Nuevamente, las comunidades campesinas del departamento de Piura, junto con algunas ubicadas en Cajamarca, en el norte del Perú, son protagonistas de un capítulo más de la larga batalla que desde hace ya varios años emprendieron por la defensa de sus recursos naturales y la pequeña agricultura y ganadería; actividades productivas de las que viven […]
Nuevamente, las comunidades campesinas del departamento de Piura, junto con algunas ubicadas en Cajamarca, en el norte del Perú, son protagonistas de un capítulo más de la larga batalla que desde hace ya varios años emprendieron por la defensa de sus recursos naturales y la pequeña agricultura y ganadería; actividades productivas de las que viven cientos de miles de familias campesinas piuranas, y que hoy ven sienten que están de nuevo en serio peligro por la presencia de la minería.
En la conciencia y en la memoria colectiva del pueblo piurano está aún fresca la larga lucha que tuvieron que librar desde hace unos cinco años, cuando una empresa minera extranjera -Manhattan- pretendió explotar los yacimientos mineros ubicados en el distrito de Tambogrande, poniendo en riesgo la actividad agrícola de más de 45 mil hectáreas de tierras ubicadas en la irrigación San Lorenzo. Las organizaciones populares y sociales que hicieron suya esta lucha, saben muy cuanto les costó, incluidas valiosas vidas humanas, hacer respetar sus derechos frente a una poderosa empresa como la Manhattan que además contaba con el apoyo del gobierno.
Concientes de lo que significa una gesta para defender sus recursos naturales y su agricultura, ahora, las comunidades campesinas de Huancabamba y Ayabaca, así como las de la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, han emprendido una lucha justa frente a otra empresa minera, la Majaz, que desde hace varios años viene realizando operaciones de exploración en esa zona. Estas actividades se vienen realizando sin la transparencia del caso, sin un estudio de impacto ambiental de por medio; y lo que es peor, sin contar con el consentimiento de las comunidades, es decir, la llamada «licencia social».
Toda esta situación que ya venía siendo denunciada por los campesinos de la zona, sin que las autoridades atiendan sus reclamos, literalmente explotó el pasado 1 de agosto, cuando cientos de comuneros de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba, realizaron una marcha de protesta hacia el campamento de la empresa minera para exigir que suspendan sus actividades y abandonen la zona. Esta acción de protesta, fue respondida con una violenta represión policial que causó la muerte de un comunero, así como decenas de heridos y detenidos.
Pero no solo estas fueron las consecuencias de la protesta comunal: los grandes medios de comunicación limeños -auténticos voceros de la sociedad de minería-, iniciaron una nueva campaña contra las comunidades que defienden sus derechos; el gobierno, fiel a su torpe estilo, acusó a determinados partidos de izquierda de azuzar y manipular a los campesinos, o a la presencia del narcotráfico; los empresarios calificaron de extremistas a los dirigentes campesinos; y una vez más apuntaron a la iglesia, acusando al obispo de Chulucanas Daniel Turley, de financiar una supuesta campaña contra la empresa minera Majaz.
Lo cierto, es que la obsecuencia, la terquedad y voracidad de la empresa Majaz, se ha puesto una vez más de manifiesto el agudo conflicto agro-minería, que si persiste en ser visto solo como una acción de supuestos agitadores violentistas o extremistas, constituye una verdadera bomba de tiempo.
Lo que está en juego
La danza de millones de inversión privada en minería se ha convertido en el principal caballito de batalla del gobierno para justificar su política de «chorreo económico», como la principal bondad de su modelo neoliberal. El caso de Majaz no ha sido la excepción y las cifras que se lanzan son impresionantes: 800 millones de inversión privada; 1,300 millones de toneladas de cobre en reservas; creación de 8 mil empleos; y 40 años de explotación. Como no se cansa de repetir el viceministro de energía y minas, Rómulo Mucho, este proyecto denominado «Río Blanco», sería «muy beneficioso» para el desarrollo regional.
Es decir, el mismo cuento que se ha escuchado desde hace décadas, cuando la inversión minera se centró en departamentos como Junín, Huancavelica, y recientemente en Cajamarca y Cusco, cuyas comunidades donde se desarrolla la actividad minera, se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Los beneficios que siempre se anuncian para las poblaciones, en realidad son para las voraces empresas mineras, que facturan miles de millones de dólares -sobre todo en estos últimos años, aprovechando los precios del mercado internacional-, que gozan de contratos que les garantizan privilegios tributarios, que se niegan a pagar regalías y que además, siguen contando con el apoyo de los gobiernos de turno.
Por supuesto que las enormes cifras económicas que manejan en sus cálculos las empresas y el gobierno no toman en cuenta, los graves daños que la minería irresponsable ocasiona en los recursos naturales. La empresa Majaz, ha sido favorecida con 8 denuncios ubicados en el distrito de Carmen de la Frontera, en la provincia de Ayabaca. Sus operaciones se han concentrado en la zona denominada Cerro Negro, en la cordillera Chinguela, ubicada a unos 2 mil metros de altitud.
A la minera Majaz, de propiedad de la empresa inglesa Monterrico Metals, poco le importa que en esa zona, donde se ubican los páramos de la zona andina de Piura, están las nacientes o cabecera de cuenca de tres importantes ríos, que permiten el desarrollo de la actividad agropecuaria del departamento de Piura. En efecto, en estas cordilleras nacen los ríos Blanco, Quiroz y Huancabamba. Como señalan los dirigentes campesinos, estos ríos permiten irrigar los valles de San Lorenzo, Medio y Bajo Piura. Justamente, una de las demandas más sentidas de los agricultores del medio y bajo Piura, es un proyecto de irrigación para trasvasar las aguas del río Huancabamba.
