Desde una revisión de la geoeconomía y la geopolítica del agua, el presente texto busca dar cuenta de la tendencia del líquido a transformarse crecientemente en un recurso estratégico de múltiples usos y, con ello, de múltiples modalidades de extracción de plusvalor. Para dicho propósito, se presenta una revisión de la vinculación entre el emplazamiento […]
Desde una revisión de la geoeconomía y la geopolítica del agua, el presente texto busca dar cuenta de la tendencia del líquido a transformarse crecientemente en un recurso estratégico de múltiples usos y, con ello, de múltiples modalidades de extracción de plusvalor.
Para dicho propósito, se presenta una revisión de la vinculación entre el emplazamiento de lo que se conoce como «corredores de desarrollo» y el papel que jugaría el agua para satisfacer las diversas necesidades de esos corredores, que van desde el consumo humano directo, el agrícola e industrial, como generadora de electricidad, como medio de transporte, etcétera. El caso a revisar es el sudamericano, una región que concentra más de la quinta parte de las reservas de agua dulce del orbe y que apunta a integrar, sin considerar seria y detenidamente los impactos ecológicos y sociales, una serie de esquemas de «corredores hídricos» como contraparte a los corredores de desarrollo propuestos oficialmente desde el proyecto de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA).
La idea de corredor de infraestructura es bastante vieja. No obstante, en términos «modernos», tal vez el caso más apegado a tal concepción es el proyecto estadounidense del ferrocarril transcontinental del siglo XIX, que tuvo como fin la expansión hacia el Pacífico al ir ocupando nuevas tierras. El «paquete» incluía un «programa de desarrollo», ya que, conforme avanzaba el ferrocarril y -posteriormente- cuando se llevó agua a las tierras áridas del oeste o al Gran Desierto Americano , iban emplazándose ciudades, centros industriales, agrícolas, culturales, etcétera, todo a modo de un gran «corredor de desarrollo» en el que los costos sociales y ecológicos de la expansión territorial estadounidense fueron apabullantes. La masacre de millones de indígenas, el robo y saqueo de sus tierras y, poco tiempo después, la inundación de tierras para la construcción de represas -entre otras «imágenes»- han sido una constante en la historia de la potencia norteña .
Ahora bien, los «corredores de desarrollo», en adelante denotados como corredores, tienen claro fundamento en el emplazamiento de un conjunto de infraestructuras que los hacen posibles, con las que toman cuerpo y forma en el espacio geográfico. Me refiero a los corredores de infraestructura.
La diferenciación es importante para dar cuenta de que sin la existencia de un corredor de infraestructura no se puede hablar de un corredor, no obstante, cuando se habla de un corredor, al mismo tiempo está haciéndose alusión a la infraestructura que lo hace posible.
Los corredores (y sus respectivos corredores de infraestructura) en los últimos siglos han demostrado ser la figura más eficiente -en términos capitalistas- para la ocupación territorial (reordenamiento territorial), el transporte y comercio de mercancías por tierra y agua, el desarrollo de la industria y la agricultura de gran escala, el estímulo de zonas de turismo de inspiración de multinacional, etcétera. Es por ello que los corredores deben verse como rutas de desarrollo estratégicas de varios kilómetros de ancho en los que se emplazan zonas de producción intensiva, de extracción de recursos naturales, de medios de comunicación, de emplazamientos urbanos, entre otros factores.
Grosso modo, la composición nodal de un corredor consiste en: 1) Medios de Transporte para mover las materias primas y mercancías (puertos marítimos -por ejemplo del lado del Atlántico y del Pacífico- y otros medios que varían según lo permita la composición territorial: canales de agua, ferrocarriles de alta velocidad, carreteras, etcétera); 2) Energía para hacer funcionales los corredores y, sobre todo, para mover los sistemas de producción: petróleo, gas y electricidad (plantas nucleares, termoeléctricas/geotérmicas, hidroeléctricas, tendido e interconexión eléctrica, gasoductos/oleoductos, etcétera); 3) Agua para actividades productivas (presas, trasvases, acueductos, sistemas de bombeo, distribución y tratamiento, etcétera, incluida la generación de hidroelectricidad) ; y 4) Telecomunicaciones que integren la región en tiempo real, tanto hacia adentro del corredor, como con otros corredores y, en general, con el exterior (fibra óptica y emplazamiento de centros de comunicación con tecnología de punta).
Esta esquematización es ampliamente conocida y su implantación en el hemisferio americano es un asunto de actualidad, en Mesoamérica con el Plan Puebla Panamá y, en Sudamérica con el IIRSA (véase más adelante).
