«No_entendemos como un suelo que se ha cedido para los jóvenes como vivienda protegida, a los cinco años se pasa a manos privadas», señala Elizabeth Náger, una de las inquilinas que desde hace cinco años vive en el bloque de viviendas de protección oficial del barrio Sanchinarro. El pasado 3 de agosto, las 630 familias […]
«No_entendemos como un suelo que se ha cedido para los jóvenes como vivienda protegida, a los cinco años se pasa a manos privadas», señala Elizabeth Náger, una de las inquilinas que desde hace cinco años vive en el bloque de viviendas de protección oficial del barrio Sanchinarro.
El pasado 3 de agosto, las 630 familias que resultaron beneficiarias de una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler en las promociones de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Sanchinarro (300 viviendas), Vallecas (220 viviendas), Carabanchel (80) y Pavones (30) recibieron una carta de la empresa dependiente del Ayuntamiento madrileño en la que se les anunciaba la próxima puesta en subasta, el próximo 13 de septiembre, de las promociones completas de sus vivendas para su venta a promotores privados o fondos de inversión inmobliaria.
«En el momento en el que pasen a manos privadas no sabemos que va a ser de nosotros, que será de nuestros contratos», explica Charo Beamonte, otra de las vecinas afectadas. Charo, que vive en San Chinarro con su pareja, explicó que muchos de sus vecinos, en su misma situación, son parejas jóvenes que en los cinco años que llevan viviendo en su vivienda han tenido hijos y formado familia. También hay muchas viviendas que paga la EMVS que sirven como pisos de acogida a mujeres maltratadas y a gente con problemas, y tampoco han dicho que se va a hacer con ellos. «Cuando vendan el bloque, la EMVS se desentiende, lo que quieren es el dinero rápido».
Los contratos firmados contemplaban el régimen de alquiler para los beneficiarios durante diez años y, una vez pasado este tiempo, la opción a compra. Ahora, tras la subasta, la EMVS ha asegurado a los vecinos la continuidad del alquiler durante los años que queden, cinco para la mayoría de jóvenes familias, que firmaron su contrato en el 2005, y dos para otras que lo firmaron en 2002. Sin embargo, a pesar de las promesas por el alcalde madrileño, les han quitado la opción a comprar de sus viviendas con precio de vivienda protegida. «Ahora, si se nos ofreciese en venta, sería como vivienda libre, no como vivienda de proteccion oficial», explica Elizabeth Náger, quien añadió que pocos de ellos podrían ahcer frente al precio de una vivienda libre.
Por su parte, Charo recordó que, «cuando Gallardón nos dio las llaves a los vecinos nos habló de la opción a compra y nos aseguró que la gente aquí estaría toda la vida».
Desde la EMVS les han respondido que, aunque quedan cinco años de alquiler, después de este plazo se acaba la calificación del suelo como vivienda protegida y pasará a ser un alquiler libre. Además, en 2020, la promotora que compre las promociones podrá poner en venta las viviendas ya calificadas como libres.
Según explicaron las dos inquilinas afectadas, los vecinos han conseguido reunirse con el director de la empresa, pero, sin embargo, su única respuesta ha sido la negativa a parar la subasta y la defensa de que «ellos, como empresa, pueden hacerlo».
Además, los vecinos de las cuatro promociones señalan que han hecho el anuncio en verano, «que no hay casi vecinos y la gente no se entera». Ahora, con los juzgados cerrados, aunque el día 1 de septiembre presentaran una denuncia, «las medidas cautelares de urgencia tardarian al menos dos semanas -señala Elizabeth- y la subasta ya se habría celebrado».
El Grupo de IU en el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que solicitará una reunión extraordinaria del Consejo de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) para buscar soluciones a los inquilinos afectados. «Hay muchas opciones antes de sacar al mercado privado» estas casas protegidas «por mucha prisa que tengan en recaudar dinero», ya que una cosa es actuar «porque la ley lo permite» y otra bien distinta es hacerlo «contra el sentido común», afirmó Ángel Pérez, portavoz de IU en el municipio.
Por su parte, la empresa asegura que está actuando de acuerdo a la ley, y que, si ofreciera la venta de las viviendas a los actuales inquilinos, «se incumpliría la normativa vigente, ya que el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado por el Ministerio de Vivienda y Rehabilitación, no permite la enajenación de viviendas calificadas en alquiler a particulares durante la vigencia del periodo de protección».
Los vecinos han convocado concentraciones frente a la puerta de la EMVS, en Palos de la Frontera, todos miércoles y viernes, a las 11.00, a partir del próximo día 20 de agosto. Además, han organizado manifestaciones para los días 24 de agosto y 5 de septiembre que irán de Cibeles a la Puerta del Sol.
Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article17603