Khalid Brodli tiene 37 años y desde hace doce reside en Fuerteventura, donde trabaja como cuidador de animales. Hace unos pocos días, este ciudadano denunció en el Juzgado local de Corralejo, al que llegó en silla de ruedas y acompañado de su abogado, que seis agentes de la Guardia Civil le propinaron una brutal paliza […]
Khalid Brodli tiene 37 años y desde hace doce reside en Fuerteventura, donde trabaja como cuidador de animales. Hace unos pocos días, este ciudadano denunció en el Juzgado local de Corralejo, al que llegó en silla de ruedas y acompañado de su abogado, que seis agentes de la Guardia Civil le propinaron una brutal paliza que le provocó la rotura del fémur por cinco sitios distintos.
La agresión se produjo – según la denuncia de Brodli – el pasado 8 de diciembre, cuando dos agentes de este cuerpo militar lo detuvieron en la calle y lo condujeron hasta su cuartel para «registrarle mejor». Una vez allí, le hicieron desnudar y, al negarse a quitarse la ropa interior, uno de los Guardias Civiles le propinó un puñetazo en la cara. No le encontraron nada encima y, por tanto, le iban a poner en libertad, pero él insistió en formular una denuncia por el trato recibido. Fue en ese momento cuando le subieron a un coche oficial seguido de otro vehículo de la Guardia Civil y lo condujeron – afirma Khalid Brodi – a un descampado situado en la trasera del centro de salud de Corralejo. «Allí me golpearon durante un rato – relata Khalid -. Cuando se cansaron, me dejaron tirado en el descampado sin el móvil. Cuando intenté ponerme en pie, me di cuenta que no podía, que tenía el muslo roto». Como pudo, Khalid llegó hasta el Centro de Salud, desde donde lo enviaron al Hospital General, en el que le operaron por una fractura múltiple en el fémur.
En declaraciones a un periódico local Khalid Brodli afirmó que «todavía no sabe por qué lo agredieron, y que los Guardias Civiles «volvieron para amenazarme y decirme que si decía algo me mataban, no quería hablar, no dije nada, hasta llegar al hospital y sentirme seguro».
Brodli asegura también que «si no lo vives, no puedes ni imaginarte lo que significa vivir con miedo» y que «solo quiere justicia». Sin embargo, los informes de diversos organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos indican que una petición aparentemente tan elemental no está en absoluto garantizada en el Estado español y que, más allá de su presunción de inocencia, los agentes implicados en casos de torturas y malos tratos gozan de una «impunidad efectiva». No por casualidad, es éste el subtitulo de un exhaustivo informe elaborado por Amnistía Internacional – «Sal en la herida» (1) – dedicado al Estado español y en cuya introducción se recuerda que «junto a otras ONGs nacionales e internacionales y diversos órganos de derechos humanos de la ONU y el Consejo de Europa…esta organización lleva años expresando honda preocupación por casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en España».
«La impunidad de que disfrutan muchos agentes de policía se debe» -según AI – a varios factores. Entre ellos, a la increíble paradoja de que son los mismos cuerpos de seguridad investigados los encargados de llevar a cabo dichas investigaciones y «los jueces de instrucción y los fiscales se basan en gran medida en declaraciones de la policía y no les dan el mismo crédito a las supuestas víctimas ni a los testigos». Así, y según denuncia esta organización, «cuando surge un caso de presuntos malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el proceso suele ser siempre el mismo: investigación interna inexistente o inadecuada de lo sucedido y rápido archivo de toda denuncia judicial por falta de pruebas, incluso si hay datos médicos y otros indicios creíbles que la respaldan». Amnistía Internacional alerta también sobre casos en los que agentes implicados en este tipo de delitos denuncian a su vez a las presuntas víctimas, con el objeto de intimidarlas y desacreditar sus testimonios. Sin embargo, y según se desprende de éste y otros informes similares, el encubrimiento y la complicidad con estas prácticas se produce en todos los ámbitos de la administración de «justicia», y se concreta en «obstáculos a la presentación de denuncias», «informes médicos incompletos o inexactos» o «la ausencia de imparcialidad en las investigaciones y los retrasos excesivos de los procedimientos».