Vale aclarar que en general los diseños sólo son trazos generales y las especificaciones se manejan a nivel regional, nacional y local. Éstos siempre son sujetos de modificaciones, no sólo técnicas, sino también de aquellas que responden a su refuncionalización en búsqueda de las mejores opciones que vayan surgiendo para estimular la acumulación de capital a favor de los principales grupos de poder económico de tal o cual región. Además, su grado de incertidumbre es considerable tanto por su factibilidad financiera y limitaciones tecnológicas y técnicas no esperadas (características biogeofísicas de los territorios, entre otros factores), como por las condiciones políticas y sociales (en nuestro caso de estudio tanto aquellas dentro de Estados Unidos como las presentes en el espacio territorial latinoamericano).
En su caso, la implantación es progresiva y no siempre se presenta como un «paquete», sino como una serie de proyectos aislados de diversas dimensiones. En otras ocasiones, pueden identificarse proyectos que no estaban considerados previamente, pero que han sido consecuencia de nuevas necesidades particulares de las cúpulas de poder y de la competencia intercapitalista y otras son resultado de la contradicción de intereses capitalistas locales, nacionales, regionales o mundiales, ambas de un momento histórico dado. Por tanto, no siempre todos los proyectos de infraestructura forman parte de un esquema mayor, dígase corredores, aunque bien pueden ser integrados y adaptados posteriormente a ésos.
Escenarios de corredores de desarrollo y sus corredores hídricos en Latinoamérica
En América, tres son las regiones de escenarios y megaproyectos hídricos que pueden identificarse y que responden al emplazamiento de corredores (ver Mapa 1). Al norte del río Bravo, sobresalen los corredores del este de EU -totalmente vinculados al Mississippi- y los de algunas regiones del oeste de ese país (particularmente California). Para satisfacer las demandas de agua de los susodichos corredores, además de las de otros ubicados al sur de Canadá y al norte de México, se ha diseñado desde mediados del siglo XX el North American Water and Power Plan (NAWAPA) . Su potencial retorno ante una aguda crisis de agua en EU no es algo descartable . En México y Centro América, viene impulsándose insistentemente el desarrollo de múltiples corredores (siete en México, según el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000 ). Su última versión es el llamado Plan Puebla Panamá (PPP), que tiene como su contraparte hídrica lo que he calificado en otra ocasión como Escenario Aquarium y que tiene como corazón el sistema hidroeléctrico de la cuenca del Usumacinta (México-Guatemala) .
Por último, el contexto sudamericano es modelado por los siete corredores terrestres y dos de hidrovías que conforman el sistema de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA). Los movimientos de agua allí, en especial, se centran en los afluentes de los ríos Plata/Paraná/Paraguay-Guaporé (donde se ubica un corredor de hidrovías que va de sur a norte); el Amazonas/Putumayo; y el río Negro-Orinoco (los dos últimos conforman un corredor de este a oeste conectando Macapa y Belem, en el Atlántico, con Saramerisa/Yurimaguas, en Perú, y con Puerto El Carmen, en Ecuador, todos con conexiones terrestres al Pacífico). Además, el foco de atención es el potencial que tiene el acuífero Guaraní, la reserva de agua fresca subterránea más grande del mundo y que se perfila como pivote hídrico de la región productiva «fuerte» del Mercosur.
Veamos, pues, el caso particular de Sudamérica, sus planes de megaproyectos hídricos y su «empalme» con los corredores diseñados para esa región.
Las reservas estratégicas de agua sudamericanas y el IIRSA
En América del Sur, la riqueza natural es alucinante. Es la primera reserva biótica terrestre del planeta y la segunda marina; almacena cerca del 25 por ciento del agua fresca mundial, además de contar con cuantiosos depósitos de petróleo en Venezuela (cerca del 70 por ciento de las reservas hemisféricas ), de gas en Perú y Bolivia o de distintos minerales en toda la región, entre otros ejemplos.
Como se ha apuntado, los ejes hídricos más importantes son los afluentes de los ríos Plata/Paraná/Paraguay-Guaporé, el Amazonas/Putumayo, y el río Negro-Orinoco. Asimismo, entre otras reservas de agua superficial de importancia considerable que es pertinente mencionar, están las que se localizan en la Patagonia, entre río Mayo y río Gallegos. A ésas se suman los inmensos depósitos subterráneos del líquido que conforman lo que se conoce como Acuífero Guaraní, por mencionar el más importante de la región y que se reconoce como el acuífero más grande del mundo con una extensión de alrededor de 1 millón 190 mil km2 (superficie mayor que la de España, Francia y Portugal juntas). El reservorio de agua abarca una superficie, en Brasil, de aproximadamente 850 mil km2 (9.9 por ciento del territorio); en Argentina, 225 mil km2 (7.8 por ciento); en Paraguay, 70 mil km2 (17.2 por ciento); y en Uruguay, 45 mil km2 (25.5 por ciento).
