El banco FMO era uno de los principales inversores del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa hondureña cuyo gerente es investigado por haber planeado el asesinato de la ambientalista
Grafiti de Berta Cáceres en Tegucigalpa. WIKIPEDIA
La coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Zúñiga Cáceres, presentará en un mes una denuncia contra el Banco Holandés del Desarrollo (FMO, según sus siglas en holandés) por «negligencia y corresponsabilidad» en el asesinato de su madre, la ambientalista Berta Cáceres.
En una entrevista con Efe, Zúñiga Cáceres explicó que el FMO dijo que «no tenía ninguna responsabilidad en todo lo ocurrido» en el asesinato de Cáceres en marzo de 2016, y «rechazó un planteamiento de mediación», por lo que la familia de la ambientalista «no tiene más opción que ir ante la Justicia» holandesa.
Zúñiga Cáceres afirmó que la COPINH cuenta con «pruebas suficientes» que demuestran la «corresponsabilidad» del banco holandés en la opresión a la comunidad indígena de Honduras que concluyó con el asesinato de su madre, lo que pone al FMO ante un «delito de negligencia».
El FMO era uno de los principales inversores del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyo gerente es investigado por haber planeado el asesinato de Berta Cáceres, de 44 años, semanas antes de que esta viajase a Holanda para reunirse con directivos del banco holandés, a los que pretendía convencer de que retirasen su inversión.
La represa se planificó para ser construida en el río Guancarque, sagrado para la comunidad indígena Lenca, y ante la oposición de los residentes en la región, el controvertido proyecto acabó estando rodeado de denuncias de fraude e irregularidades en la consulta pública obligatoria sobre los planes.
La tensión provocó violentos enfrentamientos entre soldados y activistas indígenas, hasta que en 2016 culminó con el asesinato de Cáceres, la entonces coordinadora de COPINH, y el arresto de ocho sospechosos, incluidos dos empleados de DESA.
Entre las pruebas de las que habla la hija de la ambientalista está una carta que Cáceres envió en 2013 al FMO avisándoles de que «no deben invertir en el proyecto» de DESA por «la amplia violencia que estaba provocando la represa» en la comunidad indígena.
«Había un contexto muy fuerte, muchas denuncias públicas, el FMO mandó a una empresas de asesoría a la región para analizar la situación. Estaba claro que conocía los riesgos, pero siempre respaldó la posición que tenía DESA», lamentó Zúñiga Cáceres.
Berta Cáceres «había hecho varias llamadas al banco para que saliera urgentemente del proyecto, pero fueron renuentes con esa petición y dijeron que necesitaban más pruebas y que ellos confiaban» en la empresa hondureña, según la actual coordinadora de COPINH.
El caso muestra «muy bien lo que estaban viviendo las familias indígenas. El banco cometió un delito de negligencia, por ignorar la situación y porque como entidad tiene cláusulas de derechos humanos que debe respetar», afirmó la hija de Berta Cáceres.
El caso judicial incluirá pruebas como testimonios de las personas involucradas, llamadas telefónicas, correos electrónicos de los empleados y la administración de DESA, en los que se refleja la relación de las fuerzas de seguridad con la empresa, que exigió el uso de la violencia contra las personas que se oponían al proyecto.
El equipo de abogados que la acompañó esta semana a Holanda subrayó que el FMO conocía la forma en la que DESA lidiaba con la oposición, como la intimidación de la población local, y acusan al banco holandés de «hacer la vista gorda» y continuar financiando «las actividades delictivas» de la empresa hondureña.
En noviembre de 2017, un informe elaborado por un equipo internacional de abogados de Derechos Humanos concluyó que el FMO es «al menos, en parte, responsable» de la muerte de Berta Cáceres porque ayudó a financiar la construcción de la planta de energía hidroeléctrica.
«El dinero del FMO se usó para pagar a los asesinos. El banco es, al menos, culpable de negligencia grave», dijo Miguel Ángel Urbina, uno de los investigadores que elaboraron el informe y que se encuentra hoy en Holanda para explicar la situación a la prensa.
El banco de desarrollo rechazó estas acusaciones y negó «cualquier forma de acto ilegal en este u otro proyecto» en el que ha participado, según un portavoz del FMO, Paul Hartogsveld.