¿Hasta cuándo va a seguir incumpliendo la Consejería de Cultura las obligaciones que la ley le dicta? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se nos siga tratando como una colonia?
La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobada en 1991, indica, en su artículo 2.2., que la Consejería de Cultura «realizará las gestiones oportunas conducentes al retorno a la Comunidad Autónoma de aquellos bienes con claro significado andaluz que se encuentren fuera de Andalucía». Insiste en ello en otro artículo, el 4.2.: dicha Consejería «velará por la reintegración al Patrimonio Histórico Andaluz de los bienes de relevancia cultural que se encuentran en otras Comunidades Autónomas del Estado».
Estos mandatos nunca se han cumplido. Ni en los largos años del régimen psoísta, ni ahora por el llamado «Gobierno del cambio». El Patrimonio Cultural y su defensa, protección y valorización nunca ha sido una prioridad, a pesar de ser un referente fundamental de nuestra identidad como pueblo y a pesar de la retórica que, a veces, los jerarcas políticos, de uno u otro color, utilizan con meros objetivos electorales. Nuestra cultura -o sea, nuestros valores sociales modelados en un proceso histórico singular y las expresiones culturales surgidas en ese proceso- nunca ha sido una prioridad y por ello apenas aparece en el ámbito educativo, en los medios de comunicación públicos y en otros campos donde debería estar muy presente. O, alternativamente, se la presenta folclorizada (en el peor sentido del término) o mercantilizada. Ante ello, a nadie sorprende que la Consejería de Cultura haya sido siempre el patito feo, y pobre, de la administración de la Junta. ¿Qué ha hecho esta, en los ya treinta años de vigencia de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, para revertir en lo posible el expolio de muy importantes componentes del mismo? Un expolio que refleja perfectamente la situación colonial de nuestro territorio y de nuestro pueblo.
En El Escorial continúan miles de manuscritos, en árabe y en hebreo, que, por su contenido no religioso, fueron «indultados» de la quema pública de las bibliotecas de las madrasas granadinas ordenada por el cardenal Cisneros en 1501, violando las capitulaciones pactadas diez años antes. Nada se ha hecho para conseguir su vuelta a Granada, a pesar de las mociones aprobadas por el Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación provincial en 2002 y de la interpelación, en ese mismo año, a la entonces consejera, hoy vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Tampoco se ha obtenido la devolución de la Dama de Baza, descubierta durante sus excavaciones por el profesor Presedo, en 1971, que fue trasladada a Madrid para su restauración y allí se quedó. Permanece hoy -al igual que la Dama de Galera, el toro de Osuna y otros varios iconos de nuestra Historia- en ese gran contenedor de materiales, exponente del nacionalismo de estado, que es el Museo Arqueólogico Nacional. En este caso, a pesar incluso de la moción aprobada en el Senado, el pasado octubre (aún sin los votos del PSOE y Vox), instando a su traslado al lugar de procedencia. Y es que ese Museo, como otros de la capital del Reino, equivale para los pueblos de España a lo que el British Museum para muchos pueblos del mundo: el resultado de un expolio colonialista que se intenta maquillar con el discurso de la «obra civilizatoria» y el «salvamento» de piezas de incalculable valor. ¿Para quiénes?
¿Y qué decir de los Murillo robados a varias iglesias de Sevilla, junto a otras decenas de pinturas y obras de arte, por el mariscal Soult durante la ocupación napoleónica? Para contemplarlos, hay que visitar diversas ciudades del mundo, pero varios de ellos regresaron a Madrid, devueltos en distintos momentos a los gobiernos españoles (incluida la devolución a Franco por el Gobierno pronazi de Vichy, en 1941, de varias obras importantes). Fueron varios los Murillo que regresaron, pero ninguno llegó a Sevilla: siguen retenidos en Madrid: en el Prado, la Academia de San Fernando y otros lugares. Un verdadero secuestro que humilla a Andalucía.
Y tampoco se transfieren al Ayuntamiento de Sevilla las casas del Patio de Banderas y otras adosadas al Alcázar, que quedaron fuera de la cesión por el Estado a comienzos de la II República. Antes al contrario, ahora quieren llevarse el cuadro de la Virgen de los Mareantes, que fue pintado por Alejo Fernández exprofeso para la Casa de la Contratación.
¿Hasta cuándo va a seguir incumpliendo la Consejería de Cultura las obligaciones que la ley le dicta? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando que se nos siga tratando como una colonia?
Isidoro Moreno. Catedrático emérito de Antropología.