Pero no es solamente el agua de estos ríos lo que está en peligro. Están los llamados páramos que son bosques húmedos que posibilitan justamente la formación de las aguas subterráneas. De igual manera, los bosques secos ubicados en las zonas más bajas, en los que se crían importante cantidad de ganado menor, que son la fuente de vida de cientos de miles de familias campesinas. Las comunidades también rechazan la actividad minera pues consideran que además de destruir sus tierras, se pondrá en riesgo la conocida zona turística y medicina de Las Huaringas, en la provincia de Huancabamba.
De manera que lo que está en juego en este nuevo conflicto, como lo señalan los dirigentes, es la sobrevivencia misma de cientos de miles de familias campesinas que tienen en la agricultura y la ganadería su principal fuente de vida. Esto parece importarles poco a la voracidad de la empresa minera y de las autoridades de energía y minas, para quienes lo que cuenta es seguir enriqueciéndose a costa de la destrucción del medio ambiente. Creen los empresarios mineros que todavía están en el gobierno del corrupto y hoy prófugo japonés Alberto Fujimori, que no solo les dio toda clase de gollerías para sus actividades sino que impedía cualquier acción de protesta acusando a los dirigentes de terroristas y narcotraficantes, como hoy lo pretende hacer también Toledo.
Un conflicto anunciado
Las protestas que han retomado los comuneros de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio -y que continuarán con una marcha y un paro de 24 horas este 18 de agosto- y que alcanzaron su punto más alto el pasado 1 de agosto con la marcha hacia el campamento minero, se iniciaron ya desde el año pasado. Desde entonces, ya se anunciaba que las comunidades estaban iniciando «una nueva batalla para evitar que sus recursos naturales sean depredados por la voracidad de una empresa minera, que sin cumplir con los requisitos que la propia legislación establece, iniciaron sus actividades».
En efecto, el 22 de abril del 2004, miles de comuneros, cansados de la indeferencia de las autoridades que no hacían caso a sus justos reclamos, decidieron tomar el campamento instalado por la empresa Majaz en la zona conocida como Cerro Negro. Esta acción produjo casi una decena de comuneros heridos, uno de ellos de gravedad -Humberto Herrera- quien posteriormente murió por la gravedad de las lesiones.
Asimismo, en esa fecha unos mil 500 ronderos de la provincia de San Ignacio (Cajamarca), decidieron apoderarse del helipuerto que había construido la empresa en la localidad de Namballe, desde donde la Majaz trasladaba sus equipos, insumos y personal hacia el distrito de Carmen de la Fontera, en la provincia de Ayabaca. El día 25 de abril de ese mismo año, en la comunidad de Yanta (Ayabaca), los comuneros decidieron quemar un lote de paquetes escolares que la minera Majaz pretendía repartir a los estudiantes, para tratar así de ganar el apoyo de los campesinos. Una vieja práctica de las empresas mineras, que creen que con limosnas se compran las conciencias.
Sin embargo, pese a que esas y otras protestas persistieron, la empresa continuó con sus operaciones de exploración y a las autoridades poco les importó atender las demandas de los comuneros y mucho menos hacer cumplir los estudios de impacto ambiental, con participación de las comunidades para determinar los daños que podría ocasionar la actividad minera.
Tal como lo señalamos en su oportunidad, estas protestas iniciales fueron el resultado de la prepotencia de la minera Majaz, que burlándose de los derechos de las comunidades campesinas -y con el silencio cómplice de las autoridades- iniciaron sus actividades incumpliendo lo establecido en los Decretos Supremos 021, 022 y 023, que norma lo relacionado al impacto ambientas; así como la resolución ministerial 096, que aprueba el reglamento de consulta y participación ciudadana, es decir, que lo que lo que hoy ya se conoce como «licencia social».
De manera que en este caso, se ha repetido la vieja fórmula de dejar hacer, dejar pasar lo que hacen las mineras, no atender las demandas de las poblaciones afectadas, y cuando estallan los conflictos, acusar al movimiento y a sus dirigentes de extremistas, violentistas, terroristas o narcotraficantes; desatar la represión, y atacar a las instituciones como los gremios o la iglesia que apoyan las protestas y rechazan los abusos de las empresas mineras. Por ello, sin negar la importancia del diálogo, las correrías de última hora del viceministro de energía y minas para establecer mesas de diálogo, carecen de toda credibilidad y más bien son asumidas como maniobras para distraer la protesta campesina y permitir que la minera Majaz pueda seguir operando.
Conociendo la vieja historia de la minería en el Perú que lejos de generar desarrollo en las regiones, acentúa las condiciones de extrema pobreza y exclusión de las comunidades campesinas, en Piura los productores, campesinos y sus organizaciones tienen las cosas claras: en un departamento que históricamente vive de la pequeña y mediana agricultura, la actividad minera es incompatible con defensa de los recursos naturales y de la vida misma. Ahí radica la importancia de esta nueva lucha de las comunidades de Piura y Cajamarca, lucha que será larga, pero que confían en ganar como ya sucedió con la minera Manhattan.