Es lamentable que, a punto de comenzar la década de los años veinte del segundo milenio, vuelvan a oírse los ruidos de sables. A pesar de la obvia desazón que puede producir un comentario sobre la necesidad de acabar veintiséis millones de personas, es más preocupante el hecho de que fuera proferido y aplaudido en un chat en el que participan exclusivamente antiguos altos miembros del Ejército y que sus autores contactasen con el jefe del Estado para instigarlo a dar un golpe de timón a la realidad política actual. Evoca un fantasma de los peores episodios de nuestra historia y muestran la falta de contención de una parte del Ejército al papel que se le ha otorgado en democracia, cuando su modernización y democratización se daban por supuestas. Su función no es la de árbitro político, que es la que han pretendido ejercer a lo largo de la contemporaneidad. Espero, que muchos de los miembros de esta institución se sientan hoy avergonzados y mal representados.
Ese fantasma se remonta al siglo XIX, cuando se fraguó dentro del Ejército una mentalidad intervencionista en asuntos de política interna, contraria a su verdadero cometido: la defensa del exterior. Con la llegada del siglo XX, la pérdida de las colonias de Ultramar y los continuos “desastres” en el norte de África, el pensamiento militar fue escorándose hacia el conservadurismo, especialmente, entre los que estaban destinados en los lugares mencionados. Lejos quedaban las victorias militares, glorias pasadas y añoradas por muchos, que volvieron sus ojos a la política interna y trataron de promulgar importantes cambios en su seno. Las asonadas buscaban cambiar el rumbo gubernativo, curiosamente, con el fin de volver a los tiempos del “glorioso Imperio español”, en vez de estar supeditas al poder legislativo.
Ideológicamente, se basaban en el pensamiento de Menéndez Pelayo, el cual se sustentaba en una noción historicista de la nación española. Esta teoría cuajó dentro de una parte de la intelectualidad, el Ejército, la política y la sociedad. Una nueva derrota, la de Annual, y su consiguiente protesta social, obligaron al rey Alfonso XIII a buscar una solución en el general Miguel Primo de Rivera.
Tras el paso por el poder del jefe general de la Comandancia de Cataluña, llegó la Segunda República. Manuel Azaña quiso remodelar el Ejército, modernizarlo y, sobre todo, convertirlo en un elemento para la defensa exterior. Contó con muchas reticencias, las primeras, que el poder militar estaba en manos de un sector muy concreto y sumamente reacio a los cambios. El ideal de la grandeza de España quedó subsumido en el interés personalista del poder y del intento de control político de un sector del ejército, hacia dentro de las fronteras y no hacia fuera, que era su cometido.
La mirada hacia la política interior de muchos generales continuó a pesar de las infructuosas y mejorables reformas de Azaña. La intentona golpista de Sanjurjo de 1932 es una buena muestra de ello. Fue un levantamiento militar de generales sin tropa, puesto que muchos estaban retirados y aún no se daba la situación ambiental idónea para que triunfase. Los partidos políticos de la derecha aún creían en el juego democrático.
Pero llegó el 36. En las elecciones, no sin controversias, se dio por ganador al Frente Popular. Desde ese momento, incluso antes, varios políticos de la derecha hicieron un llamamiento para que participase el Ejército en la política interna. Aquellos generales, que, dicho sea de paso, no se preocupaban por la defensa de las fronteras de la Patria que tanto abanderaban, por el contrario, decidieron dar un golpe de Estado. Alentado por partidos políticos, apoyado por una parte de la ciudadanía, una parte del Ejército hizo lo que llevaban tiempo esperando. Comenzó una Guerra Civil y, tras la victoria de los sublevados, se impuso una dictadura de cuarenta años. Después de la muerte del general Franco, se inició un periodo de transición a una democracia que todos quisieron hacer pasar por perfecta, y que posiblemente por las circunstancias social y políticas no se pudiera hacer mejor, pero el resultado, el sistema actual, necesita reformas. Con Narcís Serra como Ministro de Defensa del gabinete socialista de Felipe González, se llevaron a cabo unas importantes reformas que culminaron con la profesionalización del Ejército y su reconocimiento en el exterior. Reformulaciones que tenían que ver con la introducción de España en la OTAN. Independientemente de los aspectos negativos y positivos de este tratado, sirvió para que hubiese un cambio en la preparación, y por consiguiente, en la mentalidad de sus miembros. Por fin, el estamento castrense miró hacia fuera de sus fronteras, para su fin: protegerlas. A pesar del pacifismo que podemos abanderar muchos de nosotros, nadie puede negar la profesionalidad, la modernización y su adaptación al sistema democrático de las Fuerzas Armadas.
