesado de este nuevo fascismo. Ya su propia reproducción depende prácticamente en exclusiva no de las narrativas democráticas -consenso social- sino de las estructuras fascistas -control de la población mediante la violencia directa del estado y la propaganda-.
El actual régimen mantiene las estructuras que clásicamente hemos entendido que formaban una democracia capitalista: existencia limitada de partidos políticos, simulacro de separación de poderes, elecciones periódicas y control de la lucha de clases mediante pactos entre sindicatos y patronal. Pero bajo esa apariencia, las reformas legislativas y los cambios constitucionales realizados en los últimos años para favorecer políticas en contra de la redistribución de la riqueza, y provocar un crecimiento de masas populares en situación de exclusión social -con el cambio del artículo 135 en el 2011 como estandarte-, componen ya, sin duda, un golpe de estado en el que no han necesitado la intervención directa del ejército. A base de cambiar leyes están cambiando el régimen de la democracia capitalista a la democracia fascista.
Tres sucesos marcan este cambio definitivo: el ataque con balas de goma en Ceuta a un grupo de personas que intentaban salvarse de morir ahogadas -y que terminó con la vida de 15 de ellas-, lanzar un ejército de antidisturbios contra población civil desarmada para impedir la normal finalización de las Marchas de la Dignidad el 22 de marzo -en el que mutilaron a dos personas con balas de goma: a un chico de 19 años le reventaron un ojo y a otro de 23 un testículo- y la protección y defensa, por parte de la audiencia nacional y la fiscalía, de Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas -los torturadores fascistas reclamados por la justicia argentina-. Todo el edificio institucional está involucrado en estos hechos: el poder político, el poder ejecutivo y el poder judicial.
Evidentemente, ningún sistema cuya policía mata a 15 personas y mutila a otras dos sin que se investiguen los sucesos ni se diriman responsabilidades, puede considerarse ni siquiera una democracia capitalista -y no son ni las únicas muertes ni las únicas mutilaciones, solo son las más recientes-. Es mediante un aparato de propaganda abrumadora, que se afana en una realidad deforme en la que personas desarmadas son violentas y quién les ataca con escudos, porras y bocachas de balas de goma son defensores del orden público, el que establece marcos de discusión favorables para que el régimen pueda conservar su apariencia democrática. En este aparato de propaganda participan tanto la prensa como las instituciones del régimen regeneradas a partir de la llamada transición: partidos políticos, sindicatos, policía y judicatura.
Ceuta
En el ataque con balas de goma en Ceuta, la propaganda del régimen se ha puesto en funcionamiento para trasladar un problema policial a un marco de discusión político. No es que los flujos de personas no tengan motivos políticos -aunque provocados conscientemente por el sistema capitalista y su necesidad de disponer de masas de excluidos sociales, y no por una falsa disputa entre las instituciones del estado español y la unión europea, ni por un macabro «efecto llamada» a las puertas de la muerte-, es que ahora es noticia la policía del estado: la guardia civil ha participado en la muerte de 15 personas. Pero ese marco de discusión en la que su policía es sospechosa de asesinar por motivos económicos -todas las personas muertas eran pobres- es el que el régimen evita para seguir manteniendo la apariencia de democracia. Para ello, el congreso pide la comparecencia no de representantes policiales, sino de una figura política: el ministro del interior, Jorge Fernández Díaz. Lo mismo que hiciera en 2006 tras la muerte de otras tres personas también en la frontera y también disparadas por policía, cuando solicitó la comparecencia del entonces ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
A esta construcción se suman los medios de comunicación, que lejos de investigar los sucesos, buscar los culpables, visitar el lugar exacto, analizar las trayectorias de las balas para esclarecer los hechos, refuerzan el relato del problema político hablando de presión migratoria, avalanchas, saltos de vallas y fondos europeos. El comportamiento más abyecto lo vimos en el programa Salvados que, en una edición dedicada a los flujos de personas, propició incluso que los propios verdugos bajo sospecha dijesen: «Esto no es un problema de la guardia civil, es un problema político». La noticia era, no lo olvidemos, que esos mismos policías estaban involucrados en la muerte de 15 personas.
Las Marchas de la Dignidad
Sin embargo, en el caso de Las Marchas de la Dignidad, la estrategia del régimen ha sido la contraria: obviar la propuesta política de las Marchas -no al pago de la deuda, ni un recorte más, fuera gobiernos de la Troika, trabajo digno o renta básica para todos y todas- para tratarlo como un problema policial y de orden público. El mismo día 22 se organizó un dispositivo de intervención que no buscaba la seguridad, sino el control del espacio para poder establecer un relato en el que la sociedad civil que se encontraba en la plaza de Colón aquel día estaba compuesta por potenciales criminales que la policía debía mantener bajo control. Ir a una manifestación, hacer política, en esta democracia fascista te convierte en sospechoso. Y para la perfecta construcción de ese relato, no dudaron en lanzar un ejército de policía contra población desarmada, justo a la hora en que empezaban los telediarios.