Como puede imaginarse, su importancia es vital para la serie de corredores de desarrollo que allí se busca consolidar (Mapa 2). No es casual que el centro de producción más fuerte de Sudamérica, según los diseños del IIRSA, sea justamente la zona donde se extiende el acuífero, un punto geográfico que por el oeste tiene salida directa por el Atlántico y por el Este se comunica con lo que se pretende que sea la hidrovía Paraná-Paraguay (medio de transporte regulado por varias represas que ya comienzan a ser financiadas por el BM y el BID -e. g., Corpus, Yacyretá – y que, «aunque» dañarían el ecosistema del Pantanal, su realización podría dar salida a la producción no sólo industrial, sino a la agrícola -particularmente de la soja convencional y genéticamente modificada, que es producida allí por multinacionales como Cargill- en un área que se extiende desde Cáceres, en Argentina, al Mato Grosso, en Brasil, y hasta Nueva Palmira, en Uruguay) .
En este escenario de ordenamiento territorial, el acuífero se perfila como estratégico; de ahí que el BM y los gobiernos de los países que integran el Mercosur lanzaran el proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Sistema Acuífero Guaraní.
Lo llamativo, aunque no sorprendente, es que se trate de un programa diseñado por los «expertos» del BM en conjunto con sus «contraparte locales» que trabajan subordinadamente según los típicos lineamientos del BM contenidos en sus manuales operativos . A esto se suma el «detalle» de que es financiado por ese organismo «internacional», por los gobiernos de Holanda (Bank Netherlands Water Partnership Program) y Alemania (German Geological Survey), por la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Organización de Estados Americanos (con sede en Washington).
Según el News Release, No. 2003/371-LAC del BM, «los 27.24 mdd del Proyecto del Sistema Acuífero Guaraní, que incluyen una donación del Fondo Mundial para la Naturaleza (Gef, por sus siglas en inglés) de 13.4 mdd, servirán… para elaborar e implantar, en forma conjunta, un marco institucional y técnico para el manejo y la preservación del acuífero», reserva de agua que puntualmente es reconocida por el Banco en ese mismo documento como «un recurso estratégico de agua potable en el Cono Sur» .
Entre los 7 componentes del proyecto, descritos en el documento base del BM , cabe destacar: i) la expansión y consolidación del conocimiento científico acerca del acuífero con base en el «desarrollo e integración» del Sistema de Información del Sistema Acuífero Guaraní (SISAG); (ii) el desarrollo e implantación conjunta de un marco regulatorio de manejo del acuífero, así como la (vi) consideración del potencial geotérmico para la generación de energía eléctrica.
Ahora bien, vale aclarar lo que el BM suele entender por «marco regulatorio de manejo» o proceso de «fortalecimiento institucional» en sus proyectos relacionados con recursos naturales (háblese, por ejemplo de biodiversidad o agua). Generalmente, se refiere a todas aquellas medidas que han de tomarse para homogeneizar los lineamientos legales y operativos de acceso a tales o cuales recursos (claro está, bajo el argumento de que es un prerrequisito necesario para su «conservación», su «uso sustentable», etcétera) . En tal sentido, de los 4 años que de entrada componen el proyecto del Acuífero Guaraní, los 3 primeros se enfocan a esa finalidad o, como el BM señala, a la «primera fase» que, una vez consolidada, el siguiente paso (o fase) sería colocar a determinados actores en la gestión y usufructo del líquido.
Ése es el típico modus operandi del banco que, en este tipo de proyectos, devela su interés, primero, por reconfigurar el manejo de cuencas y, segundo, por la transferencia de los servicios hídricos hacia el sector privado , es decir, por un lado, impulsa una concentración del manejo de cuencas hídricas en manos de «selectos actores» (como sus ONG conservacionistas; e. g., Conservation Internacional) y, una vez consolidados, busca, por el otro lado, colocar a las multinacionales de los acreedores en el centro de la gestión y usufructo del agua dulce (es decir, en los negocios de servicios hídricos de almacenaje, distribución, potabilización, generación de termo e hidroelectricidad, etcétera).
