Durante años se ha tergiversado la información al país sobre una supuesta bonanza pesquera, que en la práctica solo benefició a un puñado de personas, causando un serio daño al ambiente y al ecosistema marino de Humboldt. Durante años los medios de comunicación fueron silenciosos espectadores de una extracción de nuestros recursos pesqueros que no […]
Durante años se ha tergiversado la información al país sobre una supuesta bonanza pesquera, que en la práctica solo benefició a un puñado de personas, causando un serio daño al ambiente y al ecosistema marino de Humboldt.
Durante años los medios de comunicación fueron silenciosos espectadores de una extracción de nuestros recursos pesqueros que no benefició a los pobladores mas necesitados del país, ni a la Nación misma.
Durante años la conducción política del país hizo oídos sordos y ojos ciegos a la explotación de nuestros recursos pesqueros, privilegiando a un grupo de empresarios que de una u otra forma manejaron a su antojo y conveniencia el sector, y crearon las condiciones para la aparición de un sistema inadecuado e injusto en el otorgamiento de licencias, control de la pesca, demoras en la aplicación de medidas de protección y conservación del ambiente, y lo más grave: una contribución pobre al país en impuesto a la renta y derechos de pesca.
Durante años se postergó la alimentación nacional favoreciendo la exportación de harina de pescado, y ahora se pretende mostrar una figura de generosidad regalando pescado en apoyo a los programas sociales del nuevo gobierno, cuando ese pescado que ha generado algunas fortunas le corresponde por derecho propio al pueblo peruano.
Le corresponde a la Nación una participación equitativa en los beneficios económicos derivados de la industria de harina de pescado. No a través de caridad para atender programas sociales.
Solo por mencionar un ejemplo que puede ser emblemático: La descontaminación y limpieza de la bahía del Ferrol en Chimbote, según los cálculos más optimistas, costaría unos 600 millones de dólares. Aún suponiendo que la industria pesquera tenga tan solo un 50% de responsabilidad, lo que supondrían 300 millones de dólares…¿quién va a pagarlos para recuperar la bahía y la calidad de vida de la población de Chimbote? ….¿El Estado?…..¿Con que recursos si la contribución tributaria del sector no llega a esa cifra en los últimos 5 años? Y además…los impuestos del sector… ¿tendrían que ser gastados en limpiar y descontaminar lo que el provoca?
La pregunta subsiste: bajo las perspectivas reales de la contaminación, el daño al ecosistema, el escaso beneficio para el país procedente de la recaudación tributaria…¿cuál es el real beneficio para el país que representa esta industria?
Descontando a la pequeña población laboral a la que da empleo directo y a los sectores que da empleo indirecto…el país en su conjunto ¿recibe más beneficios que daños por la actividad industrial de la harina de pescado?
¿Tendría el país que asumir el costo de limpiar y descontaminar lo que una industria que ha lucrado con dicho negocio ha contaminado y ensuciado?
Porque si el país tiene que hacerlo, estamos ante una situación de privilegio y favoritismo que la Sociedad no debe permitir. La industria de la harina de pescado debe limpiar y descontaminar aquellas áreas que ha afectado con su actividad, eliminar el vertido de contaminantes al mar, pagar derechos de pesca adecuados, reducir la cuota de captura de anchoveta a niveles que no pongan en riesgo la estabilidad del ecosistema, y contribuir más significativamente con el impuesto a la renta. Solo así podría ser considerada una actividad beneficiosa para el país, y moralmente válida.
Esta situación debe provocar indignación y movilización social para exigir ordenamiento y justicia en la distribución de la riqueza proveniente de recursos naturales que son patrimonio de la nación.
Un gremio pesquero ha ofreciso doanr pescado a los mas necesitados. No se puede ofender al pueblo peruano ofreciendo caridad en lugar de participación en la renta generada por la bonanza de la industria de harina de pescado. No se puede ofender la inteligencia y la dignidad del país ofreciendo pescado para apoyar programas sociales del gobierno, cuando lo que corresponde es una mayor participación de la renta del negocio.
La sociedad no puede seguir permaneciendo indiferente ante una situación de flagrante inequidad. El país no puede olvidar el mensaje de las elecciones pasadas procedente de las poblaciones del sur del país, cansadas de un sistema que privilegia a unos pocos y olvida a las mayorías.