Pasado un mes, para hablar de las Marchas de la Dignidad el congreso ha preferido un cargo policial a un cargo político. El 23 de abril compareció a petición propia Ignacio Cosidó, director general de la policía del reino de españa. El poder legislativo participa entonces en establecer este marco policial y de problema de orden público para evitar así cualquier discusión política. Algunos grupos parlamentarios y medios de comunicación afines han llegado incluso a solicitar «condenar la violencia», en una jugada que impide cualquier discusión sobre qué es violencia y qué la provoca. Es cierto que la composición del parlamento actualmente tiene una correlación de fuerzas favorable a la derecha -como ha sucedido siempre desde el inicio de esta democracia en 1978-, pero pocos partidos de izquierda han denunciado esta utilización del parlamento y han insistido en que se trata de un problema político. O, sin llegar a tanto, han introducido al menos en el marco policial a las víctimas civiles.
La comparecencia y el comportamiento del parlamento burgués responden a la misma lógica que el Incendio del Reichstag -aunque está claro que sin ser tan determinantes-: hacer partícipe al congreso, para conservar la apariencia democrática, de una estrategia que pretende limitar los derechos civiles. De la comparecencia sale reforzada la propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana -una especie de Ley Habilitante- y los cuerpos represivos, respaldados por el parlamento con mejoras en el armamento que emplean contra la población civil. Este respaldo ya lo había explicitado antes el sucesor de Franco, Juan Carlos de Borbón, por boca del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El poder judicial ha sido también un participante muy activo en establecer el marco policial y evitar el político. El juez de guardia el 22 de marzo, Francisco Javier Tejeiro, ordenó el ingreso en prisión sin fianza de Miguel, detenido durante las Marchas de la Dignidad. Días más tarde, en la redada en la que la policía detuvo en sus casas y sus trabajos a otras 11 personas que habían estado en las Marchas de la Dignidad, se encarceló sin fianza a Isma. Son dos personas que hoy continúan en prisión por ejercer el derecho de manifestación, un derecho fundamental incluso en las democracias capitalistas. Que continúen en la cárcel supone, además de su propio sufrimiento y el de sus familias y compañeros y compañeras, apuntalar el relato de que quién disiente en esta democracia fascista es un vándalo al que encarcelar, una persona que no hace política, sino que provoca disturbios y entonces la única respuesta posible es policial.
Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas
Los casos de Miguel e Isma contrastan con los del policía Antonio González Pacheco y el guardia civil Jesús Muñecas. Ambos son torturadores fascistas reclamados por la justicia Argentina, que además de permanecer libres cuentan con la defensa del fiscal de la audiencia nacional, Pedro Martínez Torrijos, quién se opone a su extradición. Incluso la juez de la audiencia nacional, Concepción Espejel, ha protegido la imagen de González Pacheco, impidiendo a la prensa tomar fotografías del acusado. La prensa, que en el caso del accidente de Santiago rebuscó en internet hasta dar con la fotografía del conductor del tren, en este caso raramente saca imágenes, ni siquiera de archivo, e incluso usa el apodo «Billy el niño», no sea que los vecinos de González Pacheco lo reconozcan como el torturador que es. Tampoco el congreso, más preocupado estos días por renovar la imagen del secretario del movimiento de la falange Adolfo Suarez se muestra muy preocupado en perseguir y juzgar el viejo fascismo.
Estos tres sucesos y las respuestas de las instituciones del régimen, evidencian que el proceso de sumar a la violencia social la violencia directa ejercida por cuerpos represivos -entrenados para mutilar, torturar y matar si es preciso por motivos económicos y políticos- esta ya muy avanzado. Y vistos en perspectiva, de forma conjunta, revelan una estrategia que no se improvisa. A veces puede parecer que el régimen está debilitado y que sus decisiones responden a asegurar su supervivencia y reproducción en una situación límite, pero es muy consciente del rumbo de control social mediante el miedo, la violencia y la propaganda que sigue. Y de que necesita construir un relato que le permita continuar mostrándose bajo la apariencia de una democracia clásica.
Es aquí, además de en las acciones directas, dónde se debe dar la lucha antifascista. Desenmascarar la construcción de ese relato de la democracia fascista y generar un relato real y fidedigno de los hechos, comprensible y asumible por la mayoría de la población es tarea principal del movimiento popular.
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