Ese proceso del usufructo privado del agua, que se consolida mediante concesiones parciales o totales (pretexto que se usa para decir que entonces no se trata de privatización, queriendo decir de «venta total»), ha venido concentrándose principalmente en manos de multinacionales como Bechtel Co., las francesas Suez/división ONDEO -antes Lyonnaise des Eaux- y Vivendi, o la inglesa Thames Water, entre otras. Es un proceso que sólo ha sido posible a partir de que los gobiernos están abandonando el control de las fuentes nacionales de agua al participar en tratados o arreglos comerciales tipo OMC o TLCAN (el último, para el caso de América del Norte), desde los cuales endosan la «transferencia» de la gestión de los recursos hídricos hacia la iniciativa privada (en este contexto, en el caso del acuífero Guaraní, no es que se venda el acuífero en sí mismo -aunque se puedan privatizar/concesionar pozos, hidroeléctricas o geotérmicas-, sino más bien del negocio que pueda hacerse con el agua extraída de allí).
Los argumentos pro privatizaciones/concesiones son ya bien conocidos y un tanto desgastados. Éstos suscriben la urgente necesidad de mejorar el mal servicio que prestan las entidades paraestatales y la «ausencia de presupuesto público». El objetivo, según informan las multinacionales del agua, sus gobiernos, el FMI, el BM y los bancos de desarrollo regional, es asegurar, mediante la privatización del agua o de acuerdos públicos privados, el acceso a los servicios relacionados a más de 2.4 millardos de personas en el mundo. La «universalización plena del servicio», bajo esa lógica, se sustenta en un sector privado que por naturaleza es más eficiente y competitivo, además de ser capaz de aportar el financiamiento necesario. Esas presuposiciones, como puntualiza Grusky de Public Citizen (EU), «no son ejecutadas en la práctica y lo demuestran, entre otros, los fiascos de… Buenos Aires, Manila, Atlanta, Cochabamba, Inglaterra (ya que)… han resultado en incrementos en los ritmos de consumo de agua, en crisis de salud pública, débiles regulaciones, falta de inversión en infraestructura hídrica, pérdida de empleos y amenazas a sindicatos, contaminación y otras catástrofes ambientales o en acuerdos secretos e inconformidad social» .
Ahora bien, la determinación de la gestión y usufructo del agua contenida en el Acuífero Guaraní queda definida en el documento base del BM antes indicado, cuando se explicita que «el financiamiento de la segunda fase considerará recursos de agencias de cooperación, GEF, BM, el sector privado y/o otros organismos de financiamiento multi o bilateral» , es decir, del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.
De lo que se está hablando, en el fondo, es de moldear las legislaciones nacionales de los países sudamericanos en cuestión, para que faciliten programas de inversión privada sobre un recurso estratégico (entiéndase como el endoso de los gobiernos para transferir la gestión y usufructo del agua, aunque sea nada más a modo de «préstamo» o, en palabras legales, de concesión); un panorama en el que la información de las características cualitativas y cuantitativas del recurso (recabadas por el ya mencionado SISAG) es fundamental para saber las dimensiones y potencialidades de los negocios viables. Por demás llamativo es que esos «datos científicos» estarán a disposición del BM y su IFC, del resto de financiadores y seguramente de los inversores interesados.
Aunque el proyecto del acuífero sobresale por las grandes cantidades de agua fresca allí contenidas, existen otros proyectos del mismo estilo en la región. Vale la pena mencionar aquellos vinculados a la Cuenca del Plata (un eje nodal de los corredores sudamericanos de la zona productiva del Mercosur) que drena un cuarto del continente sudamericano y cubre una superficie de 3 millones 100 km2. En este caso, destaca el programa financiado por la National Science Foundation, NSF (EU), denominado «Desarrollo de una Agenda de Investigación Multidisciplinaria en la Cuenca del Plata». Es parte del proyecto «Ciencia para el Desarrollo Sustentable» del Directorio de Programas Internacionales de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia -(AAAS, por sus siglas en inglés), financiada, entre tantos, por diversos actores vinculados a un importante consumo de agua, como las empresas norteamericanas Rockefeller, Ford, IBM, Kellogg, Kodak o la Coca-Cola; esta última, a la cabeza, junto con Nestlé (Suiza) y Danone (Francia), del negocio mundial del agua embotellada .
En sí, el proyecto, al igual que en el caso del Acuífero Guaraní y su SISAG, busca consolidar un Sistema de Información Geográfica (SIG) más preciso de la región, con el objeto de «fortalecer» y enlazar «iniciativas ya existentes del BM, BID…», etcétera .
La consolidación del control sobre esas reservas hídricas particularmente se basa en la perspectiva de su «conservación» y «uso sustentable» (que, como se indicó, para el BM y sus socios, generalmente quiere decir de usufructo solamente por parte de algunos candidatos que cumplan con ciertos requisitos que muchas de las veces no tienen mucho que ver con cuestiones ambientales y de conservación), pero existe otra dimensión del recurso en términos de comunicaciones y generación de energía; me refiero al emplazamiento de hidrovías e hidroeléctricas, entre otras infraestructuras relacionadas.
