La cosa va de recursos. Como en el viejo y mal historiado Oeste: ¡a ver quién desenfunda primero y, sobre todo, más veces! La semana pasada, por ejemplo, el gobierno de la Generalitat aprobó recurrir el decreto de regulación de la Formación Profesional dual. Se trata ahora es otro recurso. «La Generalitat recurre al Constitucional […]
La cosa va de recursos. Como en el viejo y mal historiado Oeste: ¡a ver quién desenfunda primero y, sobre todo, más veces! La semana pasada, por ejemplo, el gobierno de la Generalitat aprobó recurrir el decreto de regulación de la Formación Profesional dual. Se trata ahora es otro recurso.
«La Generalitat recurre al Constitucional los recortes en Educación». ¡»Los recortes» recurridos por un gobierno que se ha presentado como vanguardia de la deconstrucción neoliberal! «El Gobierno catalán considera que las medidas del Ejecutivo central no respetan su autonomía sobre la financiación de becas y ayudas al estudio». Estos son los titulares del asunto [1]
El Consell Executiu del gobierno catalán aprobó el pasado martes 15 de enero llevar al Tribunal Constitucional (TC) siete artículos del decreto de racionalización -¡racionalización! ¡qué infamia semántica!- del gasto en el ámbito educativo aprobado por el Gobierno central el pasado mes de abril de 2012. A instancias, desde luego, de uno de los peoresl ministros de Educación que se recuerda en la triste historia de esta España triste y sin rumbo, José Ignacio Wert. El gobierno de la Generalitat, que ha esperado gasta el último momento (el plazo finaliza el próximo lunes, y, por su parte, el País Vasco, Asturias, Andalucía y Navarra ya interpusieron recursos en la misma línea que han sido aceptados por el TC), considera que el decreto invade sus competencias. Lo mismo, digamos, que en el caso del euro por receta pero intercambiando los papeles del recurrente y del recurrido.
El recurso se presenta después del dictamen favorable del Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya (que sostiene que es la Generalitat la institución que tiene las competencias en función pública y el gobierno central no puede legislar con tanto detalle en estos ámbitos). Tras el anterior dictamen, se abrió un proceso de negociación, como señaló el portavoz-conseller Francesc Homs, que «no ha llegado a buen curso, así que se ha acordado presentar el recurso al Constitucional».
Los artículos impugnados por «invadir» competencias, según el gobierno de los mejores privatizadores versión 2, son el 3 (que aumentó la jornada lectiva hasta las 25 horas semanales en Primaria y 20 horas lectivas en Secundaria), el 4 (sobre sustitutos: no se puede sustituir a los profesores que estén de baja hasta pasados 10 días lectivos) y el 6 (el que regula el funcionamiento de las Universidades). La perspectiva desde la que se realiza el recurso queda evidenciada en estas palabras de la consellera Rigau: «Las condiciones laborales las tiene que fijar la Generalitat y en un momento recentralizador en el que el Gobierno podría querer recuperar esa competencias procuraremos que no sea así». No es que estén mal las mediadas o es que sean injustas, es que las tienen que imponer ellos y nadie más. Ellos mandan esta plaza con finalidades muy pero que muy similares.
Es obvio que el recurso tiene un marcado acento político. La consellera Rigau apenas ha dicho esta tilde no es mía, apenas ha criticado el contenido de los hachazos-agresiones. De hecho, algunos de esos «recortes» (palabra maldita donde las haya), algunas de estas agresiones sociales y laborales, como el aumento de la jornada al profesorado, fueron impuestos por el gobierno de los privatizadores versión 1, al que también la senyora Rigau pertenecía, un año antes.
En cuanto al «recorte de plantillas» (¡palabras no menos odiosas!), las críticas de Rigau han sido inexistentes. El gobierno de la General-itat ha recordado la plantilla, «su plantilla», del profesorado en nada menos que 3.000 enseñantes, sólo en el curso 2012-2013. De hecho, en apenas dos años, el gobierno conservador y ultra-neoliberal de la Generalitat ha recortado 627 millones de euros en el presupuesto de la educación no universitaria. Un 12% aproximadamente, nada, una insignificancia.
¿Dónde se ubican, pues, las diferencias de fondo? En el limbo de los injustos. En lo esencial, los gobiernos conservadores y neoliberales se entienden a la primera y van unidos de la mano. Es un asunto de poder, de crudo poder: aquí mando yo, hago lo que me sale del moño (o me señalan los grandes poderes) y no te permito la entrada… sobre todo si en el asunto del euro-por-receta me has dado una colleja inesperada.
¿Dirá también ahora el señor Homs que su gobierno actúa como el perro del hortelano, que ni hace ni deja hacer? ¡Qué cinismo don Francisco!
Nota:
[1] http://www.publico.es/espana/448954/la-generalitat-recurre-al-constitucional-los-recortes-en-educacion e Ivanna Vallespín, «La Generalitat recurre ante el Constitucional…». El País, 16 de enero de 2013, p. 11.
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.