La Gaceta de Gijón, que edita el Ayuntamiento, anuncia en primera página: «Gijón se suma a la III Semana Europea de la Prevención de Residuos» del 20 al 28 de noviembre. Sin embargo unos días antes el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa) sacaba a concurso la construcción de una […]
La Gaceta de Gijón, que edita el Ayuntamiento, anuncia en primera página: «Gijón se suma a la III Semana Europea de la Prevención de Residuos» del 20 al 28 de noviembre. Sin embargo unos días antes el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa) sacaba a concurso la construcción de una incineradora para 420.000 toneladas al año, por un importe inicial de 295 millones de euros, en el que no se incluyen otros costes derivados de la manipulación previa de los residuos ni el tratamiento de las cenizas consideradas como peligrosas. El proyecto responde a la aprobación dada por el Gobierno de Asturias con el visto bueno del Ayuntamiento de Gijón, municipio en donde se ubicará la planta. Cogersa dice que solicitará un crédito al Banco Europeo de Inversiones, mientras que los ayuntamientos habrán de pagar mediante una tasa por tonelada de residuos recogidos que, lógicamente, repercutirá en los ciudadanos, multiplicando por seis o más la actual tasa.
En Asturias se generan 4,2 millones de toneladas de residuos al año, de los que 520.000 toneladas (el 12%) son Residuos Sólidos Urbanos, que son los destinados a la incineradora. Si la planta funciona a pleno rendimiento podría quemar el 81% de estos residuos. Teniendo en cuenta que una parte de estos residuos no son incinerables y otros, como los orgánicos (el 38%), tienen un elevado porcentaje de agua, entonces ¿qué queda para reutilizar o reciclar, para qué tanta recogida selectiva y para qué tanta inversión?
En Asturias apenas se recicla el 10%, menos que en España que anda por el 13% y mucho menos que la media europea. Los residuos son un serio problema sólo si se les da un tratamiento inadecuado porque contaminan gravemente suelos, mar y aire. Pero, sin embargo, se pueden convertir en una fuente de materias primas y de empleo, en una fuente de riqueza, si se les da el tratamiento adecuado, que no es difícil, pero sí se requiere una cierta organización o voluntad de tenerla.
El agotamiento de las materias primas o de los recursos naturales y el empobrecimiento de los suelos de cultivo o de su fertilidad es ya preocupante. La degradación del medio ambiente que se manifiesta junto con el cambio climático también afecta a la salud con incrementos sensibles de enfermedades y alergias que tienen su origen en la degradación del conjunto del ecosistema del que dependemos. Quemar no hace más que agravar la situación. Se destruyen las materias primas contenidas en los residuos pero, de hecho, no existe ninguna eliminación, se cambia el vertedero por la atmósfera a la que se lanza al «aire» 0,9 toneladas de CO2 por tonelada incinerada, cantidad que equivalen al producido por la circulación de 112.000 vehículos y también con una importante cantidad de micropartículas, mientras que el 25 % restante se convierten en cenizas complejas que requieren un vertedero algo especial.
El problema no es nuevo y es grave, por ello, el Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, que es vinculante para los Estados miembro. Ya en su primer artículo «establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de la generación y gestión de los residuos». El artículo 4 fija el orden de prioridades a tener en cuenta para redactar la legislación y la política de prevención y gestión de los residuos. Establece así el siguiente orden prioritario: a) prevención, b) reutilización, c) reciclado, d) valorización (reciclado, regeneración…) por ejemplo la energética y, por último, e) eliminación por vertido o por incineración. Este es el orden establecido por la Directiva y, por tanto, obligatorio y sancionable y no una simple opinión o una sugerencia.
Más abajo, la Directiva, añade que los Estados miembro garantizarán un proceso transparente en cuanto a consulta y participación de los ciudadanos y las parte interesadas, teniendo en cuenta el impacto medioambiental, sobre la salud humana, aspectos económicos y sociales. Atendiendo a la diversidad de países y situaciones, la Directiva fija objetivos mínimos y fechas, de modo que antes de 2020 la reutilización de los residuos (Art. 11) ha de ser como mínimo del 50% y, en el artículo 40, añade que los «Estados miembro pondrán en vigor las disposiciones legales reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido… antes del 12 de diciembre de 2010», es decir, ya. Dentro de unos días la Directiva deja de ser opcional y los incumplimientos serán sancionables, los Estados, las distintas administraciones, han de presentar información y detalles de la aplicación de los programas aplicados a la gestión y a la prevención de los residuos.
La respuesta en Asturias por parte del Gobierno regional y de los ayuntamientos está bien clara: se proyecta una costosa planta con capacidad para quemar todos los residuos, algo que de hecho, supone la renuncia frontal a la reutilización y al reciclado y, por supuesto, a la prevención, que contribuiría a reducir notablemente los actuales 480 kgr por habitante y año.
Las contradicciones de los responsables del Gobierno y de los ayuntamientos son mayúsculas, porque ¿cómo puede entenderse que no se haya mencionado ni una sola vez la Directiva, que se siga «apostando» por la instalación de costosos recipientes para la recogida selectiva cuando, por otra parte, se planifica incinerar los residuos, mientras el Ayuntamiento de Gijón se suma a la «Semana Europea» cuando de modo tan abierto hace justamente todo lo contrario. Sucede que los gastos, las inversiones y la sanciones sólo serán pagadas por el bolsillo de cada ciudadano, exclusivamente, además de con su salud.
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