Cabe señalar aquí la especial responsabilidad de los sucesivos Gobiernos del Estado, que han ignorado todas las recomendaciones hechas a España a este respecto, incluso por la ONU, limitándose a negar la evidencia. Entre estas recomendaciones, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas sugería que se grabasen en vídeo los interrogatorios policiales de los detenidos y pedía que el Estado español «mejorase su legislación» para prevenir las torturas y malos tratos en las dependencias policiales.
En el año 2004, el «Informe sobre la tortura en el estado español» constataba la autenticidad de cerca de 800 casos en los que se produjeron este tipo de prácticas que -según Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación sobre la Tortura de Madrid y de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT) – sólo representan una parte de la realidad, ya que muchas de las víctimas de estas agresiones no llegan a denunciarlas. En cualquier caso – declaraba del Cura en una entrevista reproducida en diversos medios electrónicos – «año tras año, los casos de torturas y agresiones policiales denunciadas, de los que tenemos constancia, están aumentando. Este aumento que venimos observando desde el año 1996, se ha disparado desde el año 2001».
LA IMPUNIDAD JUDICIAL Y EL RECURSO ÚLTIMO DEL INDULTO
Justamente en el año 1996, el Comité de Derechos Humanos de la ONU afirmaba, refiriéndose a la situación en España, que veía con inquietud que «las autoridades públicas no siempre realizan investigaciones [sobre presuntos malos tratos] sistemáticamente y que, cuando los miembros de esas fuerzas son declarados culpables de tales actos y condenados a penas de privación de libertad, a menudo reciben indultos, son excarcelados pronto o simplemente no cumplen la condena». Once años después, ésta sigue siendo una realidad que, según ha recordado AI, sitúa a los «funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por encima de ella», lo que impide sostener – sin incurrir en la más evidente hipocresía – que nos encontramos en un Estado de derecho.
El Informe «Sal en la herida» recoge algunos ejemplos concretos de este tipo de indultos, a los que podría añadirse la excarcelación del ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 75 años de reclusión por «secuestro y asesinato», concedida aludiendo a sus «problemas de salud». Una medida de gracia que no se aplica a presos comunes con dolencias más graves que las que sufre – supuestamente – el ex general.
Amnistía Internacional se refiere también a las penas insignificantes, en relación a los delitos cometidos, que suelen imponerse a los escasos policías o Guardias Civiles que son finalmente condenados por «torturas o malos tratos». Especialmente representativo de esta desproporción es el caso del agricultor Juan Martínez Galdeano, que falleció en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar en julio de 2005, después de recibir una paliza que continuó después de que fuera reducido, y de que se utilizará contra él una pistola de electrochoque Taser, no reglamentaria. De los ocho agentes procesados por estos hechos, cinco fueron absueltos. Dos fueron declarados culpables de una falta de lesiones con la agravante de abuso de superioridad, y fueron condenados al pago de una multa. El oficial al mando, José Manuel Rivas, fue declarado culpable de un delito de atentado no grave contra la integridad moral del fallecido y de una falta de lesiones. Fue condenado a 15 meses de prisión, al pago de una multa y a inhabilitación para empleo o cargo público durante tres años.
Asimismo, el Informe de Amnistía Internacional menciona el caso del actual comisario provincial de Sta. Cruz de Tenerife, Juan Antonio Gil Rubiales – denunciado por primera vez hace más de dos años en Canarias-semanal.com. En 1981, Gil Rubiales participó en las brutales sesiones de tortura que terminaron conduciendo a la muerte del detenido Joseba Arregui. Rubiales fue encausado y la Audiencia Provincial de Madrid lo absolvió en dos ocasiones. La segunda de ellas argumentando que «no había pruebas de malos tratos», a pesar de que la autopsia confirmaba múltiples indicios de violencia física en el cuerpo del fallecido, entre ellos quemaduras de cigarrillos en los pies. (2) Sin embargo, el peculiar contexto político en el que se produjeron estos hechos lo convirtieron en un escándalo de enormes proporciones. (3) Finalmente, Juan Antonio Gil Rubiales fue declarado culpable de torturas por el Tribunal Supremo y condenado a tres años de suspensión de empleo y sueldo, y a un máximo de cuatro meses de arresto. Después de cumplir su breve periodo de «suspensión» Gil Rubiales se reincorporó al trabajo en 1992 en la Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid. Tras un breve paso por Gran Canaria y el Sur de Tenerife, Rubiales protagonizó un meteórico ascenso profesional que ha concluido, por el momento, con el puesto de máxima responsabilidad en el Cuerpo General de Policía de Sta. Cruz de Tenerife, avalado por Narciso Ortega -Jefe Superior de Policía de Canarias- y por el actual delegado del Gobierno en las islas, José Segura Clavell.
