La legislatura 2004-2008 está a punto de entrar en su fase final. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha aprovechado estas últimas semanas para exponer los resultados de su gestión desde una visión triunfalista, remarcando muy especialmente, el tono social y «progresista» de sus políticas. Por encima de la euforia y de la […]
La legislatura 2004-2008 está a punto de entrar en su fase final. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha aprovechado estas últimas semanas para exponer los resultados de su gestión desde una visión triunfalista, remarcando muy especialmente, el tono social y «progresista» de sus políticas.
Por encima de la euforia y de la propaganda afín al PSOE y a sus medios de comunicación, deviene imprescindible realizar un análisis crítico sobre la naturaleza de este Gobierno, en el que muchos ciudadanos pusieron tantas esperanzas tras la última etapa autoritaria del Ejecutivo Aznar.
En política internacional, la primera decisión de calado del PSOE fue retirar las tropas de Irak, medida auspiciada por el movimiento popular en contra de la guerra y la ocupación.
El atlantismo del PSOE y su naturaleza de mascarón de proa del imperialismo norteamericano volvieron a salir a la palestra con el envío de tropas españolas a Haití, Afganistán, Líbano o ejerciendo de representante de la multinacionales españolas en Latinoamérica.
La economía española vive, hasta el momento, un periodo excepcionalmente largo de «crecimiento». Sin embargo esta «prosperidad» no ha significado ninguna mejora de las condiciones materiales y sociales de los trabajadores y trabajadoras sino todo lo contrario: crecimiento y precarización se han convertido en términos profundamente asociados.
En el Estado Español, esta prosperidad queda reflejada en unos beneficios patronales históricos y descansa en diversos factores:
una descomunal burbuja especulativa inmobiliaria junto a un enorme endeudamiento hipotecario de empresas y familias.
la incorporación masiva de la inmigración al mercado laboral en condiciones de extrema precariedad, bajos salarios y alta siniestralidad que se usa para presionar a la baja los salarios y condiciones generales de trabajo.
La generalización de la precariedad en la juventud trabajadora y de parte de adultos recordando que los salarios actuales son como los de 1997.
El Gobierno aprovecha la coyuntura para profundizar en las reformas neoliberales (exigencias de la Unión Europea y de los altos organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial). Estas reformas se diferencian de las llevadas a cabo en la última época del PP en que se hacen de forma pactada con los sindicatos mayoritarios. Así ocurre en el caso de la Ley de Dependencia, que no considera un derecho universal el derecho de cuidar y ser cuidado, institucionalizando los subsidios miserables para las cuidadoras familiares. No estaría mal recordar que estas medidas legislativas (junto con muchas otras como el matrimonio entre personas del mismo sexo) han sido vendidas como la panacea de la política social y progresista de estos últimos años.
La reforma fiscal (con un regalo de 6.800 millones de euros anuales a los empresarios) o la continuidad de la privatización de la Universidad son otras de las reformas destacadas con las que pretende concurrir a la reelección el presidente del Gobierno.
El Gobierno del PSOE viene imponiendo nuevos retrocesos en derechos y garantías laborales, gracias en parte a la proliferación de los pactos generales de negociación colectiva entre sindicatos y patronal con el archirepetido «diálogo social» como necesario telón de fondo; destacando el Acuerdo para la Negociación Colectiva (ANC) con el objetivo declarado de ir repitiéndolo y fomentándolo para años sucesivos. Dicho Acuerdo tiene un coste muy alto en salarios y derechos, y está en la base de los beneficios récord que vienen obteniendo las grandes empresas en los últimos años.
El ANC ha llevado consigo una caída general de los salarios así como un aumento de la jornada laboral y un empeoramiento general de las condiciones de trabajo, que no han servido para frenar las fuertes deslocalizaciones que inciden en la apertura de los mercados europeos en los países excomunistas y parte del continente asiático.
Como hemos dicho antes, los salarios vienen perdiendo poder adquisitivo desde los últimos 8 años ya que el salario medio real, descontada la inflación, es igual al de 1997 cayendo un 7.8% en el 2006, con 11 millones de trabajadores que ganan menos de 1.000 euros al mes y de ellos casi 5 millones no alcanzan el Salario Mínimo interprofesional.
La jornada laboral apenas ha variado en los últimos años ya que la media de los convenios es de 1798 horas anuales, 150 horas más que la media de los países comunitarios. También debemos tener en cuenta otros factores como la creciente anualización de la jornada y la prolongación de la misma con el chantaje del despido.