Por eso, es intolerable volver a escuchar los ruidos de sables, ahora virtuales, que manchan no a una institución, sino a todo el país. Unas palabras y acciones que avergüenzan, o deberían, no solo a sus compañeros sino toda la ciudadanía. Ponen en duda la transición y modernización de las Fuerzas Armadas y, por extensión, todo aquel periodo que nos presentaron como de cambio.
Quien conozca las Fuerzas Armadas sabe de la importancia social, militar y política de un general, así como de las relaciones que mantienen con estamentos del Gobierno e incluso con la Jefatura del Estado. Siendo así, es obvia la relación de los generales del famoso grupo de WhatsApp con los actuales jefes y oficiales, a los que han formado. De ahí la gravedad y, por qué no decirlo, el miedo que provoca su aseveración de que habría que fusilar a veintiséis millones de españoles, y quiero recalcar esto último, españoles. ¿Por qué veintiséis millones? Porque vuelve, o quizá para ellos nunca se ha ido, al ruedo sociopolítico el discurso de la España contra la anti-España que tanto se repitió desde la Restauración borbónica del siglo XIX y que defendió el franquismo. No es una camarilla de nostálgicos, sino un conjunto de mandos que no abandonó aquella mentalidad militar de querer tener una mayor preocupación por el control de la política interior que la defensa de sus fronteras y que, además, prefiere envolverse en banderas que proteger a los ciudadanos de ese país que tanto desean defender. Para ellos, España es algo muy concreto, y lo más revelador, es suyo. Como en el franquismo y en los peores sistemas políticos del periodo de entreguerras, para estos militares (y quienes los defienden o alientan), esos veintiséis millones de ciudadanos no son iguales al resto y por eso deben ser eliminados. La gravedad de las palabras habla por sí solas.
Lo que desean estos altos mandos del Ejército ya retirados, ocurrió en el pasado, y el resultado fue la muerte de una ingente cantidad de personas en la retaguardia y en los campos de batalla, al igual que se jactaban en su chat. Esto sucedió a pesar de que solo un reducido grupo de militares y políticos lo desease, como se ha demostrado en Soldados a la fuerza (2013) de James Matthews, o Soldados de Franco (2020) de quien suscribe. Durante aquella Guerra Civil, unos pocos obligaron a toda la ciudadanía a posicionarse y los convirtió en verdugos de la otra mitad. Es indecente que se pretenda repetir la historia. Por eso, no debemos permitir ningún tipo de acción u opinión antidemocrática, y menos de individuos que sirvieron al Estado y tuvieron tanta responsabilidad social, política y militar
Del mismo modo, no se puede consentir que algunos partidos políticos con representación parlamentaria alienten o defiendan este tipo de acciones. Es una actitud anticonstitucional y antidemocrática. Algunos políticos invitan a las Fuerzas Armadas (FFAA) a ser partícipes del debate político, ahora, cuando ya los “ruidos de sables” no eran más que el eco de un pasado reciente. El actual Gobierno no solo lo contemplan como ilegítimo, sino, además, como usurpador de su poder. Mismo argumento que emplearon desde las elecciones de febrero de 1936 hasta el golpe de Estado, los que perdieron las elecciones y se escondieron bajo la espada de militares que decidieron iniciar el “episodio nacional” más triste de la historia de España. De uno y otro bando partieron hombres que, con diferentes ideas, percepciones del mundo, estratos sociales, nivel alfabetización, los mandaron a matar a esa otra mitad. Quien sabe cómo hubiesen fanfarroneado el general Mola y compañía si tuvieran WhatsApp.
