Hace un año se aprobó la Ley de Extranjería. La norma es una colección pautas generales de los derechos y deberes que tienen los inmigrantes en España pero, una vez que entra en vigor, el Gobierno tiene que elaborar un Reglamento que concrete cómo se garantiza el cumplimiento de esos derechos y deberes. Recoge, por […]
Hace un año se aprobó la Ley de Extranjería. La norma es una colección pautas generales de los derechos y deberes que tienen los inmigrantes en España pero, una vez que entra en vigor, el Gobierno tiene que elaborar un Reglamento que concrete cómo se garantiza el cumplimiento de esos derechos y deberes. Recoge, por ejemplo, los requisitos que han de cumplir los inmigrantes que solicitan la residencia o los que quieren traer a sus familiares a España. Debería haber estado listo en el mes de mayo pero el Gobierno ya ha anunciado que, como mínimo, habrá que esperar hasta el primer trimestre de 2011.
Con este aplazamiento se retrasa también la regulación de los Centros de Internamiento de Extranjeros, recintos donde los inmigrantes son encerrados hasta un máximo de 60 días antes de ser deportados a sus países. Desde hace años, las organizaciones reclaman su cierre pero, como parece que eso no está en los planes del Gobierno, se conforman de momento con que haya más transparencia en los CIE, a los que no tienen acceso. Se amparan en las denuncias de los internos sobre las condiciones en las que se encuentran y el trato que reciben. La Ley de Extranjería contempla la puesta en marcha de un reglamento específico para estas instalaciones que unifique criterios y no deje las normas en manos de la dirección de cada centro. Las organizaciones que asesoran a los inmigrantes podrán entrar en los CIE. «Este derecho no lo podemos desarrollar hoy porque se nos dice que hasta que no se dicte el Reglamento no habrá claridad sobre cómo cumplirlo. Como no podemos acceder formalmente, lo hacemos en el horario de visita», asegura Mauricio Aravena de Pueblos Unidos. Pero sólo está permitida una visita al día, si entra un representante de la organización no lo pueden hacer sus familiares.
Organizaciones que trabajan en esa atención y el asesoramiento jurídico de inmigrantes, como Sos Racismo, FERINE, Ferrocarril Clandestino, Pueblos Unidos o la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, se han unido para denunciar «el ambiente de oscurantismo, secretismo y hermetismo que se está generando en torno al Reglamento de la ley y el de los CIE», como asegura Nacho Murgui, presidente de la FRAVM. El Gobierno no se ha puesto en contacto con ellas, las que mejor conocen la realidad inmigrante, para su elaboración y por ello le han mandado una carta en la que piden que se les haga partícipes de este proceso. Dicen que el Reglamento es casi más importante que la propia ley de Extranjería.
«Es de vital importancia que se escuche porque los derechos puede ser reglamentados a la alta o a la baja. Se dice que las personas pueden reagrupar a su familia, pero si te digo que tienen que disponer de tanto dinero, tener un piso de dos o tres habitaciones… Finalmente lo que logro es evitar que ese derecho fundamental, el de vivir con tu familia, se pueda ejecutar», afirma Mauricio Aravena de Pueblos Unidos. «La ley puede regular un derecho pero donde juega la realidad es en el Reglamento. Hubo mucha repercusión mediática mientras se tramitaba y se aprobó la ley. También tendría que haberla en el Reglamento. Su importancia real, práctica y política es igual o superior a la ley porque puede vaciar o llenar de contenido un derecho. Es capital», reconoce Javier Ramírez.
El Reglamento especifica, como ya hemos dicho, los requisitos que han de cumplir aquellos extranjeros que quieran obtener un permiso de residencia y trabajo en España. Las organizaciones denuncian, y no es la primera vez, que ha habido un endurecimiento de esos requisitos para quienes piden el arraigo, un permiso que reciben aquellos que llevan más de tres años en España y cuentan con un contrato de trabajo. «En la práctica está cerrado, existen grandísimos obstáculos para la obtención. Las resoluciones que está dictando la Subdelegación de Madrid y de otras provincias son, cada vez es más, una carrera de obstáculos. Se está poniendo trabas al empleador», dice Ramírez.
Los empresarios que quieren contratar a estos inmigrantes tienen que demostrar a la Subdelegación, dicen las organizaciones, la bolsa de clientes de la empresa y futuros contratos que va a tener para hacer visible su viabilidad económica. «Mucha gente no quiere dar los ingresos que tiene. Se están poniendo criterios que desaniman, que hacen que el empresario pierda las ganas. Ellos mismos se sorprenden con lo largo y complejo que es». En el servicio doméstico existe un gran número de mujeres extranjeras que también están viendo cerradas las puertas de la regularización. Las que presentan contratos por horas en diferentes casas han dejado de recibir los permisos, según Sos Racismo, sin que ese nuevo requisito haya sido registrado en ningún sitio.
También están quienes han vivido en España con papeles durante años y han perdido el trabajo con la crisis, a los que si no tienen un mínimo cotizado no les renuevan el permiso. Es la llamada irregularidad sobrevenida. El ministro de Trabajo e Inmigración ha anunciado esta semana que para evitarla el Gobierno se está replanteando el arraigo social y laboral, pero no ha concretado cómo. «Hay personas que llevan aquí cinco, seis o siete años que quedan de un día para otro como irregulares. Con sus chicos en el cole, habiendo comprado un piso y teniendo una vida establecida. Estas leyes regulan personas, eso no podemos olvidarlo. Personas a las que no se puede tratar como un ‘hoy vienes y mañana te vas’ sin preocuparse de su entorno», afirma Mauricio Aravena de Pueblos Unidos.
La información sobre estas trabas pasa desapercibida pero ese goteo constante está cambiándole la vida a las muchas familias que viven en España. «A menudo no se habla de ello en los medios de comunicación porque parece que se trata de una cuestión técnica, cuando en realidad es de contenido político», asegura Javier Ramírez. «Estas prácticas administrativas al final se acaban normalizando y se incluyen en la ley siguiente».