El 70% de los jóvenes tienen un contrato temporal, es decir, casi 6 millones de trabajadores tienen contrato precario, a pesar de los esfuerzos de los dirigentes del PSOE y de la cúpula de CCOO y UGT para convencernos de que la última contrarreforma laboral está reduciendo la cifra de trabajadores temporales, algo desmentido por las propias estadísticas oficiales.
Otro dato escalofriante es el referido a los accidentes laborales, ya que éstos no han cesado de aumentar como consecuencia de la precariedad laboral. Un dato: 1352 muertes en el año 2006, casi 4 diarias.
Como otros ejemplos de medidas antisociales maquilladas con un descafeinado progresismo, destacamos la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería; la reforma laboral donde se generaliza el despido barato y la subcontratación; el acuerdo de pensiones que aumenta el tipo cotizado para tener derecho a una pensión y retrasa la edad de jubilación; la reforma del INEM pactada en la reforma laboral de mayo, con la introducción de mecanismos privatizadores y neoliberales donde se generalizan las agencias privadas de contratación así como la apertura de las empresas de trabajo temporal a algunos sectores laborales hoy vetados como la función pública, con la perspectiva de un futuro desguace del INEM y el triunfo absoluto de la «iniciativa privada» en éstos y otros ámbitos de actuación. Por último, destacamos en materia laboral los planes del Gobierno con el Estatuto de los Trabajadores Autónomos, que introduce la nueva figura del autónomo dependiente que parece obligará a los nuevos trabajadores a acogerse a esta figura con la finalidad de ahorrar costes sociales, con un más que posible deslizamiento hacia la precariedad.
Es inevitable hablar de la Ley de la Memoria Histórica auspiciada por el Gobierno, ley que olvida la infatigable labor de los luchadores republicanos y antifascistas, no declarando ilegales numerosas ejecuciones sumarias de estos luchadores en el franquismo, así como la sospechosa postura gubernamental en el tema de las exhumaciones, el Valle de los Caídos y las denominaciones y símbolos franquistas en espacios públicos, como muy bien han resaltado numerosas asociaciones que trabajan en la recuperación de la memoria histórica. En este y otros (política territorial y posicionamiento en el conflicto vasco) el Gobierno se ha dejado arrastrar, cediendo a los posicionamientos ultraconservadores y reaccionarios del PP.
¿Quién discute y se enfrenta al Gobierno en este terreno?
Frente a estas políticas, por un lado tenemos a una extrema derecha nucleada entorno al PP y a la jerarquía eclesiástica, y por otro lado una serie de partidos que apoyan al Gobierno, y que se han convertido en su salvavidas parlamentario.
ERC (junto con el BNG) ha sido integrada en el «establishment» autonómico (acceso a «consellerías» y puestos de influencia) dejando a un lado sus propuestas más alternativas.
La dirección federal de Izquierda Unida sigue empeñada en sepultar lo poco que queda del proyecto original, mandando al baúl de los recuerdos la etapa más lúcida de la organización, personificada en el liderazgo de Julio Anguita (defensa de la Ley de 35 horas, cuestionamiento de la mal llamada «Transición», NO a la OTAN, por unos servicios públicos de calidad, en contra de la deriva amarilla de los sindicatos CCOO-UGT con el consiguiente desarrollo de un sindicalismo alternativo, posicionamiento crítico a la deriva neoliberal de la UE vía Maastricht y en contra de las agresiones permanentes del imperialismo norteamericano).
La integración de IU en el aparato del estado y su seguidismo y entreguismo al PSOE y al sindicalismo oficialista es una mala noticia para los trabajadores porque desaparece (por ahora) esa oposición de izquierdas tan necesaria y que tanto daño hace a gobiernos pretendidamente progresistas como el actual Gobierno de Zapatero (son muy interesantes a este respecto las conclusiones del XVII Congreso Federal del PCE del año 2005).
Por eso deviene imprescindible aglutinar fuerzas entorno a un proyecto sin complejos que señale las contradicciones del sistema, el estado de cosas actual y el pensamiento único.
A pesar del efecto narcótico de los medios de comunicación y de una cultura sometida al sistema, cada día queda más claro que tanto unos (PSOE) como otros (PP) forman parte indispensable de la columna vertebral del capitalismo español de nuevo cuño.
El consenso del nuevo orden mundial parece vencer sus últimos objetivos muy a pesar del talante y de los pactos, y sobre todo, muy a pesar de los derechos de la clase trabajadora y de la mayoría de la ciudadanía.
* César Vilar es licenciado en Derecho y militante del Colectivo local de EUPV de Sant Joan d´Alacant.