Sobre el final del año, con el super ciclo electoral que se abre en febrero, el PSOE y UP tensan la cuerda sobre qué proyectos prometidos en el acuerdo de investidura se aprueban y cómo. Vivienda, Mordaza, Trans y Bienestar Animal, ejes del entuerto. La crisis entre Yolanda Díaz y Podemos, de poca ayuda.
No habrá sosiego político antes de fin de año. Moncloa ha apretado el acelerador en lo que hace a la producción legislativa debido al peculiar 2023 que viene, con dos grandes matches electorales y una campaña que requerirá más atención y cautela estratégica. Pero el camino no es fácil porque los socios de la coalición tienen divergencias en los contenidos y además, objetivos distintos.
A la legislatura le quedan 11 meses de vida, pero también hay que recordar que el Congreso no trabaja en enero, julio y agosto, al ser meses inhábiles. También están aquellas semanas en que tampoco hay plenos, como la de Semana Santa. A ello se suma que en mayo habrá municipales y autonómicas (estas últimas solo en 12 comunidades, Madrid y Comunitat Valenciana las principales), algo que influirá en el ritmo de trabajo en las Cortes Generales. Y luego, las elecciones para elegir al sucesor de Sánchez, que si él mismo no decide adelantarlas, serán en noviembre.
Según ha adelantado el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Patxi López, el Ejecutivo quiere llevar al pleno del 15 de diciembre el decreto sobre las hipotecas, junto a la ley del aborto. La ley de Bienestar Animal podría estar lista entre el 15 y el 22 de diciembre y la ley Trans, al pleno la semana del 22. Todo según la opinión optimista del dirigente vasco y con la mira puesta en que lleguen al Senado para fines del invierno.
Sin tregua ni acuerdo
No son días fáciles para ser el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Ese alto cargo lo tiene Rafael Simancas, que llegó allí a partir de su relación política de confianza con la exportavoz Adriana Lastra. Simancas y Patxi López están en el ojo del huracán legislativo hasta fines de mes, intentando maniobrar entre los partidos aliados a Moncloa y los propios de la coalición de gobierno.
Para poner blanco sobre negro: los cuatro principales escollos legislativos son la ley de Vivienda, la de Mordaza, la de derechos Trans y la de Bienestar Animal. Allí saltan las chispas entre socialistas y morados. Como si hiciera falta vértigo, estos días empezó sin falta de polémica los cambios en el delito de malversación, una reforma en la que el tango Sánchez no lo baila con UP, sino con Esquerra Republicana.
La ley de Vivienda viene discutiéndose hace meses y fuentes de los partidos de la coalición admiten que está por ahora bloqueada, sobre todo en lo que hace poner límites a los grandes propietarios. Unidas Podemos ha buscado añadir más medidas a la reforma y el PSOE se queja de que ya estaba pactada en el Consejo de Ministros y que ahora se buscan más cambios. Esta queja es una incoherencia porque tanto en la ley Trans como en la relativa a los animales, los socialistas introdujeron enmiendas luego que fueran aprobadas por los ministros.
En este proyecto en particular, los morados forman un bloque con ERC y EH Bildu, muy involucrados en esto, según las fuentes parlamentarias. Desean, sobre todo los vascos, poner límites a los precios del alquiler no sólo a los grandes tenedores sino también a los pequeños tenedores cuando son zonas tensionadas, por la situación particular al respecto en Euskadi.
Sobre la regulación de las viviendas y los alquileres se ha manifestado con énfasis, algo poco usual últimamente en ella, la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien públicamente ha pedido que se destrabe su aprobación y ha apoyado la enmienda para exigir que quienes tengan cinco casas en propiedad también sean considerados grandes tenedores, no sólo los que cuenten con 10, como dice el texto original. La ministra de Trabajo consideró “urgente” este asunto y fue aupada inmediatamente por la PAH y por el portavoz Jaume Asens, líder de los Comuns en las Cortes. Además, días pasados recibió a representantes del Sindicato de Inquilinos y del Sindicat de Llogateres catalán (funcionan como aliados pero son entidades separadas).
De todas formas, no hay ninguna esperanza que la ley de Vivienda salga adelante antes de fin de año y sería un milagro que se apruebe cerca de las elecciones, por la irritación que generaría en los medios de derecha y en sectores moderados. En la antesala electoral el PSOE suele moverse al centro para no perder diputados de las circunscripciones pequeñas (y más conservadoras).
La ley Trans, de las más comentadas este semestre, tampoco tiene buen pronóstico aunque la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha jurado no descansar hasta que se apruebe. Ya su promesa al colectivo LGBTI de que sería aprobada en el Senado antes de fin de año no se podrá cumplir. Las enmiendas introducidas por el PSOE sobre la autodeterminación de género en menores de entre 14 y 16 años van en contra de lo acordado en un comienzo.