Con tan significativos antecedentes, no parece previsible que el Delegado del Gobierno vaya a prestar especial atención a esta nueva denuncia contra la Guardia Civil, presentada por un ciudadano, Khalid Brodli, cuyo particular calvario, mucho nos tememos, no ha hecho más que comenzar.
EL CASO DE ANTÓNIO FONSECA: MUERTO EN UNA COMISARÍA DE ARRECIFE
António Fonseca, originario de Guinea-Bissau, vivía en Madrid, estaba casado y tenía una hija. En mayo de 2000 se encontraba de vacaciones en Lanzarote, donde residía su hermana. A la puerta de la casa de ésta lo abordaron de madrugada dos policías que -según manifestaron- «pensaban que llevaba drogas». Logró eludir la detención y fue perseguido por la calle antes de ser esposado, introducido en el asiento trasero o en el maletero del vehículo patrulla y llevado luego a rastras al interior de la comisaría. Allí, aún inmovilizado y en el pasillo que conducía a las celdas, perdió el conocimiento y murió.
Sobre las causas de su muerte la policía ofreció hasta tres versiones diferentes. En principio, sostuvo que falleció por la ingestión de un paquete de heroína. La familia rebatió esta versión, había tomado fotografías del cuerpo en el depósito de cadáveres que mostraban lesiones externas en la cara y otras partes del cuerpo. La policía rectificó su versión sobre la causa de la muerte, asegurando que Fonseca no había muerto por ingestión de drogas, sino de un ataque al corazón asociado a un edema pulmonar. La primera autopsia practicada no encontró señales de lesiones externas significativas y, según informes, atribuyó la muerte a una acumulación de líquido en los pulmones, provocada por tensión nerviosa, apoyando así la segunda versión oficial.
Sin embargo, en la segunda autopsia, realizada por José Antonio García-Andrade, eminente catedrático de Medicina Legal, se observaron una serie de contusiones, hematomas y rasguños en el cuerpo y una lesión de especial relevancia en el músculo esternocleidomastoideo del lado derecho del cuello. El catedrático descartó una muerte repentina por causas naturales o por ingestión de drogas y dijo estar seguro de que la muerte se había producido por inhibición de la respiración a raíz de un «golpe dado con un objeto contundente». Según un informe toxicológico realizado por representantes del Instituto Nacional de Toxicología, no había rastro de drogas en la sangre ni en las vísceras de la víctima.
De acuerdo a la tercera versión oficial de la causa de la muerte, António Fonseca se había golpeado con el espejo retrovisor de un automóvil y se había caído mientras era perseguido por la policía. Una afirmación que no se ajustaba tampoco a los testimonios ofrecidos por dos vecinos del lugar que habían presenciado la persecución desde un balcón.
Se encargó un nuevo examen a una médica forense adscrita a la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria, a quien se pidió que actuara de árbitro entre las dos autopsias contradictorias. Ésta no pudo examinar el cadáver porque para entonces ya había sido trasladado a Guinea-Bissau. Sin embargo, concluyó que había deficiencias en los informes de ambas autopsias y que el guineano podía haber muerto por causas naturales, si bien al parecer no pudo descartar la posibilidad de violencia.
En septiembre de 2000, el ministro del Interior explicó al Congreso que no había pruebas de que António Fonseca hubiera sido maltratado por los agentes de policía y que no se tomarían medidas disciplinarias contra ellos. El juez de instrucción no dio ningún valor al testimonio del testigo principal presentado por la familia Fonseca, un hombre que se encontraba detenido en la misma comisaría donde este murió. Puso en duda la importancia de la autopsia de Andrade y sí concedió mucho crédito a la «opinión experta» de la última doctora, que ni siquiera llegó a examinar el cadáver. Sobreseyó la causa sin formular cargos contra los policías. (4)
Notas y referencias bibliográficas:
(1) «Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y malos tratos». Informe de Amnistía Internacional sobre el Estado español.
(2) Ver el vídeo-reportaje «La tortura en España». Canarias-semanal.com
(3) Ver «La atribulada historia de un comisario torturador». Armando Quiñones. Canarias-semanal.com
(4) Información extraída de España. Crisis de identidad. Tortura y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado. Informe de Amnistía Internacional.