No suelo detenerme en los editoriales del DGIM, del diario global-imperial-monárquico. Pero a veces se me van los ojos. ¡La tentación viene del papel y la costumbre! Y pienso entonces, aunque, eso sí, en contadas ocasiones: si añadieran esto, eso y aquello y alguna nota crítica sustantiva más, el texto no estaría mal, nada mal. […]
No suelo detenerme en los editoriales del DGIM, del diario global-imperial-monárquico. Pero a veces se me van los ojos. ¡La tentación viene del papel y la costumbre! Y pienso entonces, aunque, eso sí, en contadas ocasiones: si añadieran esto, eso y aquello y alguna nota crítica sustantiva más, el texto no estaría mal, nada mal. Así como está, y sin que sirva de precedente, puede servir, no está mal del todo, no es desechable. Un ejemplo de esto último.
«Prostitución en La Jonquera» es el título de uno de los editoriales del DGIM del pasado martes 26 de junio [1]. «La alcaldesa y la jefa de policía, incapaces de erradicar el comercio sexual que se ha adueñado de este pueblo fronterizo» es el subtítulo. Dos mujeres en este campo minado de batalla. Solas ante el peligro.
Algunas de las afirmaciones del texto: «Solo hay que pasear por La Jonquera para percibir un aire denso de frontera polvorienta… Chicas jóvenes en las esquinas, los arcenes, los descampados; esperando». Muy a su pesar, La Jonquera se ha convertido «en el paradigma de las contradicciones que plantea la lucha contra la prostitución en España». Precisamente, se cree, por su condición de ciudad de frontera, «fue elegida para ubicar un macroprostíbulo de 90 habitaciones».
Es el «Paradise», el nombre escogido para el prostíbulo. Abrió sus puertas hace dos años, en 2010. No fue suficiente la firme y tenaz oposición del Ayuntamiento de la localidad. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -¡de Catalunya, no de Madrid!- les obligó a conceder la licencia. Los negocios son los negocios y nuestra Constitución ampara la sacrosanta y maravillosa «libertad de mercado».
La presencia del prostíbulo, prosigue el editorial, «no ha erradicado, como pretendían sus defensores [el argumento se repite una y mil veces], la prostitución callejera». El prostíbulo está normalmente a pleno rendimiento y en las calles, «mujeres venidas de Rumanía o Bulgaria se ofrecen a los clientes», vigiladas por proxenetas y capataces que las explotan y dominan [2]. El funcionamiento empresarial exige fuerte controles; la libertad ciudadana, obviamente, en el sumidero de los servicios.
El prostíbulo, añade el editorial, tampoco ha impedido «que cunda la trata de mujeres». El empresario emprendedor del burdel «ha sido condenado a tres años de cárcel porque en sus locales se encontraron mujeres obligadas a prostituirse». Insisto: obligadas. ¿Ha pasado algo? Nada, nada de nada. La cosa y la vida en el prostítbulo sigue igual.
Contra esta derivada de degradación humana, ciudadana, colectiva, popular, contra esta agresión a mujeres desfavorecidas, luchan, prosigue el editorial del DGIM, «dos mujeres, la alcaldesa, Sònia Martínez, y la jefa de Policía, Lluïsa Santos». Los instrumentos a su alcance son insuficientes, muy insuficientes. Una ordenanza municipal prohíbe la prostitución callejera pero «multar a las prostitutas y a los clientes tiene, sin embargo, efectos limitados», muy limitados. En La Jonquera, se han colapsado los servicios policiales y administrativos. Y ya está. La demanda macho-masculina no ha disminuido ni un percentil.
Al haber más oferta, concluye el editorial, hay también más clientes. ¿Clientes es la palabra? ¿Qué clientes? «Jóvenes que tienen posibilidad de sexo libre» (¿a la prostitución se le puede llamar sexo libre?), y a los que «consumir el cuerpo de una mujer es equivalente a consumir una cerveza». Repito: consumir el cuerpo de una mujer.
Las preguntas se acumulan y amplían: ¿cuáles son los orígenes geográficos y sociales de estas mujeres? ¿Por qué no se impiden los evidentes actos de coerción a los que se ven sometidas? ¿De dónde y cómo se han formado estas mafias de proxenetas? ¿Un empresario condenado por trata de blancas puede seguir ejerciendo su «actividad» como el que pasea tranquilamente por el Duero a la entrada de Soria? ¿Qué ocurre entre los jóvenes hombrecitos franceses y no franceses para que confundan sexo libro con explotación del cuerpo de la mujer? ¿Se puede «consumir» un cuerpo? ¿Quién les ha metido en la cabeza que se pueden relacionar con una mujer de forma dominadora pagando con papelitos como el que coge un billete de tren? ¿Quién otorga ese poder al macho fornicador? ¿Es la sacrosanta libertad del mercado? ¿Cómo es posible que las autoridades del gobierno catalán miren admiradas y con cara risueña hacia Holanda e Israel y no sean capaces de hacer nada de nada para impedir una infamia social de estas características al norte de su país, en la frontera con Francia? ¿No puede hacerse nada en este caso? ¿Todo sigue y seguirá igual? ¿No va con ellos, con todos nosotros, la cosa?
