La crisis del coronavirus no entiende de territorios pero sí de clases sociales y son las clases populares y trabajadoras quienes más están sufriendo y sufrirán las consecuencias de la pandemia.
El choque del coronavirus está agravando las desigualdades sociales, económicas, de género y educativas. En este sentido, en el Estado español hay miles de trabajadores y trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo o, directamente, despedidos que son víctimas de una crisis sobrevenida pero, también, de un sistema económico depredador de la biodiversidad que prioriza la ganancia privada al bien común.
Del plan de choque de 200.000 millones de euros una gran parte son créditos con el aval del Estado que están gestionando la banca. Así pues, si contraponemos los restantes 17.000 millones en ayudas públicas frente a los más de 60.000 millones del rescate bancario de la última crisis económica, tenemos una gran diferencia. Al respecto, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca argumentan que las medidas del Gobierno son muy limitadas y que las familias se tendrán que endeudar más en lo que supondrá un nuevo rescate encubierto a la banca y a los grandes propietarios. Para la PAH el gobierno central va camino de repetir la historia de la crisis financiera abandonando a las familias, las cuales no son responsables de esta situación. En la misma línea la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña estima que la crisis del coronavirus ha empeorado la vulnerabilidad económica de las personas y colectivos más frágiles, precarios y humildes. Una situación que se suma al 20% de pobreza crónica –estructural e intermitente–, a una grave situación de emergencia habitacional y a un empleo con condiciones precarios y sueldos bajos que todavía se arrastran de la crisis anterior. Así mismo, el confinamiento aumenta también desigualdades preexistentes como en el caso de las curas que –desgraciadamente– continúan recayendo en las mujeres, en aspectos como las infraviviendas donde tienen que malvivir encerradas familias enteras o en la cuestión de la educación donde muchos niños no tienen garantizado el derecho a la educación por la brecha digital pero, también, por las dificultades en que se encuentran muchas familias. En este sentido, Cáritas advierte que las familias vulnerables acumulan tal cantidad de problemas y necesidades que serán las primeras a sufrir las consecuencias de la nueva crisis económica.
Una situación que pone encima de la mesa que si antes se rescató a la banca ahora es urgente recuperar los servicios públicos –empezando por un sistema sanitario que garantice una atención universal de calidad a la altura del momento–; imprescindible proteger a las personas –a través de un plan de choque social–; y, fundamental dar un apoyo decidido al tejido económico apostando por un modelo de desarrollo que priorice las dimensiones sociales, ambientales y humanas de la economía.
Jesús Gellida, politólogo e investigador social