La finca de Somonte y el SAT

La perversidad y alienación de nuestra sociedad capitalista llega hasta límites que rayan lo grotesco. Y a veces, la necesidad de tener que explicar y justificar lo que es lógico, necesario y justo, se convierte en toda una odisea. Las acciones de reivindicación más básicas se convierten en auténticas hazañas, y en vez de criminalizar la verdadera delincuencia, ésta se tolera socialmente, y se criminalizan las acciones de protesta ante la crueldad e inhumanidad del sistema. Todo esto viene a cuento de la criminalización que los jornaleros sindicalistas del SAT están sufriendo desde hace varios años por la simple razón de ocupar las tierras de la finca andaluza de Somonte, y reivindicar el derecho a la utilización de la misma, para sacarle partido, y generar riqueza y puestos de trabajo para la zona. Pero intentemos verlo desde una perspectiva histórica, y es posible que comprendamos al menos los orígenes del injusto fenómeno.

Andalucía ha sido históricamente tierra de grandes caciques y señoritos, aristócratas, latifundistas y terratenientes, que poseían los grandes títulos, las grandes propiedades y las grandes fortunas, y que explotaban y masacraban al pueblo trabajando de sol a sol para mantener vivos sus múltiples intereses en todo tipo de empresas y explotaciones. Pues bien, parece que en pleno siglo XXI aún padecemos este panorama, ahora también desde el plano institucional, y hemos de continuar explicando la necesidad de democratizar las grandes explotaciones de terreno, de ocupar los territorios abandonados, de hacer tributar a las grandes fortunas, y de expropiar los grandes patrimonios que dichos personajes y familias atesoran. En nuestra tierra, históricas familias como los Alba, los Osborne o los Domecq, por citar sólo las más representativas, se han enriquecido a costa de la sangre, el sudor y las lágrimas del pueblo andaluz. Y aún hoy día continúa el mismo chiringuito montado, amparado como decimos desde el nivel institucional (hablamos de la Junta de Andalucía, del Gobierno del Estado Español y de la Comisión Europea concretamente), que mediante un perverso sistema de ayudas y subvenciones públicas, favorece injustamente que los grandes propietarios continúen percibiendo escandalosos fondos sólo por poseer la tierra, mientras existen millones de personas en situación de desempleo, pobreza y precariedad. Pues bien, el caso de Somonte ilustra perfectamente esta situación.

En Andalucía el 50% de la tierra está en manos del 2% de los terratenientes, que perciben millonarias subvenciones por sus terrenos, mientras la inmensa mayoría de la población rural sufre pobreza y paro. Ante esta escandalosa situación, y aplicando un punto de vista justo y lógico, concluiríamos que es necesario entregar a los trabajadores y trabajadoras aquéllas fincas con potencial productivo que están sin cultivar, como es el caso de Somonte o de la finca de Las Turquillas, en la comarca de la sierra sur de Sevilla, donde extensos terrenos cultivables se usan únicamente para la cría de unos cuantos caballos. ¿Puede mantenerse esta situación por más tiempo en una de las Comunidades y provincias con mayor índice de desempleo de todo el Estado? Pensamos que es tremendamente injusto, cruel e irracional, a la vez que improductivo, mantener esta situación únicamente para beneficio de unas cuantas poderosas familias. Pues bien, el problema es que se han topado con el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores, surgido del histórico SOC, Sindicato de Obreros del Campo de la década de los 70). Y el SAT no entiende de chiquitas.

El SAT podría definirse como el paradigma del nuevo sindicalismo del siglo XXI, valiente, audaz y arriesgado, que rompe con los cánones del clásico sindicalismo de clase, ocupado únicamente de los trabajadores en activo, olvidando otros nichos de la población, y que además últimamente ha perdido su naturaleza rebelde y combativa, convirtiéndose en un triste aliado conciliador del sistema. La esencia del SAT nos la cuenta a las mil maravillas en una reciente entrevista Óscar Reina, portavoz nacional de este sindicato: «Creemos que el sindicalismo del siglo XXI tiene que dar un paso más y no se puede quedar sólo en los centros de trabajo. Tiene que actuar y apoyar a los desfavorecidos, en la calle, estar en los movimientos antidesahucios, okupas, en defensa de la sanidad, de la educación, con todos aquéllos que luchan contra el capitalismo, el cáncer de esta sociedad. Tampoco podemos olvidar a los movimientos ecologistas, hay que avanzar en el decrecimiento y la sostenibilidad, o damos ese paso o estamos condenados a la extinción. Luchar contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria (una batalla muy presente en Andalucía). Son procesos que van de la mano del anticapitalismo«. Y bajo esta clara y contundente filosofía, los jornaleros y sindicalistas del SAT han ocupado ya varias veces estas fincas, y por este motivo, las autoridades solicitan para ellos decenas de años de prisión y cientos de miles de euros en multas, convirtiéndose, como no podía ser de otra manera, en uno de los sindicatos más represaliados de la historia.