El problema de la prostitución en La Jonquera llegó hasta las páginas de The New York Times [3]. El rotativo neoyorquino destacó que el municipio catalán se había convertido en un importante destino de turismo sexual para muchos hombres franceses que se aprovechan «de la situación de esclavitud a la que se ven sometidas muchas mujeres gracias, apunta a las laxas leyes españolas» [la cursiva es mía]. La periodista del NYT, Suzanne Daley, señalaba que La Jonquera se había convertido en un lugar donde la prostitución era «un gran negocio». ¿Con qué beneficiarios? Mientras el resto de la economía española estaba en retroceso, añadía torpemente Daley, «la prostitución está en auge y es bien visible en pueblos y ciudades» y concluía que «hasta el 2010 España no tenía una ley que diferenciará la inmigración ilegal del tráfico ilegal de personas».
Hasta aquí La Jonquera, un pequeño pueblo de la frontera catalana con un panorama desolador. Nos podemos hacer fácilmente idea del escenario, de las coordenadas de inhumanidad que rigen contra la mujer y de las manos que mueven los hilos del poder. Pasemos ahora al Prat, al sur de Barcelona.
Pongámonos pesimistamente realistas y conjeturemos que es el Prat el lugar escogido finalmente por los magnates de EuroVegas: más facilidades, menos controles, mejor y más rápida financiación, «mano de obra» más cualificada y menos protegidas, mayor número de alteración de normas y leyes a su servicio y voluntad. Etc. ¿Qué podría suponer la instalación de un megacasino de estas características a las puertas de la gran Barcelona, la millor botiga del món? Obviamente, incremento del turismo masculino (muy masculino, las familias medias no suelen ir a los casinos), narcotráfico, blanqueos de dinero y, como resulta obvio según mil precedentes, fuerte incremento de la prostitución y de sus mafias anexas. ¿O es que pensamos que esos grupos organizados que trafican y explotan a mujeres del Este, del Sur y de nuestro país no se lanzarían como buitres en estado de celo en un escenario así?
¿Es eso lo que queremos para el Prat de Llobregat y alrededores? ¿Es esa la obligación moral de la que nos hablaba el portavoz del gobierno catalán el pasado lunes 25 de enero? ¿Nos hacemos idea de las incalculables consecuencias que podría tener para el territorio y sus pobladores? ¿Queremos un macroprostíbulo no de 90 sino de 900 habitaciones en el Prat? ¿Esa es la Catalunya del futuro de la que tanto se habla? ¿Es ese el modelo de país que tiene el nacionalismo conservador catalán en su cabeza? ¿Puede haber dudas, en una oposición que realmente se oponga, que esta es una de las mayores infamias de las últimas décadas que pueden asolar a Barcelona y su entorno? ¿Es por eso que el president Mas habló de Catalunya como la Holanda del Sur? ¿Es aceptable el comentario despectivo del president neoliberal catalán a las justificadísimas (y algo templadas) críticas de ICV-EUiA? ¿No es infame demagogia -esta vez sí- hablar de la creación de puestos de trabajo para intentar convencer a la ciudadanía de un acto de barbarie de estas dimensiones?
No faltan argumentos para abonar la oposición radical a este megacasino pero si faltara alguno podemos añadir otro: no queremos en el Prat una Jonquera centuplicada. Así no se hace país, sino que destruye y, sobre todo, se explota a ciudadanas de aquí y de allá que, en la mayoría de los casos, han sigo engañadas, forzadas, violadas y están encadenadas a la voluntad sin escrúpulos de unos proxenetas y propietarios desalmados sin que nadie, aparentemente, pueda hacer nada.
PS. Ante la sentencia del Tribunal Supremo, el pasado martes 26, varios portavoces del gobierno catalán, de las clases hegemónicas catalanas y de sectores de la oposición, de esta muy moderada oposición que nos ha tocado en suerte tener, criticaron la sentencia y hablaron, con voz alzada, de no dar ningún paso atrás en el ámbito del catalán, de defender los derechos lingüísticos de la ciudadanía catalana. Perfecto, de acuerdo, mejor imposible. ¿Puede haber alguna duda? Pero, ¿por qué esas mismas voces no dicen ni pío -o cuanto menos dicen muy poco- cuando otros derechos ciudadanos son maltratados, aniquilados y demediados? ¿No son acaso parte de lo esencial de un país? Una sentencia así ataca el país; mil otras sentencias (por ejemplo, la del TS de Catalunya a la que antes nos referíamos) y cien proyectos como el que hemos comentado, ¿no lo atacan, no lo liquidan en el fondo?
Notas:
[1] http://elpais.com/elpais/2012/06/25/opinion/1340648288_268072.html
[2] Si la prostitución fuera una actividad profesional como cualquier otra, como algunas voces «argumentan», no se entiende por qué no debería incluirse un ciclo de grado medio y superior en torno a esta actividad profesional donde se enseñase a besar, chupar, fornicar et alteri, con las correspondientes prácticas de convenio en centros de trabajo (FCT) incluidas
[3] http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/prostitucion-jonquera-the-new-york-times-1633741
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