La Diputación de León al frente del consorcio que gestiona las basuras de esta provincia ha permitido que 500.000 toneladas de residuos estén almacenados en el campo durante más de 12 años sin ningún tipo de medidas de control. Ahora se están trasladando las basuras al Centro de Tratamientos de Residuos. Los ayuntamientos afectados denuncian […]
La Diputación de León al frente del consorcio que gestiona las basuras de esta provincia ha permitido que 500.000 toneladas de residuos estén almacenados en el campo durante más de 12 años sin ningún tipo de medidas de control. Ahora se están trasladando las basuras al Centro de Tratamientos de Residuos. Los ayuntamientos afectados denuncian el atentado ecológico y la mala gestión de la empresa de Florentino Pérez y Esther Koplowitz.
Los 11 ayuntamientos de las mancomunidades del Órbigo y de la Cepeda, junto a los de Astorga y Carrizo, de León, denunciaron el 31 de octubre ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Castilla y León y el Seprona el traslado y gestión de 500.000 toneladas de basura que se están transportando por las carreteras de estos municipios sin ningún tipo de control. Desde el 1 de septiembre, unos 40 camiones trasladan diariamente 6.000 toneladas de residuos de todo tipo. Van cargados con grandes fardos de basura descompuesta desde la finca de El Busto, en Santa María del Páramo, hasta el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de León, situado a 30 kilómetros, en San Román de la Vega. Los vehículos pierden la basura por el camino y el líquido contaminante que ésta desprende. Cuando llegan al CTR, los camiones vuelcan todo el contenido en el vaso de rechazo (espacio en el que se desecha la basura, que no puede ser tratada). No se separa.
Los 13 ayuntamientos piden a la Fiscalía que vaya hasta el final en la investigación de por qué esas miles de toneladas de residuos no se trasladaron hace diez años, como estaba previsto. La Diputación de León, que encabeza el consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de León (Gersul) junto a representantes de todos los ayuntamientos de la provincia, acordó hace años que la gestión de esas basuras la llevaría la unión temporal de empresas (UTE) Legio VII, formada por Urbaser, propiedad de Florentino Pérez, y FCC, de Esther Koplowitz. Al mismo tiempo, estas empresas se encargarían también de la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos provincial. Pero el CTR entró en funcionamiento en 2004 y los miles de kilos de basura del emplazamiento temporal de El Busto no se trasladaron.
La sombra de Isabel Carrasco
Gersul se creó a iniciativa de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León por el PP durante siete años y máxima responsable del PP leonés que llegó a acumular 13 cargos. Carrasco murió asesinada en mayo por una exmilitante del PP, madre de una extrabajadora de la Diputación, Triana Martínez, que tras su detención declaró, entre otras cosas, que Carrasco adjudicaba las obras a dedo y por un valor superior al real. Su delfín, Marcos Martínez (PP), alcalde de Cuadros durante 20 años, que la sustituyó en la Diputación, acaba de ser encarcelado por el juez Eloy Velasco, dentro de la Operación Púnica, como uno de los principales cabecillas de la trama de corrupción.
La Diputación, como responsable de Gersul, permitió que esas 500.000 toneladas de basura se almacenaran en condiciones ilegales, con un plástico como único aislante del terreno. La cantidad de basura es, además, diez veces superior a las 50.000 toneladas previstas. Todo con la connivencia del presidente de Gersul, el diputado regional de Medio Ambiente del PP en la Junta, José Antonio Velasco, que ha declarado recientemente que los municipios que denuncian esta situación buscan dinero porque «esa basura ya ni huele». Velasco, al igual que sus compañeros de partido, acumula otros tantos cargos en la provincia.
Este verano, el 28 de agosto, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León autorizó el traslado de los fardos de basura. La orden venía precedida de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que daba la razón al Ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo (300 habitantes), municipio que limita con la finca donde se almacenan las balas de basura y más afectado por su proximidad y porque las aguas de la zona vierten en sus tierras, con el peligro de contaminación por lixiviados (líquidos contaminantes procedentes de los residuos). Diagonal ha intentado hablar con la alcaldesa de Valdefuentes, Pilar López (PP), pero no ha querido hacer declaraciones. Valdefuentes lleva años reclamando la retirada de las 500.000 toneladas de residuos, y ya en 2007 el Procurador del Común le dio la razón.
