La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra (Suiza), está en el centro de una red de 280 organizaciones contra la tortura de 92 países. A mediados de diciembre, Eric Sottas visitaba Bilbao y Barcelona para participar en actos de denuncia de la tortura. DIAGONAL : ¿Cuál es el alcance del Protocolo […]
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra (Suiza), está en el centro de una red de 280 organizaciones contra la tortura de 92 países. A mediados de diciembre, Eric Sottas visitaba Bilbao y Barcelona para participar en actos de denuncia de la tortura.
DIAGONAL : ¿Cuál es el alcance del Protocolo Facultativo contra la Tortura de la ONU, ratificado por el Estado español?
ERIC SOTTAS : El cambio sustancial será que van a formarse mecanismos nacionales encargados de velar por la situación de las personas bajo custodia, incluyendo cárceles y centros de detención. La idea central es aumentar la protección y que la sociedad, organismos y personas reconocidas e independientes tomen parte y puedan intervenir directa e indiscutiblemente. Éste es el debate central y es una ventaja comparativa importante respecto a mecanismos anteriores, que se basaban en visitas concertadas. Eso debería ir acompañado de un programa general de lucha contra la tortura y de una sinergia social para su erradicación. Porque en líneas generales se aumenta la protección dando a la sociedad civil un papel central, con recursos, con competencias y con capacidad de incidir y operar.
D .: Respecto a la necesidad de organismos y personas independientes: ¿cómo valora la propuesta de hacer del Defensor del Pueblo, elegido por el Parlamento a propuesta del Gobierno, el mecanismo nacional de vigilancia previsto por el Protocolo?
E.S. : Seguramente no es la mejor opción, no se ha implementado con la mejor metodología y los criterios utilizados no han sido los óptimos: sin consultas a los organismos, sin confianza y sin consenso. No pienso que sea el mejor candidato. Aun así el proceso de elección sigue abierto. Y pienso que lo más importante es abrir una nueva etapa. Pero ésta no es la mejor forma de empezar.
D .: Garzón acaba de pedir a la policía las grabación en vídeo de los interrogatorios de unos detenidos. ¿Cómo calificaría la situación de la tortura en el Estado español? E.S.: La lucha contra la tortura no debe depender de la buena voluntad de un juez. Es una actitud personal con medidas parciales, y la erradicación no puede depender de un solo juez. Esto es obvio. Garzón ha anunciado que aplicará las recomendaciones internacionales emitidas en 2002.
Respecto a la situación de los malos tratos en el Estado, estoy plenamente de acuerdo con lo que suscribió Theo Van Boven [relator especial para la tortura de la ONU hasta 2004]. La tortura no es sistemática, pero tampoco es esporádica, y los casos no son sólo atribuibles a conductas individuales de funcionarios policiales. No se puede pretender que son casos aislados fruto de excesos individuales. Desgraciadamente, la incomunicación es una fuente permanente y frecuente de denuncias de malos tratos. Y eso no se puede atribuir a ETA, a pesar de que el Estado ha optado por denunciar a víctimas de la tortura, con riesgo de penas severas y graves, aduciendo que seguían una campaña de ETA. No es de recibo y son más escollos. Hay que adoptar medidas generales porque la incomunicación es un problema de fondo. Además, no se han investigado de forma seria y exhaustiva esas denuncias. Esto tampoco es aceptable. Hay otra situación también a modificar: se debe acabar con ciertas políticas de impunidad e indultos. Las reglas del juego deben ser democráticas. Es inaceptable sostener que el Estado de Derecho se puede defender vulnerando la democracia.
Es imprescindible la rehabilitación de las víctimas. Ocultando lo que ha sucedido no se soluciona nada. Así, la Transición modélica española -en el sentido de no haber derramamiento de sangre- tiene lagunas y deudas pendientes. Porque sobre el olvido no se construye nada.