Cambios de gran calado En España, la crisis económica originada por la crisis financiera que se inició en 2007-2008 se caracteriza por una duración y una intensidad sin precedentes próximos, y por unas consecuencias de gran alcance y persistencia, no sólo en el ámbito estrictamente económico, sino también en cuanto a la pérdida de derechos […]
Cambios de gran calado
En España, la crisis económica originada por la crisis financiera que se inició en 2007-2008 se caracteriza por una duración y una intensidad sin precedentes próximos, y por unas consecuencias de gran alcance y persistencia, no sólo en el ámbito estrictamente económico, sino también en cuanto a la pérdida de derechos sociales y políticos causada por las prioridades y las decisiones políticas de los gobiernos central y autonómicos. Los recortes presupuestarios y los cambios legislativos han dejado sentir sus efectos en ámbitos muy diversos. El reciente informe ¿Quién financia la Universidad? del Observatorio del Sistema Universitario aporta datos que permiten evaluar su impacto en las universidades públicas españolas.
El informe se refiere a la etapa 2009-2015, en la cual la administración central y las autonómicas adoptaron en el marco de la crisis las principales medidas presupuestarias y normativas con relación a la universidad: recortes presupuestarios substanciales, no reposición de las jubilaciones y, en 2012, un cambio en la regulación de los precios de matrícula que en la práctica ha significado la libertad de las comunidades autónomas para aumentarlos.
Entre 2009 i 2015, en euros constantes, la financiación pública de las universidades cayó un 27,7% en el conjunto de España. Por comunidades autónomas, los recortes variaron entre el 17,0% de Aragón y el 38,2% de Castilla-La Mancha. El estudio constata, además, que las diferencias entre comunidades autónomas no respondieron a comportamientos diferentes ni en el número de estudiantes ni en la riqueza de las distintas comunidades, medida en términos de su Producto Interior Bruto (PIB).
La mayoría de comunidades autónomas, con alguna excepción, compensaron parcialmente su reducción de la financiación pública con un aumento de las tasas y precios públicos. Así, en el mismo período, los ingresos por tasas y precios públicos aumentaron un 31% en términos reales (pese a una disminución del 4,62% del número de estudiantes, lo que implica que el aumento por estudiante superó el 37%). Por comunidades, la variación de los ingresos por precios públicos de 2009 a 2015 se situó entre el -15,9% de Galicia y el 67,6% de Cataluña.
De todo ello resultan tres cambios destacados:
- Una reducción real del 20,2% del total de ingresos de las universidades públicas españolas, reducción que en algunas comunidades supera el 25% (Cantabria, Comunidad Valenciana) e incluso el 30% (Castilla-La Mancha).
- Una modificación significativa de la estructura de los ingresos de las universidades. En el conjunto de España, la financiación pública ha pasado de constituir el 78,4% del total de ingresos de las universidades al 71,1% (60,2% en Cataluña), y los ingresos por tasas y precios públicos han pasado del 10,9% al 17,9% del total de ingresos (25,3% en Cataluña, 23,6% en la Comunidad de Madrid).
- La financiación de los sistemas universitarios públicos de las distintas comunidades autónomas es (de hecho, ya lo era en 2009) mucho más heterogénea de lo que podría hacer suponer la habitual retórica sobre la igualdad de todos los ciudadanos enmarcada en el respeto a la pluralidad de todos los pueblos de España.
España empeora posiciones y se sitúa muy por debajo de Europa y la OCDE
Según recoge el Public Funding Observatory de la European University Association, entre 2008 y 2016 algunos países de nuestro entorno intensificaron su gasto en universidades. La financiación pública de las universidades aumentó incluso por encima del PIB en países tan distintos como Austria (+26% de incremento en términos reales), Alemania (+36%), Dinamarca (+23%), Luxemburgo (+87%), Noruega (+25%), Polonia (+20%) y Portugal (+6%), y aumentó también, aunque por debajo del crecimiento del PIB, en Francia (+5%) y Suecia (+31%), mientras que en España (-24%) cayó aún más de lo que lo hizo el PIB.
En consecuencia, España ha perdido posiciones en comparación con el resto de países de la UE y de la OCDE. En 2014 (último año del que se dispone de datos públicos de toda la OCDE), España destinó a sus universidades el 1,77% del total de gasto público, frente al 2,43% de media de los países de la UE y el 2,72% de los de la OCDE. Mientras en 2009 la estructura de ingresos de la enseñanza terciaria indicaba que la proporción de financiación pública en España (79,1%) era superior a la media de los países de la UE (75,8%) y de los de la OCDE (67,4%), cinco años más tarde había caído más de 10 puntos porcentuales, hasta el 68,5%, situándose por debajo no sólo de la media de la UE (77,6%, había subido casi 2 puntos) sino incluso por debajo de la de la OCDE (69,0%, había subido más de 1,5 puntos).