El negocio de Florentino Pérez y Esther Koplowitz
El consorcio de Diputación y ayuntamientos acordó pagar a las empresas de Florentino Pérez y Esther Koplowitz por el traslado de los fardos al CTR casi cuatro millones de euros, 14 euros por tonelada calculando sobre un total de 370.000 toneladas, aunque son muchas más las almacenadas. Sin embargo, no hay ningún control. «Urbaser y FCC cobran por toneladas de basura que entra en el CTR, pero no están pesando los camiones; pueden estar metiendo mucho más. Además, no les interesa tratar la basura, descargan todo en el vaso de rechazo, en contra de la ley y el permiso de la Junta de Castilla y León», afirman desde la Plataforma Ciudadana para una Gestión Transparente y Eficaz del CTR, recién creada por vecinas y vecinos de los municipios afectados.
Luis Canedo, portavoz del grupo ecologista Bierzo Aire Limpio, señala: «En la provincia de León contábamos con una gran cantidad de vertederos ilegales. La basura acababa en los ríos y en el campo. Fue una reivindicación de los grupos ecologistas la construcción de un centro de tratamiento de residuos. Pero ahora nos encontramos con que la basura no se trata, todo va al vaso de rechazo». El CTR, que iba a ser un centro puntero en Europa, se inauguró en 2004 con un sobrecoste de 12 millones de euros, que cobraron Urbaser y FCC, además de otros 125 millones por la maquinaria, que incluía tecnología llegada desde fuera.
«Desde el principio, la gestión del CTR ha sido muy opaca, no se ha permitido nunca entrar a los medios de comunicación. Ya en 2009, el gerente reconoció que el nivel de eficiencia de la planta de reciclaje era del 17%, aunque fuentes oficiales hablan ahora del 30%. Aun dando por buenos estos datos, nos parece un escándalo que el 70% de los residuos en una planta de reciclaje se sigan enviando al vertedero que tiene la planta», denuncia Canedo.
El CTR de León se anunció como un proyecto modelo en la separación y el reciclaje de las basuras. También en la producción de compost (abono a partir de los residuos orgánicos), pero ni siquiera el compost tiene salida «es tan malo que, aunque lo regalan, los agricultores lo rechazan porque no quieren contaminar sus huertas. Tiene de todo, restos de vidrio, envases…», señala el portavoz de Bierzo Aire Limpio.
Para Fidel, vecino de la zona y miembro de la plataforma, ni siquiera la ubicación de la planta de residuos es la adecuada. «Todos los informes descartaron construirlo en San Román de la Vega por la proximidad de los acuíferos. Pero finalmente se eligió este emplazamiento». Al parecer, un diputado regional ‘peleó’ para que el Centro de Tratamiento de Residuos se lo llevara su pueblo.
La balsa de lixiviados
Ecologistas, vecinos y alcaldes temen que la balsa de lixiviados que se encuentra en la planta de reciclaje se rompa y vierta el líquido contaminante a los acuíferos y tierras de la comarca. Además, según la plataforma, agricultores de la zona denuncian que se «suele soltar los lixiviados hacia las tierras cercanas». Por su parte, los ayuntamientos denunciantes subrayan que el CTR ya está colapsado a pesar de que su funcionamiento iba a permitir tratar la basura de toda la provincia de León hasta 2023. Por ello, los gestores del CTR están planeando la construcción de otro vaso de rechazo.
Fidel apunta que la clave de todo este desastre ambiental en León son los intereses económicos que hay detrás. Recuerda que el Ayuntamiento de Santa María del Páramo (3.000 habitantes) está cobrando más de 200.000 euros al mes -más de dos millones de euros al año- por las balas de basura acumuladas en su municipio. «Está claro que el alcalde no quería sacarlas de allí. Además, no hay más que ver cómo ha puesto el pueblo, está lleno de rotondas y en cada una de ellas ha plantado una escultura», dice.
Santa María del Páramo cuenta con un lujoso complejo de aguas termales financiado por el Ayuntamiento. Miguel Ángel Egido (PP), al frente del Consistorio desde hace más de 15 años no ha tenido problemas con los fardos de basura en su término municipal, incluso se posicionó a favor del enterramiento de los mismos en el lugar que ocupan. El día que se inauguró el CTR, en 2004, declaró a los medios de comunicación: «Muy pronto empezarán a llevarse las balas. Hasta entonces, el Ayuntamiento seguirá cobrando la renta hasta última hora, pero que nos quiten lo bailao».