No se trata de una cuestión privada, ni debemos banalizarla. La libertad de expresión solo puede emerger en los límites de la democracia, y estos son muy claros y amplios. No los llamemos nostálgicos, no blanqueemos la situación, ya que estuvieron en activo hasta hace poco y mantienen una influencia nada desdeñable. Una parlamentaria escribió en su twitter que “Hoy más que nunca, es hora de recordarle al ejército que la nación, no es lo mismo que el Estado. Y ellos juraron lo primero”. No afirmo, faltaría más, que ella pidiese que se perpetrara un golpe de Estado y mucho menos que esté a favor de lo dicho en ese chat, pero sí, que es una muestra de la ignorancia sobre lo que representa las FFAA. Sus miembros juraron la constitución y en ella están al servicio del poder ejecutivo, y este último lo está del Parlamento, es decir, de todos los ciudadanos del Estado. Por eso, se puede afirmar que las Fuerzas Armadas cumplen con el pacto constitucional y es una institución democrática. Su función está delimitada y no es, ni por asomo, participar del debate político y social. Por eso, quiero dejar claro, que las opiniones del chat no empañan la excelente labor de muchos de sus compañeros, aunque sí pueden generar recelo sobre cuánto pudo calar este discurso en las actuales Fuerzas Armadas.
Finalmente, involucrar al jefe del Estado pone en duda el papel asignado por la Constitución a la institución monárquica. La gravedad reside en que la carta fue firmada usando el empleo militar, y como individuos que sirven al Estado, ese tipo de acciones son incompatibles con la democracia (y la constitución). En mi opinión, el director de Comunicación de la Casa de Su Majestad el Rey debería indicarle al monarca que es conveniente salir a dar explicaciones, pues es en su nombre en el que se jactan de querer perpetrar semejante matanza. Porque no podemos obviar, que a pesar de la excelente labor que cumplieron en los últimos años, existe una losa muy pesada sobre el Ejército, debido al papel que cumplió en la historia reciente de España. Es el momento de que se demuestre que el Ejército actual no es aquel que miraba hacia el interior, sino que es moderno. Lo mismo ha de dejar claro la Jefatura del Estado, de lo contrario, esta última dejaría de cumplir el pacto constitucional y sería el momento de abrir nuevos debates.
Lo peor de esta noticia no es comprobar que no se ha erradicado una mentalidad propia de los años treinta del siglo pasado, antidemocrática y anticonstitucional, sino observar que muchos están de acuerdo con ella y la fomentan, algunos desde su asiento en el Congreso. Soy optimista y sigo creyendo en que estos generales han manchado la reputación de unas Fuerzas Armadas modernas. Me gustaría que sus miembros estuvieran de acuerdo conmigo en esta aseveración y piensen “ellos no me representan”. Yo seguiré creyendo en su buen hacer.
Sin embargo, me queda un halo de pesadumbre, y creo que, en la transición a la democracia y en sus cuarenta años de historia, en algo se ha fallado, quizás en lo más crucial: en crear una verdadera cultura social y democrática, para que este tipo de comportamientos no sean jaleados, sino que sean vistos como algo repulsivo. No dejemos para más adelante esta asignatura, puede que sea demasiado tarde.
Francisco J. Leira-Castiñeira. Doctor en historia. Investigador del Grupo Histagra-Universidade de Santiago. Visiting Fellow en el Center War Studies-University College Dublin. Autor de Soldados de Franco. Reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar (Siglo XXI España, 2020)