Salarios golpeados por una inflación acumulada del 13,9% desde 2021 y convenios colectivos que no recuperan el poder adquisitivo perdido ahogan a los sueldos más precarios en facturas básicas, creando un enfado que cristaliza en las urnas.
“La mayor parte de la población no
tiene problemas en seguir pagando el alquiler”, afirmó la semana pasada
la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet (PSOE), en
una entrevista a la Cadena Ser, un día después de que el Consejo de
Ministros eliminara el Real Decreto 20/2022, el cual congelaba el precio
de los contratos de alquiler. “El Gobierno ha gestionado bien una
enormidad de dificultades [pandemia, volcán, guerra], pero esa gestión
no ha sido capaz de compensar un daño muy grande que se ha producido a
las capas populares, en las finanzas de las familias”, reconocía días
antes el ministro de Consumo Alberto Garzón (IU), en una entrevista a eldiario.es.
Por primera vez, un miembro del Gobierno mencionaba el abismo que existe entre la gestión ministerial de las calamidades y una clase vilipendiada por la inflación creada por la enésima crisis cíclica del capitalismo. Garzón introdujo en su discurso las condiciones materiales de la clase trabajadora; obvió que el grueso de la inflación ha sido asimilada por un sindicalismo que ha regalado los dos años más duros de la pérdida adquisitiva a la patronal en un pacto de rentas firmado en mayo por Comisiones Obreras, UGT, la CEOE y Cepyme. Ninguna de las cuatro organizaciones, tampoco el Gobierno, se atrevió a publicitar el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva como un pacto de rentas. “Pero es lo que es”, señala el secretario de acción sindical de la CNT en el Vallès Oriental, Genís Ferrero.
La pérdida del poder adquisitivo es “patente” y la mayoría de la población “solo recuperará una parte, porque la base del pacto de rentas es precisamente esa: que la clase trabajadora no recupere el poder adquisitivo”, asegura Ferrero. “Ese es el modelo de relaciones laborales que apuntalan los Pactos de la Moncloa, fomenta la desmovilización de la clase trabajadora y consolida la pérdida del poder adquisitivo de las dos últimas décadas”, concluye.
Líderes políticos y medios de comunicación de izquierdas llevan meses alabando los excelentes datos macroeconómicos españoles, tratando de elevar una moral hundida en los bolsillos. Tras el batacazo electoral del 28 de mayo, razonan que el auge de la derecha y la extrema derecha se debe a una abstención motivada por el griterío de la parte minoritaria del Gobierno de coalición y la ola reaccionaria al movimiento feminista. Como si la extrema derecha en España y el constante voto conservador fueran cosa nueva, en vez de una larga tradición que se remonta al golpe de Estado de 1936, y como si la realidad material de millones de hogares no influyera en el voto, con independencia de su ideología.
El IPC se disparó en 2021 al 6,5%, cerró 2022 al 5,7% y, hasta mayo, hay que añadir otro 1,7%, según el INE. Estas cantidades suman un 13,9%. Si tu convenio sigue congelado y tienes 14 pagas, estos números significan que, respecto a 2020, has dejado de percibir dos nóminas (cada nómina equivale a un 7,1% del salario anual, si se perciben 14 pagas). El enfado está ahí. Y quien menos cobra —el 30% de los hogares ingresan menos de 1.500 euros, según el INE—, más nota hasta dónde han subido el pan, las verduras, los huevos, el aceite.
Entre julio de 2020 y abril de 2022, la cesta de la compra se encareció un 33%, según la Unión de Consumidores de Extremadura, territorio donde uno de cada cuatro asalariados cobra el SMI y el PP formará gobierno con Vox. O como dice Maria Luisa, pensionista vasca: “La inflación sube, la pensión sube y los alimentos suben más. No he visto ninguna mejora, sino al revés”, indica sobre la revaloriazación de las pensiones al 8,5% el pasado enero. Dice que de análisis electorales no entiende, pero agradece que El Salto se haga eco de las penurias de las pensionistas con prestación escasa —enviudó en 2021—.
