Un nuevo estudio cuantifica el impacto de utilizar alimentos para mover nuestros vehículos, en el contexto de crisis energética y desabastecimiento de cereales provocado por la invasión de Ucrania.
Ecologistas en Acción alerta de que la utilización de materias primas alimentarias para la producción de biocombustibles contribuye de forma directa al aumento del precio de los alimentos, poniendo en riesgo de inseguridad alimentaria a millones de personas en todo el mundo.
Una coalición de organizaciones europeas, de la que forma parte Ecologistas en Acción, ha pedido a sus respectivos gobiernos una suspensión inmediata del uso de cultivos alimentarios para la fabricación de combustibles.
Según el informe hecho público ayer por la organización europea Transport & Environment, de la que forma parte Ecologistas en Acción, Europa convierte cada día 10.000 toneladas de trigo —el equivalente a 15 millones de hogazas de pan de 750 gramos— en eta
nol para su uso como combustible para automóviles. Igualmente, a la luz de los datos ofrecidos por el informe, eliminar el trigo de los biocombustibles europeos compensaría en más del 20 % la falta de suministro de trigo ucraniano en el mercado mundial.
Sin embargo, el trigo no es el único alimento empleado masivamente para la producción de combustibles. Otros productos de tipo alimentario (maíz, cebada, palma, soja, colza, caña de azúcar, o remolacha azucarera, entre otras) representan igualmente materias primas altamente demandadas por la industria para producir combustibles. Algo que, más allá de los graves impactos que causa desde los puntos de vista ambiental y climático (destrucción de ecosistemas, pérdida de biodiversidad o aumento de emisiones), constituye una causa fundamental del encarecimiento de toda una serie de alimentos de primera necesidad. Una tendencia que no es nueva, pero que se ha intensificado en el contexto como consecuencia de la invasión de Ucrania.
Por ello, ante las presiones de la industria para sustituir el petróleo ruso por biocombustibles procedentes de cultivos alimentarios, una coalición de organizaciones europeas entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, han reclamado a sus respectivos Gobiernos una suspensión inmediata el uso de materias primas basadas en cultivos alimentarios y forrajeros para producir biocombustibles.
“Garantizar un suministro estable de energía a la población y a la economía no debe ir en detrimento de la seguridad alimentaria de la población, ni de permitir que la inflación de los precios de los productos alimentarios de primera necesidad esté fuera de control”, afirma la carta enviada ayer por las organizaciones ecologistas y sociales a los diferentes ministerios implicados en cada Estado miembro.
La utilización de cultivos alimentarios para producir combustibles, promovida por la UE desde hace más de una década, ha demostrado ser ineficaz para reducir las emisiones de su sector transporte, ineficiente a la hora de extraer el mayor partido posible de las superficies cultivables y dañina por su impactos asociados de deforestación y destrucción de ecosistemas. Además, son una causa directa del encarecimiento de los alimentos y del aumento de los niveles de inseguridad alimentaria.
Para Pablo Muñoz, responsable de la campaña de biocombustibles de Ecologistas en Acción, la suspensión demandada ahora al Gobierno “debería ser el paso previo a la eliminación total de todo combustible producido a partir de cultivos alimentarios o forrajeros, en favor de un apoyo decidido a fuentes de energía realmente renovables que impulsen la movilidad sostenible, en lugar de seguir promoviendo la quema de combustibles del siglo pasado”.
Por otro lado, en opinión de Maik Marahrens, responsable del programa de biocombustibles de Transport & Environment, «la industria de los biocombustibles está intensificando sus esfuerzos de presión para que más cereales como el trigo y el maíz sustituyan al petróleo ruso. Al hacerlo, se está aprovechando cínicamente de la preocupación de la gente por los precios de los combustibles, anteponiendo el beneficio a la seguridad alimentaria».