Todos los ojos están puestos en el pleno de la Comisión de Igualdad de este lunes, presidido por la exvicepresidenta Carmen Calvo, una crítica vehemente del proyecto de Montero y que, aunque no lo diga públicamente ahora, sus enmiendas hubieran ido mucho más allá que las del PSOE. Si UP y los soberanistas no ceden, es difícil de pronosticar lo que pueda suceder con el proyecto. El PP de Feijóo podría aprovechar la oportunidad y permitir que se apruebe solo para meter una cuña a la coalición (al no ser ley orgánica, no requiere de ser aprobada en hemiciclo). Apuestas abiertas.
La ley de Bienestar Animal venía encaminada correctamente hasta que el PSOE exige quitar a los perros de caza de la legislación. Le añade sensibilidad al asunto que quien lidera esta iniciativa legislativa es el ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, secretaria general de Podemos. Su contraataque, debe decirse, fue certero: en redes sociales inmediatamente dijo que su propuesta es la misma que aprobó a nivel autonómico el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, emblema del sector más conservador de los socialistas.
Podemos, tras el buen resultado del animalista PACMA en las generales de 2019 (obtuvo 330.000 votos a nivel estatal) incorporó con mayor énfasis el asunto a sus promesas electorales. La aprobación de la iniciativa ahora dependerá de quién decide ceder.
En cuanto a la ley Mordaza, una explícita promesa de campaña incluida en el acuerdo de investidura, tampoco hay esperanzas para 2022. Se sigue negociando y aquí también el PSOE se enfrenta no solo con UP sino con los soberanistas (incluyendo al PNV, que insiste hace años con el tema). Desde el Congreso aseguran que podría haber resultados antes de primavera. Aquí se afectan a poderes fácticos de peso (Policía Nacional y Guardia Civil, apoyados por el ministro Marlaska en forma implícita) y al ser ley orgánica deberá pasar por el hemiciclo.
Las reformas al delito de sedición, y ahora sumando los cambios en malversación, tienen un derrotero que parece más simple, reúnen más consensos y y ahora solo resta ajustar detalles entre las enmiendas de ERC y cuánto coste político quiere soportar Sánchez. Tras lo que ha ocurrido con la ley del Sí es Sí, nadie quiere portadas de los diarios con la rebaja de penas a políticos sentenciados por corrupción.
La ley de Familias de Belarra (que busca ampliar permisos parentales, entre otras cuestiones) dicen fuentes parlamentarias que ni llegará al Consejo de Ministros este año. Con el debate generado con las leyes del Ministerio de Igualdad, parece que Moncloa ha querido frenar el bucle. La portada del ABC acusando al Gobierno de querer “imponer modelos de familias” ayudó a meter el proyecto en un cajón.
Duelo de estrategias
En el trasfondo de todo esto hay una batalla de tácticas entre el PSOE y Podemos. Ferraz no quiere que los morados saquen pecho de algunas leyes progresistas. Un ejemplo es la ley de Vivienda: desde siempre los socialistas se muestran más reticentes y su aprobación sería un claro triunfo simbólico de su socio minoritario.
Las autonómicas y municipales influyen cada vez más. En febrero, al retomar la actividad parlamentaria, faltarán tres meses. Y si bien para los consistorios se suelen votar más personas que cosmovisiones ideológicas, en las autonómicas no es tan así, y se mide más la relación con el gobierno del Estado. Otra particularidad: no se elige lehendakari en el País Vasco ni president de la Generalitat catalana, por tanto el PNV, EH Bildu y ERC tendrán menos tensión política con su electorado.
El PSOE no podrá ceder mucho porque en muchas regiones del Estado no querrá quedar retratado por los medios y la oposición como un Ejecutivo central arrodillado ante los soberanistas. En tanto para Podemos cuanto más diferenciación logre del PSOE, será mejor. Ya no necesitan mostrar que son fiables y leales a la hora de gobernar, sino que son el motor de la transformación progresista.
Hay otra batalla que tampoco ayuda a la hora de las negociaciones que es la de Yolanda Díaz con la cúpula de Podemos, especialmente la central. Si bien en la gestión las cosas avanzan, la toxicidad en el vínculo es imposible que no deje su estela.
Un ejemplo es lo que ocurrió el otro día en el Día de la Constitución. Testigos del evento recuerdan cómo la vicepresidenta Díaz estaba quejándose ante periodistas de las “presiones e insultos” por parte de dirigentes morados y Pablo Iglesias mientras que, a tan solo dos metros, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, criticaba a la ministra de Trabajo por ser indiferente al partido que la llevó a donde está, entre otras cuestiones. Momentos y necesidades distintas.
“Si en general es el tiempo un factor importante de la política, se centuplica su importancia en época de guerra y de revolución”, dijo una vez León Trotski. Le podemos añadir que también en la previa de elecciones.