Porque el SAT es un sindicato alternativo, asambleario y anticapitalista. Conserva las esencias de las históricas luchas obreras que alcanzaron las conquistas de las que hoy gozan muchos trabajadoras, pero que este fanático e indecente sistema neoliberal quiere arrebatarnos. El SAT no es por tanto un sindicato al uso. No sólo están presentes en los centros de trabajo, sino en las luchas contra la precariedad, contra las reformas laborales y en defensa de los derechos sociales, civiles y políticos, pero por encima de todo ello, valoran la acción directa, simbólica y representativa. Aquí es donde se diferencian del resto de los sindicatos. La acción reivindicativa y simbólica viene desde abajo, como una protesta popular que pasa a la acción directa, siempre pacífica pero valiente, para representar ante la ciudadanía la injusticia y los anacronismos de un sistema caduco y decadente. Esto se traduce por ejemplo en la ocupación de fincas, o en las expropiaciones de alimentos o de material escolar (como ocurrió en los famosos casos de Mercadona y Carrefour), que no son robos, sino justos actos de denuncia de las graves injusticias que sufren los de abajo, ante la pasividad y connivencia de los de arriba.

Pues bien, en el caso de Somonte, como nos contaba Damián López en este artículo de Diagonal, la Junta de Andalucía decidió sacar a subasta las tierras de dicha extensa finca, aproximadamente unas 22.000 hectáreas de titularidad del IARA (antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria, extinguido a finales de 2010). Situada cerca de la localidad cordobesa de Palma del Río, la Junta tenía a estas tierras en un completo abandono. Apenas generaba un puesto de trabajo para el guarda, y algunas peonadas muy concretas para arar la tierra y cultivar cereal. La Junta de Andalucía sacó a subasta a finales de 2011 las tierras de la finca por un monto de casi cinco millones de euros, en vez de ponerla a disposición de los jornaleros, para que pudieran vivir y trabajar en ella. Es decir, el Gobierno «socialista» de la Junta decidió especular con estas tierras en vez de ponerla a disposición de las personas que realmente la necesitaban, a sabiendas de que ningún campesino ni asociación de ellos podría pagar dicho precio por la finca. Ya sabemos quiénes podrían pujar por ella. Los mismos de siempre. Para hacer lo mismo de siempre, en beneficio de los de siempre y en perjuicio de los de siempre. La gente del SAT ocupó la finca, y comenzaron un proceso de transformación del uso de la misma con la creación de huertos, gallineros, preparación del terreno para la siembra de cultivos, olivos, frutales, trigo, girasol ecológico… en definitiva, trabajar la tierra, para darle vida y para obtener de ella los frutos que podrían dar de comer dignamente a estos jornaleros andaluces…¿Se puede en justicia criminalizar este comportamiento? ¿No estaría cualquier persona de bien a favor de esta acción?

Nosotros pensamos que la tierra no tiene dueño, por mucho que algunos agentes ostenten su titularidad. La tierra es para trabajarla, no para especular ni para hacer grandes negocios con ella. La tierra no es para abandonarla, para hacer que se deteriore, que se vuelva improductiva, mientras se desvían millonarios fondos para dichos titulares de la tierra. Los jornaleros del SAT no piden la titularidad de las tierras de Somonte, sino el derecho a trabajar en ellas. El derecho a valerse de la productividad de esta naturaleza viva, para poder trabajar y vivir dignamente, ellos y sus familias. Desde la primera ocupación en marzo de 2012, varias veces han sido desalojados por la Guardia Civil de manera pacífica, pero ellos han vuelto a ocuparla inmediatamente. Veremos qué ocurre al final. Pero indudablemente, este es el camino. Cuando el sistema no te deja otras alternativas, y la solución está tan cerca de los que sufren, es justo y humano hacerse con dicha solución. El SAT no piensa abandonar Somonte, ni ninguna de las otras fincas que se encuentran en situación parecida. Nosotros los apoyamos. Entienden que la ocupación de las mismas por parte de jornaleros sin tierra y sin empleo, que soportan situaciones extremas de pobreza y desesperanza, es mejor que la subasta de las tierras y su concesión a banqueros, terratenientes o especuladores, decididos a engrosar sus beneficios mediante subvenciones europeas, ayudas públicas, o como mucho, ganancias obtenidas por la explotación agrícola extensiva e industrializada (para biodiésel, transgénicos, etc.), sin generar prácticamente ningún puesto de trabajo. Muchos estamos de acuerdo con el SAT. Lo decepcionante es que aún existan muchas otras personas que no lo estén, y continúen justificando al injusto y depredador sistema que nos gobierna.

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