En relación con el PIB, de los 34 países de la OCDE España (0,96%) es el 8º país que menos financiación pública dedica a su enseñanza terciaria (incluye la universitaria además de los ciclos formativos de grado superior, lamentablemente, la OCDE no ofrece datos más desagregados). De los 22 países de la UE que también pertenecen a la OCDE, es el 6º que menos dedica. Cinco comunidades autónomas se sitúan por debajo de todos los países de la OCDE sin contar el caso excepcional de Luxemburgo (pese a que dedica grandes sumas a la enseñanza terciaria y, en particular, a la universidad, éstas resultan ser una proporción inusualmente pequeña de su altísimo PIB). Estas comunidades son Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, La Rioja y Cataluña. Andalucía es la única que supera las medias de la UE y la OCDE.
Como consecuencia, las universidades españolas están claramente infrafinanciadas en relación con las de los países de nuestro entorno. Concretamente, a paridad de poder adquisitivo, el gasto total por estudiante universitario en España ha pasado de 14.191 dólares en 2009 a 13.468 en 2014, quedando así muy por debajo de la media de la OCDE (15.485 sin Luxemburgo, 16.189 incluyendo Luxemburgo) y de la UE22 (16.189 sin Luxemburgo, 16.674 con Luxemburgo).
En otros términos: el gasto total en universidades en España representa el 1,08% del PIB, y nos sitúa como el 6º país de la OCDE (5º, si excluimos Luxemburgo) que menos dedica. De nuevo, cinco comunidades autónomas se sitúan por debajo de todos los países de la OCDE (sin contar Luxemburgo): Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, La Rioja y el País Vasco. Sólo la Comunidad Valenciana y Andalucía alcanzan la media de la UE22 (1,27% incluyendo Luxemburgo) y, de hecho, también la de la OCDE (1,37% con Luxemburgo).
Por qué debemos reaccionar
La baja prioridad presupuestaria otorgada a la enseñanza superior en España contrasta con la usual salmodia sobre la sociedad del conocimiento, puesta últimamente un tanto en sordina, tal vez por su manifiesta contradicción con la realidad de la pobreza, el paro y la precariedad laboral.
Las universidades públicas han seguido trabajando y, en muchos casos, mejorando resultados. Ello es meritorio, pero también es, en cierto modo, un espejismo, porque algunos de los parámetros con que se valora la actividad universitaria (por ejemplo, el número de artículos publicados) son más un reflejo del pasado reciente que del presente. Con una financiación que se ha reducido, partiendo de valores ya insuficientes, no cabe esperar que nuestras universidades públicas alcancen y se mantengan en altos niveles de calidad.
Los recortes, la imposibilidad de reponer el personal que se ha ido jubilando y las limitaciones en las estabilizaciones y promociones han implicado la precarización de las plantillas, a través de contratos temporales y a tiempo parcial, y el desaliento del personal ante la falta de expectativas (desaliento que se manifiesta, por ejemplo, en un incremento de jubilaciones voluntarias). A medio plazo, la consecuencia más grave es la pérdida para la universidad pública de jóvenes con capacidad y motivación para la docencia y la investigación que, desde hace ya casi 10 años, las universidades no han podido retener. La docencia universitaria y la investigación en España se resentirán sin duda de esta carencia si no se produce, de forma inmediata, una rectificación radical de las políticas actuales.
Las matrículas universitarias han pasado de ser relativamente baratas a situarse entre las más caras de la UE. El precio de un curso en España (1.412€ de media) es, en muchas comunidades autónomas, similar e incluso superior al salario medio en España, que en 2016 fue de 1.878,1 euros brutos al mes. Esto dificulta el acceso a la universidad pública, castiga las economías familiares y, de paso, favorece la competitividad de las universidades privadas. Se tiende así a ahondar las diferencias en el acceso a la universidad, en la que los colectivos menos favorecidos económicamente ya están infrarrepresentados, con la pérdida que ello supone de lo que podrían aportar a la sociedad muchas personas capacitadas.
A diferencia de otras crisis, las medidas adoptadas en el marco de esta última han inducido cambios que no parecen reversibles a corto plazo. Nuestras universidades públicas se encuentran infrafinanciadas. Tanto la reducción de la financiación pública como el incremento de los precios de matrícula han sido substanciales, produciendo un cambio en la estructura de los ingresos de las universidades públicas españolas. Todo ello, claro está, no es bueno para el estudiantado ni para el personal de la universidad. Pero, sobre todo, no es bueno para la sociedad española y su futuro, porque un país que quiera ser avanzado cultural, social y económicamente necesita una universidad de calidad, de cuya docencia pueda beneficiarse quien tenga la capacidad y la motivación para hacerlo y cuya investigación contribuya al aumento de la productividad, el bienestar y la sostenibilidad.
No hay síntomas de que las formaciones políticas con posibilidades de gobernar tengan intenciones de corregir esta situación. Y el conjunto de la sociedad no parece haber tomado todavía conciencia de sus graves consecuencias. Así las cosas, recae sobre la propia comunidad universitaria, sus rectoras y rectores, los sindicatos que representan a su personal y las asociaciones y delegaciones estudiantiles la responsabilidad de movilizarse para enderezarla.
La autora agradece a Albert Corominas su paciencia y sus sugerencias durante la elaboración de este artículo y le exime de cualquier error que pueda contener.
Vera Sacristán es profesora de matemática aplicada de la UPC y miembro del Observatorio del Sistema Universitario. Colabora habitualmente en SinPermiso, particularmente en temas de política universitaria.