La Audiencia Provincial de Madrid condenó anteayer a tres policías a penas que oscilan entre 3 y 5 años de cárcel por detención ilegal, coacciones y falsedad en documento público. Las «víctimas» que sufrieron estos delitos eran unos simpatizantes del Partido Popular y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, acusados de agredir al, entonces, […]
La Audiencia Provincial de Madrid condenó anteayer a tres policías a penas que oscilan entre 3 y 5 años de cárcel por detención ilegal, coacciones y falsedad en documento público. Las «víctimas» que sufrieron estos delitos eran unos simpatizantes del Partido Popular y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, acusados de agredir al, entonces, Ministro de Defensa José Bono. Ningún medio ha publicado sus nombres ni sus rostros, algo que es habitual en los juicios que son a puerta abierta.
Tras el juicio se ha desatado un sorprendente cruce de declaraciones entre el PP y el PSOE. Ángel Acebes, ex-Ministro del Interior del PP ha manifestado que los hechos son gravísimos y que se trata de «las primeras detenciones ilegales y políticas producidas en nuestra democracia» asegurando que es la primera vez en la historia democrática que se ha detenido a personas por sus ideas. Por su parte, Diego López Garrido (PSOE), acusó en el Congreso al PP de ‘decir las mismas cosas que le hemos escuchado a Batasuna’ porque, en su opinión, el PP pone en tela de juicio el Estado de Derecho.
Los sindicatos policiales reaccionaron ayer con preocupación ante las consecuencias de esta sentencia para su labor diaria, algo que ha sido ratificado desde medios pro-gubernamentales. Entienden que la sentencia puede tener un efecto «desmotivador» sobre las Fuerzas de Orden Público (FOP), descendiendo las detenciones por el aumento de celo legal en sus actuaciones, pues lo que hicieron los tres policías condenados «es una practica habitual en el funcionamiento de la Policía».
Esta misma Sala de la Audiencia Provincial de Madrid, absolvió en el año 2004 a unos policías que detuvieron ilegalmente a un sindicalista de UGT al que los policías lo agarraron por la nuca, lo lanzaron contra el suelo, lo esposaron y posteriormente puesto en libertad sin cargos. El propio tribunal reconoció que tuvo lesiones pero que no había intención por parte de la policía en causarlas y que era una actuación «ordinaria». Sin embargo, los militantes del PP nunca fueron esposados, ni maltratados, llegado a declarar que con ellos la Policía «se portaron estupendamente».
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística en el 2003 (año más reciente del que están disponibles los datos) sólo se condenó a tres policías por delitos contra la libertad. Con la sentencia del «caso Bono» se ha igualado el registro de un año de todos los juzgados del Estado.
El mensaje, nada subliminal, de la sentencia a las FOP es diáfano, existen las clases sociales y las personas tienen que ser tratadas conforme a la clase que pertenezcan.
