La revista Mujer Hoy publicaba un artículo a finales de 2018 en el que daba a conocer “la fortuna millonaria y desconocida de el Litri”, de quien destacaba sus habilidades para “invertir bien su fortuna”. El extorero, cuyo nombre real es Miguel Báez Spinola, acababa de comprar el cortijo Carrascalejo, situado en el municipio sevillano de Sanlúcar La Mayor, “a buen precio”, según dicha publicación. Ya por aquellos años, la revista desvelaba las intenciones del matador: utilizar 300 de las 700 hectáreas de la finca para el “cultivo intensivo del olivo”, una iniciativa que le iba a proporcionar “un gran rendimiento económico”.
Ahora, los terrenos se encuentran en el punto de mira de la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, la cual ha interpuesto una querella contra el matador por un presunto expolio de agua de un acuífero próximo a Doñana, según ha adelantado el diario El País. Una denuncia dirigida contra la empresa Santa María de Río SL, encargada de la gestión de cortijo, y de la que Báez es consejero delegado. Tal y como ha podido comprobar lamarea.com, esta sociedad recibió casi 287.000 euros en subvenciones de la Política Agraria Común entre 2021 y 2022, dos años en los que se habría estado produciendo el presunto robo de agua.
Dentro de ese montante, la compañía percibió 50.164,18 euros el primer año y 46.500,21 euros como pago “para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente”, un concepto que chocaría frontalmente con las supuestas prácticas que, según la Fiscalía, la empresa habría llevado a cabo en la finca.
En las cuentas de 2020, las últimas presentadas en el Registro Mercantil, Santa María del Río SL arroja unas pérdidas de 151.000 euros tras un importante decenso de la cifra de negocio, que ese año se situó en 3.644 euros frente a los casi 120.000 euros del año anterior. El balance de resultados de 2020 fue firmado por los padres del matador, Miguel Báez Espuny y María Concepción Spínola González como presidente y secretaria, respectivamente. Ambos progenitores fallecieron en 2022.
La sociedad, constituida en 1965, contaba en ese momento con un patrimonio neto de 36 millones de euros y una participación del 37% en Agropecuaria Valdio de Torres SL, valorada en 1,31 millones de euros, propiedad de la familia.
2.400 millones de litros
La Fiscalía acusa a Báez y a su empresa de un delito contra el medioambiente y otro de daños al dominio público hidráulico, que cifra en 574.308 euros. El ministerio público señala en su escrito que, para regar los terrenos, se habrían extraído de forma ilegal 2.400 millones de litros (más de dos millones de metros cúbicos) de agua subterránea. Para evitar un expolio mayor, los cuatro pozos de la finca y la balsa de riego fueron cerrados de manera cautelar hace casi un año. Por ello, el Seprona de la Guardia Civil visita los terrenos cada dos semanas para supervisar que las captaciones de agua no hayan sido reactivadas.
La investigación de la Fiscalía se produjo tras una denuncia de la organización ecologista WWF. Felipe Fuentelsaz, coordinador de Agricultura y Agua de esta ONG, asegura que detectaron la posible ilegalidad durante el “trabajo rutinario” que realizan en el entorno de Doñana. Tras presenciar los cambios de secano a regadío, solicitaron los permisos de riego a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir: “Nos confirmaron que solo tenían una concesión para el riego de menos de cinco hectáreas, por lo que elaboramos un informe y lo denunciamos ante Fiscalía, que ahora ya ha decidido tomar acciones”.
De acuerdo con el análisis realizado por El País y el especialista oleícola internacional Juan Vilar, el olivar del Litri, en su cuarto año de desarrollo, estaría produciendo unos cuatro millones de euros de beneficio.
A los Alba también les salpica el agua robada
El caso de la finca propiedad de Báez no es único en el entorno del Parque Nacional de Doñana, donde la extracción ilegal de agua se ha convertido en la tónica dominante desde años. El Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla, en una sentencia calificada como “histórica”, condenó hace algunas semanas con tres años y medio de cárcel a los cinco hermanos propietarios de la finca Hato Blanco Viejo, situada en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), por duplicar el consumo de agua permitido a través de captaciones ilegales.
Asimismo, el pasado verano, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) solicitó una orden judicial para clausurar de manera cautelar ocho presuntos pozos ilegales en una finca de la Casa de Alba (Aljóbar) gestionada por la empresa Eurotecnica Agraria SA. Esta sociedad está presidida por Eugenia Martínez de Irujo Fitz-James Stuart y en su consejo de administración se sientan sus hermanos Cayetano y Fernando José Martínez de Irujo, además de su sobrino Luis Martínez de Irujo y Hohenlohe-Langenburg, según figura en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.
Desde la CHG aseguran que todavía no han recibido la orden para entrar en la finca Aljóbar y llevar a cabo el precintado de los pozos.