A la hidrovía Paraguay-Paraná se suma, por ejemplo, el «Gran Canal» que conecta el sistema del Amazonas -y eventualmente los afluentes del Paraná- con las costas venezolanas a través del río Orinoco. Esta hidrovía debe visualizarse desde la dinámica de los corredores como una salida directa al Caribe y hacia EU mediante el Mississippi. Aquí es dónde podría tomar forma un escenario de «arrastre» de bolsas supergigantes con agua sudamericana hacia la potencia norteña (Florida) como una alternativa o complemento al escenario Aquarium.
Otro esquema llamativo es la red de represas que se ha diseñado para la región del Chaco y la Pampa en Argentina, íntimamente ligado a potenciar la producción agrícola de regadío intensivo (léase, agroindustria). Entre las represas que se barajan, están las del Sistema Tarija-Bermejo y Sistema Polo de Desarrollo; más al sureste, las de Paraná y Guazú; o, poco más al suroeste, las de Chocón, Cerros Colorados, Michihuao, Piedra del Agua, Alicurá y Collón Curá (véase Mapa 2).
Otras represas, más ligadas a su función energética como fundamento de la explotación minera (particularmente de aluminio), se han considerado, por ejemplo, en Argentina (caso de las represas a emplazarse en los ríos Cuervo, Cóndor y Blanco para beneficio de la canadiense Noranda), en la zona amazónica de Brasil (represa San Isabel, Serra Quebrada, Estreito y Machadinho, todas en beneficio de la estadounidense Alcoa y otras empresas domésticas como Vale do Rio Doce o Votorantim), en Chile (3 represas en Chacabuco en beneficio de Noranda), etcétera .
Asimismo, considérese el potencial hidroeléctrico de otras regiones como el de Perú, un caso llamativo si se tiene en cuenta que es en ese país donde se emplaza gran parte del corredor de desarrollo andino y en donde desembocan las principales hidrovías (Sarameriza/Yurimaguas/Pucallpa) de lo que el IIRSA denomina como «eje del Amazonas», afluentes del Amazonas/Putumayo. El alto consumo de energía que implicaría el funcionamiento intensivo de puertos y zonas industriales vecinas podría abastecerse tanto con plantas generadoras de electricidad de gas proveniente de Camisea y/o con unas decenas de hidroeléctricas. Según algunos cálculos, el potencial hidroeléctrico de las cuencas de los ríos Marañón, Hullaga y Ucayali podría llegar a una potencia combinada de cerca de 18 mil megavatios .
Escenarios similares de vinculación entre los corredores del IIRSA y (sus) «corredores hídricos» se extienden a lo largo y ancho del Cono Sur. Todos requieren de indagaciones detenidas, particularmente de parte de actores locales.
Las dimensiones de los impactos y secuelas ecológicas y sociales que giran en torno a tales potenciales «escenarios» de gestión y usufructo del agua sudamericana en el marco del IIRSA -los más aparatosos aquí brevemente indicados- sugieren, pues, ser mayores. El debate colectivo, abierto y participativo es urgente, sobre todo porque se trata de un asunto que tiene y seguramente tendrá cada vez más trascendencia, especialmente ante la creciente tendencia a privatizar y desnacionalizar los recursos naturales del planeta. Al fin y al cabo, el agua es vital para tod@s, pero no resulta muy claro que el acceso al líquido vaya a ser, dentro de tales escenarios, efectivamente universal.
Reflexión final
Resulta fundamental dar cuenta de que dichos proyectos (PPP, IIRSA y sus «corredores hídricos») sólo van a operar donde la población no se organice y luche colectivamente o donde deje de hacerlo, ya que los movimientos sociales juegan un papel fundamental no sólo como expresión de una afirmación de identidad local, sino, sobre todo, como reacción y contramedida ante una lógica geoeconómica y geopolítica que supone -en este caso desde el emplazamiento de «corredores de desarrollo»- la privatización, depredación y desnacionalización de los recursos naturales. Nótese que no se trata de rechazar todo plan de desarrollo, sino de aquellos que atentan contra los pueblos y su entorno natural, de aquellos que, tanto en la esfera del agua como en otras, pretenden privatizar beneficios y socializar costos.
Gian Carlo Delgado Ramos es economista mexicano (Universidad Nacional Autónoma de México).
Autor de La Amenaza Biológica (Plaza y Janes, 2002) y Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Militarización (Plaza y Valdés, 2004).