La ciudadanía ha hablado a través de las urnas. Se ha consolidado la apertura del camino para el cambio político e institucional. El bipartidismo imperfecto de los dos grandes partidos gobernantes suma apenas la mitad del electorado municipal (52%): PP, el 27%, y PSOE, el 25%-. Todavía tienen, respectivamente, 6 y 5,6 millones de votos. […]
La ciudadanía ha hablado a través de las urnas. Se ha consolidado la apertura del camino para el cambio político e institucional. El bipartidismo imperfecto de los dos grandes partidos gobernantes suma apenas la mitad del electorado municipal (52%): PP, el 27%, y PSOE, el 25%-. Todavía tienen, respectivamente, 6 y 5,6 millones de votos. Pero ya no constituyen el sistema exclusivo de alternancia en las principales instituciones autonómicas y locales, por la aparición de un tercer actor político, todavía algo fragmentado, pero con una importante representatividad (en torno al 15%).
El conjunto de candidaturas de unidad popular (apoyadas por Podemos y otros grupos como ICV-EUiA en Cataluña, Anova en Galicia y Equo y sectores de IU en distintos sitios) han recibido 3,5 millones de votos (15,7%), y sumados a los de IU (un millón) y grupos afines como Compromís, el total alcanza a cerca de 5 millones, es decir, un nivel cercano al del PSOE. Podemos, junto con diversas fuerzas alternativas y candidaturas populares, pueden constituir y condicionar gobiernos de progreso. No se han generalizado las bases para sustentar un cambio sustancial, pero el avance conseguido en esa dirección sí es importante y de gran impacto simbólico y político. A ello hay que añadir la aparición de Ciudadanos (1,5 millones y 6,6%), con su cambio ‘sensato’ y posible comodín ambivalente para PP o PSOE.
Se trata de profundizar en qué tipo de cambio ha sido avalado por la ciudadanía, cuál es la hegemonía de las distintas fuerzas políticas que puede condicionar, representar y dirigir ese cambio y qué relación comparativa tienen sus bases sociales de apoyo y, por tanto, su capacidad transformadora. Todo ello con una visión dinámica y con la perspectiva de su evolución hasta las elecciones generales, donde se ventila el carácter y la profundidad de la democratización política y el necesario giro socioeconómico.
Tres rasgos principales reflejan los resultados electorales: 1) el fracaso del continuismo del PP, con una gran pérdida de su legitimidad social y, especialmente, de su gran control del poder autonómico y municipal; 2) la persistencia de un amplio sector social con componentes progresistas pero remisos a un giro socioeconómico relevante y a una regeneración democrática profunda; reflejo de esto es la expresión de un significativo electorado, por una parte, del PSOE con su cambio ‘seguro’ pero muy limitado, y, por otra parte, de Ciudadanos, con su cambio ‘sensato’, en aspectos como la lucha contra la corrupción, pero con una política económica neoliberal; 3) la consistencia y relevancia de la dinámica ciudadana de cambio real, con la fuerte representatividad de Podemos y el resto de fuerzas alternativas, con especial importancia de las candidaturas populares más amplias y unitarias como Madrid, Barcelona y otras grandes capitales.
La combinación de esos tres aspectos supone un desplazamiento de la población hacia la izquierda o a la reafirmación popular contra las políticas y los responsables de la austeridad y la prepotencia y la corrupción institucionales y a favor de la justicia social y la regeneración democrática. Son componentes programáticos ineludibles para la transformación social, política y económica en este nuevo ciclo de cambio institucional.
Esta tendencia electoral de rechazo a la gestión antipopular del PP ha producido su desalojo del gran parte de su poder institucional, pero ha dejado abierta la composición de los nuevos gobiernos municipales y autonómicos. Frente a la debacle del PP se ha producido una realidad doble y diversa en su plasmación territorial que condiciona la configuración de los tipos de gobiernos de progreso y la dimensión y profundidad de sus cambios programáticos y de gestión. Uno de los aspectos más relevantes es la relación comparativa entre PSOE y Podemos y el resto de fuerzas alternativas. Su análisis está sometido no solo a la legitimación de los liderazgos y las estrategias respectivos, sino que condiciona las negociaciones para definir el tipo y la composición de los gobiernos locales y autonómicos, la hegemonía en la representación ciudadana, la gestión de las medidas inmediatas, la perspectiva para las elecciones generales y la apuesta sobre el tipo de cambio que se podrá implementar.
La media de los resultados autonómicos del PSOE (25%) es superior a la de Podemos (14%), en unos once puntos, es decir, el partido socialista todavía mantiene una ventaja significativa. No obstante, la distribución territorial de esa superioridad del PSOE es desigual. Las distancias son menores en algunas Comunidades Autónomas (Aragón -4-, Asturias -7-, Madrid -7-) y en otros territorios son mayores (Castilla-La Mancha -17-, Extremadura -32-). Pero si añadimos los resultados de Podemos a los de otras fuerzas alternativas, el total de ellas alcanza una mayor representatividad y ventaja que el partido socialista. Por ejemplo, sumando Compromís en la Comunidad valenciana -9- y Geroa Bai, EH-Bildu e Izquierda-Esquerra en Navarra -19-; y prácticamente empatando sumando CHA e IU en Aragón o IU en Asturias. Por tanto, en las elecciones autonómicas, entre las fuerzas progresistas la hegemonía del PSOE, que tanto proclaman sus portavoces, no es absoluta.