La profesora de política, experta en fascismo, Jule Goikoetxea, explica que cuando “el enfado es transversal, se cristaliza de diferente manera según la ideología: los votantes conservadores dan un paso más hacia el fascismo y votan a la ultraderecha, mientras que los de izquierdas optan más por la abstención”. Ambas son decisiones lógicas dentro de su razonamiento: “Para los conservadores, el fascismo representa los valores normativos de la sociedad española llevados al extremo —la misoginia, el supremacismo y el racismo—” , indica Goikoetxea. Mientras que la abstención enraíza en esa sensación de que, si con el actual Gobierno la cosa tampoco va bien, ¿qué más da? Una situación que recuerda a cuando el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero fue vapuleado en las elecciones municipales de 2011. Luego en las generales llegó Mariano Rajoy y aún devastó más los derechos de la clase trabajadora.
La diferencia entre el progresismo social del PSOE y el franquismo estructural del PP se acorta cuando topan con el neoliberalismo. “Si cuando las políticas que haces son igual de neoliberales y duras que las que haría la derecha, aunque estén maquilladas con un barniz de izquierda, estás alimentando a la ultraderecha”, alerta la secretaria de organización del sindicato mayoritario gallego, la CIG, Susana Méndez.
Un análisis que comparte con el miembro de la ejecutiva del sindicato mayoritario de Euskal Herria, ELA, Xabi Anza: “Se habla mucho de la extrema derecha pero poco de los elementos que en las últimas cuatro décadas le han allanado el camino: las políticas neoliberales”. E introduce otra variable: “Las políticas neoliberales promueven la horizontalización de los conflictos. Es decir, como hombre blanco, si pierdes el trabajo te enfadas con el inmigrante que cobra o crees que cobra una prestación, en vez de con la élite que se enriquece cada día más —verticalidad del conflicto—. Este caldo de cultivo genera fascismo”.
Mientras el neoliberalismo avanza imparable desmantelando el estado del bienestar y en la cada vez más difusa lucha de clases está mal visto criticar a Juan Roig, Marta Ortega e Ignacio Galán, el maquillaje de poco sirve cuando te levantas con el rímel corrido o perdiendo unas elecciones. “La renta es el factor más determinante en la abstención”, toma la palabra Laure Vega, candidata al Congreso por la CUP, “y todos los partidos a la izquierda del PSOE deberíamos hacer autocrítica en porqué no se ha sabido llegar al electorado”, plantea. Resume que los votantes de la propia CUP y de los Comuns —ahora en Sumar— acostumbran a tener estudios superiores y trabajos no tan precarios: “La abstención es la clave. Por mucho que se ponga el grito en el cielo, no hay trasvase de votos a Vox, la extrema derecha sube su representación por la abstención”. En cambio, el PSOE sigue cayendo de pie, y es la marca que más votos ha amasado en los barrios obreros, recuerda, quizá por esa norma no escrita de que quien gobierna repite dos legislaturas hasta agotar el carisma que otorga el poder.
Desde Catalunya, el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonés, ejemplifica el análisis: “Al contrario de lo que dice Meritxell Batet, el problema para acceder a una vivienda, mantenerla y poder construir un proyecto de vida es general, no anécdotico. Si el PSOE tiene un buen día, puede imaginarse planificando políticas para atender situaciones de extrema necesidad, pero nunca asume que la vivienda es una problemática estructural porque la concibe como un bien de mercado, en vez de un derecho”. La “cobardía” de los de Pedro Sánchez les impide ver que la vivienda “se come buena parte del salario, empobreciendo a la gente”, finaliza Aragonés.
El secretario general de CGT, Miguel Fadrique, califica las declaraciones de Batet como “irrisorias y ajenas a la realidad”. Recuerda que casi todos los trabajadores presentan un acusada pérdida de poder adquisitivo y que las medidas del “autodenominado Gobierno más progresista de la historia no ayudan a que sigan en el Gobierno, sino que promueven que la abstención venga de la izquierda ante una sistemática traición a la clase trabajadora, por mucho que quieran maquillarla con una reforma laboral que estabiliza un contrato precario”. Fadrique también usa el verbo maquillar y razona que las medidas tibias, tibias son. La reforma laboral de Yolanda Díaz fue una exigencia de la Unión Europea para que España recibiera el segundo tramo de los fondos Next Generation —14.000 millones—. La UE pedía que España recortara la temporalidad, tal y como sentencias del Tribunal Supremo empezaban a clamar. Díaz no recuperó los salarios de tramitación ni los días por despido perdidos con la reforma de Mariano Rajoy, no derogó la reforma de 2012 que ahondaba en la senda que arrancó la de Zapatero en 2011.
