Un informe de Salmonicultura y Derechos Humanos preparado por Oceana, reveló que esta actividad comete una serie de irregularidades y violaciones a derechos contemplados tanto en la carta fundamental como en tratados internacionales suscritos por Chile. Según el estudio, las principales injusticias se cometen contra sus trabajadores, especialmente contra las mujeres embarazadas. Oceana concluye que […]
Un informe de Salmonicultura y Derechos Humanos preparado por Oceana, reveló que esta actividad comete una serie de irregularidades y violaciones a derechos contemplados tanto en la carta fundamental como en tratados internacionales suscritos por Chile. Según el estudio, las principales injusticias se cometen contra sus trabajadores, especialmente contra las mujeres embarazadas.
Oceana concluye que estas violaciones se producen al no respetar derechos fundamentales del trabajador, como contar con un ambiente de trabajo seguro, tener un horario de descanso adecuado, y libertad para asociarse y sindicarse. Marcel Claude, Director ejecutivo de Oceana, manifestó que «los trabajadores son golpeados, maltratados, degradados en su condición humana para que trabajen más del horario legal, en lugares inhóspitos».
El estudio entrega además fundamentos jurídicos de cómo la industria salmonera chilena, vulnera derechos del consumidor, que no es correctamente informado sobre el tratamiento con antibióticos que reciben los salmones; disposiciones medioambientales al afectar gravemente el ecosistema de la región (fuga de salmones, por ejemplo) y de los pueblos indígenas, que han visto cómo su calidad de vida ha disminuido notoriamente desde la instalación de las plantas de salmonicultura. Agrega Claude, que lo que más sorprende es que «en el derecho chileno, las violaciones a los derechos humanos realizados por la industria del salmón quedan prácticamente impunes».
Para el autor de la investigación, el abogado Ariel León, la industria salmonera nacional no tiene asimilado en su política el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, que entiende a la empresa no sólo como una organización de lucro, sino como un actor social que debe ser responsable e integralmente positivo para el entorno social y ambiental donde está emplazada. La falta de esta responsabilidad, permite que la empresa conculque sistemáticamente derechos fundamentales, con el único propósito de reducir costos de producción.
Finalmente, la organización plantea como solución a esta situación una mayor observancia de los tratados y acuerdos internacionales que definen los derechos humanos, sociales y laborales, así como un fortalecimiento de la sociedad civil organizada (ONGs ambientales, sindicatos, asociaciones de consumidores, etc.) para promover nuevos y eficaces mecanismos que establezcan una real protección de estos derechos.
Noticia envíada por Jordi Berenguer