No obstante, esta circunstancia de adelantamiento alternativo al PSOE se produce más claramente en el ámbito municipal, en grandes capitales, con importante impacto político y con candidaturas amplias y mayor convergencia de fuerzas políticas, como Barcelona en comú y Ahora Madrid, representadas por personas independientes y gran liderazgo: Ada Colau y Manuela Carmena. Así, los resultados municipales en varias ciudades relevantes, como Madrid (31,8%), Barcelona (25,2%), Cádiz (27,9%), Zaragoza (24,5%), A Coruña (30,9%) o Santiago (34,6), han superado ampliamente el voto al PSOE y han facilitado su liderazgo del cambio y el sentido de su orientación. Pero además, estas candidaturas de unidad popular, no de forma generalizada en todos los municipios pero sí en estas ciudades, en las que han existido una mayor convergencia de fuerzas políticas, una base social más dinámica y con arraigo asociativo y un mejor discurso y liderazgo, han obtenido un apoyo superior al techo medio de Podemos en su voto autonómico.
Por tanto, los porcentajes obtenidos por Podemos en las autonómicas y el conjunto de candidaturas populares en las municipales son similares, en torno al 15% y con solo un punto de diferencia. Pero esa comparación de las medias esconde esa diversa distribución, ya que este desequilibrio favorable en algunas grandes ciudades, con candidaturas más amplias, se ha compensado con la ausencia o menor representatividad de este tipo de candidaturas en muchos municipios pequeños o medianos. La valoración de esta asimetría tiene importancia porque señala el camino para ampliar la base electoral de Podemos y los grupos alternativos.
Mención aparte tiene el retroceso de IU, en el ámbito autonómico y especialmente en Madrid, aunque haya mantenido el número total de concejales -incluso superado si añadimos los obtenidos en candidaturas unitarias-. Así, ha demostrado la permanencia de su implantación municipal (4,5%, con la sigla propia), pero sus resultados globales son negativos y expresan los límites y las contradicciones de su estrategia política y de alianzas y los efectos de su división interna. Junto con su relativo éxito en la participación en candidaturas de unidad popular (con especial referencia en Galicia y Cataluña, con el acierto convergente de ICV y sin que se haya deteriorado su perfil propio), se ha producido el fracaso en candidaturas propias (sobre todo Madrid), y el mantenimiento en el nivel municipal y en Asturias. Exige a esta formación política una reflexión detenida, como mínimo para frenar su proceso de declive y deterioro y poder aportar una dinámica positiva y multiplicadora para el cambio social e institucional. Primero, con el reconocimiento de esta realidad, distinta a su relación anterior en Izquierda Plural, con la constatación de la gran ventaja adquirida por Podemos (o Compromís e ICV) como eje alternativo principal, ya que le triplica en representatividad. Segundo, elaborar una orientación que permita equilibrar una dinámica convergente, desde una posición unitaria y menos determinante, junto con una renovación de su perfil, su discurso, su arraigo social y su estrategia política.
Por otra parte, no hay que quedarse en la foto fija de estos resultados electorales, sino en la trayectoria de estos dos agrupamientos globales en cuanto a apoyo ciudadano: el estancamiento socialista y el ascenso de Podemos y el resto de fuerzas alternativas. Especialmente, ante las previsiones de su evolución en los próximos meses y su impacto en las elecciones generales de fin de año.
Por tanto, como conjunto estatal, no es realista la pretensión de la dirección del PSOE de representar y liderar el cambio político y menos de considerar que ha salido reforzada la legitimidad de su gestión y sus políticas moderadas y, mucho menos, su gestión gubernamental anterior de carácter regresivo y las estrategias europeas de la socialdemocracia. Pero tampoco es realista la idea de que la mayoría de la ciudadanía avala un cambio profundo representado por Podemos y el resto de fuerzas alternativas. Hay mucho camino por recorrer a partir de los distintos equilibrios representativos e institucionales y la diferente capacidad de iniciativa y liderazgo de los dos tipos de formaciones políticas.
Aunque considerando el conjunto casi están empatadas, hay que añadir, aún con la preponderancia de Podemos, la todavía cierta fragmentación de los grupos alternativos o las dificultades de las dinámicas de convergencia y unidad popular. La consolidación de las alianzas actuales o casi inmediatas de Podemos (como con Anova y Compromís) y cómo se resuelva el delicado asunto de la convergencia o incorporación de IU a este proceso unitario, va a influir en el grado de avance del conjunto alternativo y su reequilibrio con el partido socialista.
Además, junto con el desarrollo programático y discursivo, es imprescindible el ensanchamiento de la vinculación a otros sectores sociales progresistas, algunos desactivados (como una base popular todavía abstencionista) y el impulso de la participación cívica y la movilización social. La experiencia de gestión de estos meses en las instituciones bajo su responsabilidad directa, con avances significativos para la gente, y la labor de control democrático, desde la oposición, suponen un desafío adicional fundamental para garantizar el reforzamiento de este polo alternativo. Su objetivo debería ser, tal como han demostrado las avanzadillas comentadas, generar las condiciones para arrebatar al PSOE en las elecciones generales la hegemonía representativa entre las fuerzas progresistas y conseguir una posición de ventaja para liderar el cambio, implementar su dimensión y su carácter y dirigirlo frente a la derecha, desde el parlamento y el gobierno estatales. Pero este tema de la hegemonía política para conformar un gobierno de progreso, así como los equilibrios y condiciones para ‘ganar’, queda abierto, a la espera del impacto de la nueva etapa que se inicia, y lo dejamos para más adelante.
Antonio Antón. Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
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