“Si le preguntas a una persona que ya era precaria hace dos años probablemente te contestará que hoy está igual o peor debido a los costes de la vida”, continúa el secretario general de CGT. Advierte que “la mal llamada paz social” es una trampa que impide a la clase trabajadora echarse a la calle “para impugnar esta asfixiante subida de los precios”. La paz social no solo es un concepto al que echar mano en un mitin, sino un elemento jurídico que regula los acuerdos que los sindicatos firman con las patronales. Si hay acuerdo, no se puede convocar una huelga.
Vega añade a la reforma laboral la gestión del Ingreso Mínimo Vital, una medida impulsada por Podemos y gestionada por el PSOE: “El Partido Socialista está más preocupado en la fiscalización de la pobreza que en universalizar las ayudas”. Esta apatía, desafección política o abstencionismo tiene una consecuencia sobrevenida y es lo que la representante de la CUP describe como “el desplazamiento de los marcos del debate”. En Italia, con el Gobierno de Meloni, se problematiza la celebración del 25 de abril [el Aniversario de la Liberación, el fin de la ocupación nazi en 1945], como aquí se ha cuestionado la del Orgullo, el 28 de junio”. Mientras, el PSOE ha realizado una “transferencia económica de presupuesto público a las grandes empresas”, como la subvención a las gasolineras o la bajada del IVA a los alimentos básicos. “La extrema derecha hubiera hecho algo parecido, menos disimulado. ¿Qué es mejor? Seguramente lo que ha hecho el PSOE porque la extrema derecha desmantelaría lo poco que queda del estado del bienestar, pero lo mejor es lo que no se atreve a hacer el PSOE: políticas valientes contra el gran capital”.
Y ahora, ¿qué?
Ante la pregunta de si el sindicalismo es una herramienta clave para hacer frente al fascismo, las personas entrevistadas afirman rotundamente que sí, con un solo matiz: “En Suecia la afiliación es del 80% y el bloque de derechas obtuvo la mayoría en las elecciones de septiembre; en Alemania, ronda el 40% y Alternativa para Alemania (AfD) es la segunda fuerza política. En Francia, el sindicalismo escasamente llega al 5% y en la segunda vuelta a la Asamblea Nacional participó Le Pen”, contextualiza Xabi Anza, quien prefiere hablar de la “potencialidad del sindicalismo”. “La democracia se juega en los márgenes y los votos políticos no son la única vía de legitimación, sino tratar de influir en la política a través del sindicalismo, de los colectivos y de una sociedad movilizada en base a intereses y aspiraciones, incluso contradictorias entre sí, con unas instituciones permeables a las demandas de la sociedad civil”, indica.
Advierte de que por mucho que la población de Euskal Herria se considere “inmune” al fascismo —Vox obtuvo un escaño en la Diputación de Araba y 2 en el Parlamento Navarro, con un PP también residual— “nadie está vacunado ni somos mejores que los españoles y los suecos, todos debemos estar muy vigilantes y militantes ante la más mínima restricción de las libertades”. Sugiere que el PNV se ubica en la impermeabilidad y pone dos ejemplos: “No quiere que ELA hable de fiscalidad, le gustaría poner corsé a un sindicato” y recuerda los servicios mínimos del 100% que impuso en el conflicto de las residencias, “vaciando el derecho a la huelga, si esto lo hubiera hecho Ayuso, habría salido en los medios”.
Genís Ferrero, de CNT, reivindica la importancia de “contraponer la clase” en los conflictos para evitar que sigan “cuajando los gérmenes de futuros movimientos fascistas”. En comparación con 2007, antes de la crisis financiera de Lehman Brothers, considera que el sindicalismo de izquierdas está en mejor posición. Para Susana Méndez (CIG), es imposible separar sindicalismo y movilización social, lo cual forma “una barrera fundamental y absolutamente necesaria” contra el fascismo y la ultraderecha. “Sin movilizaciones contundentes, no vas a ninguna parte”, añade Miguel Fadrique (CGT). “Somos la única garantía para defender el derecho a la vivienda y un lugar donde no puede penetrar el discurso de la okupación. En el Sindicat de Llogateres, las diferentes caras del mismo problema compartimos asamblea”, indica Enric Aragonés.