He leído con suma atención el artículo publicado el 16 de octubre de 2019 en el diario belga “Le Soir”, del que es autor el diplomático Juan Claudio de Ramón, titulado: “Carta blanca: España, como cualquier democracia, debe tener derecho a defenderse”.
El contenido de dicho artículo muestra un evidente propósito de influir sobre la opinión pública belga, transmitiendo una imagen idílica del régimen del 78 que dista mucho de ser veraz.
Respecto al título no tengo nada que objetar, pues -aunque la democracia española no es cualquier democracia, ya que está jurídicamente vinculada a una dictadura genocida, con decenas de miles de desapariciones forzadas- tiene, obviamente, derecho a defenderse de sus enemigos.
Disiento, sin embargo, del relato que hace de los enemigos de la democracia, pues resulta evidente que muchos de ellos se encuentran emboscados en el estamento militar, y, sin embargo, no hace la menor referencia a ello.
En primer lugar, NO son enemigos de la democracia aquellos que apoyan al Gobierno de coalición progresista, incluidos los partidos que legítimamente se planteen la independencia por vías pacíficas y democráticas, en el marco político de la Unión Europea. Pues tratan de satisfacer sus legítimos anhelos como pueblos, a los que históricamente la monarquía no ha sabido ni querido encontrar una solución pactada.
Lo prueban, en un pasado no tan lejano, las bárbaras guerras coloniales que acabaron con su dominio sobre los territorios de ultramar; también la cesión vergonzosa de la provincia número 53 del reino de España al reino de Marruecos, abandonando cobardemente a su suerte al pueblo hermano saharaui Esta cesión, tras la invasión marroquí del Sahara español en noviembre de 1975, podría constituir un delito de traición a la patria.
Querer mantener la falacia de “España, una, grande y libre” o quizás “España, como unidad de destino en lo universal”, como pretenden algunos nostálgicos de la dictadura, además de ser conceptos del fascismo de los años 30 del siglo pasado, de trágica memoria, nos llevarían a una escalada represiva que agravaría las dificultades actuales. La solución a los problemas que plantea un estado plurinacional, como lo es España, ha de ser democrática, por lo tanto política, nunca militar.
Las fuerzas políticas que hicieron posible la moción de censura constituyen una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Y es evidente que tienen la capacidad suficiente para abrir una nueva etapa histórica. No en vano han despertado grandes esperanzas en una mayoría del pueblo trabajador y de las clases populares, así como en muchos pueblos y naciones históricas del Estado español.
También -necesario es decirlo- la oposición parlamentaria está resultando cada vez más agresiva, contaminada por la ultraderecha. Una oposición que representa los intereses de las grandes fortunas amasadas fraudulentamente durante la dictadura, que implantó un capitalismo de amiguetes. Quizá por ahí habría que buscar el hilo conductor de tanto desatino.
El Gobierno resultante, de coalición progresista, ha abierto una vía de dialogo y de concordia con la Generalitat de Catalunya, que el rey Felipe VI se ha mostrado incapaz de merecer. El discurso del rey el 3 de octubre de 2017, en apoyo a la represión violenta desatada dos días antes contra el pueblo catalán, lo invalida para facilitar una salida pacífica y democrática al conflicto soberanista.
De trazarse una raya que hiciese una partición entre demócratas y enemigos de la democracia, habría que poner del mismo lado a todos los militares de alta graduación, en situación de retiro, que militan en las filas de VOX. Un partido que se proclama ultramonárquico y ferozmente neofranquista, es decir heredero de los “valores” de una dictadura condenada por Naciones Unidas.
También, por supuesto, a los altos cargos militares de su misma cuerda, que hicieron una proclama en favor del dictador Francisco Franco; firmada por generales, almirantes y más de ochocientos oficiales, la mayoría en situación de retiro y algunos en situación de reserva.
De la misma banda son también los generales y coroneles del Ejército del Aire, en situación de retiro, firmantes de las cartas dirigidas al Rey y al Presidente del Parlamento Europeo, pidiendo que se actúe contra el Gobierno de España.
Y, por último, la farsa más reciente, de idéntico tenor que las citadas anteriormente: la de los generales y coroneles del Ejército de Tierra, en situación de retiro, firmantes de una nueva carta dirigida al rey, en análogos términos que las anteriores.
Todo lo que está ocurriendo podrían ser indicios de un posible movimiento sedicioso de mayor calado. Aunque en todo caso sería una farsa light, pues todo el mundo sabe que una farsa terrorista como la del 23-F es inviable.
La respuesta de la Unión Europea a tal supuesto no seria la misma que la del general Alexander Haig, Secretario de Estado de los EE.UU. de América, que se limitó a decir la noche del 23-F: «El asalto al Congreso de los Diputados es un asunto interno de los españoles». Aunque dicha respuesta tuviese mucho que ver con la información que tuviese la CIA, al corriente tal vez de la composición que iba a tener el presunto gobierno del general Armada con el consentimiento del rey.
Y ahora todo esto ¿alentado por quién? ¿Quién es, o quienes son, los beneficiarios de esta nueva farsa a cámara lenta?
No deja de ser llamativo que el rey Felipe VI, jefe supremo de las Fuerzas Armadas según la Constitución vigente, siga sin decir ni una sola palabra sobre las victimas del franquismo, es decir sobre la dictadura franquista y los crímenes de lesa humanidad del general Franco, al que -según el general monárquico Chicharro- Felipe VI debe su trono.
Tampoco dice ni pio sobre las recientes soflamas de altos mandos militares, en situación de retiro, contra el Gobierno constitucional de coalición progresista, dirigidas por carta a su persona. Sin embargo, el 3 de octubre de 2017, como he relatado anteriormente, no dudó en dirigirse a la Nación, en tono amenazante, apoyando la brutal represión contra dos millones de pacíficos ciudadanas y ciudadanos que, en Catalunya, pretendían ejercer su derecho a depositar libremente su voto en una urna.
Enemigo de la democracia lo es también Juan Carlos I “el inviolable”, que fue el último jefe de la dictadura y fundador del régimen vigente, la única persona cuyo nombre y apellido aparecen en la Constitución del 78 en letras de molde (Art. 57.1), fugado y acogido en las “modélicas democracias” de los Emiratos Árabes, tras los hallazgos de la Fiscalía Suiza, a la espera de acontecimientos judiciales.
Enemigos de la democracia lo son también todos los que se manifiestan o pactan, por uno u otro motivo, con la ultraderecha, que ha llegado a pedir un bloqueo naval contra los migrantes que huyen del hambre y de las guerras en frágiles pateras, muriendo muchos de ellos abandonados en el mar. Lo que ha motivado una respuesta rotunda del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada D. Teodoro López Calderón, rechazando tal atrocidad.
Manuel Ruiz Robles es Capitán de Navío de la Armada (R), ex miembro de la disuelta Unión Militar Democrática (UMD), miembro fundador del colectivo de militares demócratas y republicanos ANEMOI, Presidente Federal de Unidad Cívica por la República (UCR).