El ejecutivo español pretende allanar el camino para la creación de nuevas empresas [1]. La repetida y sobada consigna de la hora. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría presentó el pasado viernes 24 de mayo el anteproyecto de la Ley de Emprendedores. Algunas de sus perlas. Se crea la figura del empresario de responsabilidad limitada: «el […]
El ejecutivo español pretende allanar el camino para la creación de nuevas empresas [1]. La repetida y sobada consigna de la hora.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría presentó el pasado viernes 24 de mayo el anteproyecto de la Ley de Emprendedores. Algunas de sus perlas. Se crea la figura del empresario de responsabilidad limitada: «el emprendedor no tendrá que responder de las deudas derivadas de su actividad con su vivienda habitual, con un valor máximo de 300.000 euros» y quedan excluidas «las deudas con Hacienda o la Seguridad Social. Se crearán las sociedades limitadas de formación sucesiva «para abaratar el coste de constitución». El Gobierno establecerá un «mecanismo de negociación extrajudicial de deudas», es decir, «un procedimiento extrajudicial flexible y rápido que se solucionará ante un registrador o un notario» [2]. Los empresarios no pagarán el IVA hasta que cobren la factura. «Las pymes que facturen menos de dos millones de euros se podrán acoger a este nuevo régimen, de forma voluntaria».
Hay más medidas desde luego. Una de ellas, esencial, es la del nuevo régimen de visados y autorizaciones de residencia, una de las medidas que acompaña al anteproyecto [3].
Advertencia: traguen saliva y respiren hondo. Con la nueva norma podrán obtener el permiso de residencia los «inversores que realicen una inversión económica significativa o destinada a proyectos empresariales considerados como de interés general». Aunque parece un chiste de muy mal gusto, el megacasino de juego, droga y prostitución del sionista de derecha extrema Sheldon Adelson estaría incluido en ese tipo de inversiones. El camino sesgadamente clasista, la lucha de clases hegemonizada por esa ínfima minoría del 1% de la que ya nos habló Mister Buffett, está abierto «para los inversores que compren más de dos millones de euros en deuda pública o los que adquieran un inmueble valorado en más de 500.000 euros» (el umbral contemplado inicialmente establecía el precio de la vivienda en 160.000 euros). La abyecta puerta se abre también de par en par para «los emprendedores de una actividad de carácter innovador con especial interés económico». La medida afectará también al «personal directivo, altamente cualificado o que forme parte de un proyecto de interés general», al igual que a «los posgraduados de universidades», pero sólo, eso sí, sólo aquellas universidades que sean de «reconocido prestigio».
La justificación gubernamental no tiene desperdicio. Están hechos de esta delicada pasta argumentativa. Los cambios no son ni más ni menos que lo que «hacen los países del entorno para fomentar inversiones de forma ordenada y disciplinada». Ejemplos de esos países: Portugal, Irlanda y Chipre. «El sistema se ha generalizado», añadió la hija del general. Ya está, a otra cosa, maldita mariposa.
La mayoría de asociaciones de inmigrantes -¿cuáles no por cierto?- considera que la medida es discriminatoria. Lo es evidentemente. Pero no sólo es eso: es una demostración más de la degradación social a la quieren conducirnos, un claro ejemplo de la descomposición poliética de este régimen clasista y elitista que no merece ninguna consideración. Ninguna.
El ejecutivo de don Mariano lleva trabajando aproximadamente un año en la medida, con los ministerios de Empleo, Fomento, Interior y Asuntos Exteriores a la cabeza [4]. El anteproyecto, además, está encaminado a reducir el ‘stock’ de pisos que existe en España (¡bancos y constructoras son nuestros comandantes en plaza!), en un momento en el que la demanda interior está paralizada y la externa comienza a recuperarse (ciudadanos y empresas extranjeras compraron durante el primer trimestre de 2013 el 15% del total de viviendas que se vendieron en España).
De este modo, un inmenso y visible cartel figura en puestos fronterizos, mesetas, valles y paisajes costeros: «Se vende, España toda ella está en venta». Los mejores postores tienen premio (¿premio?) de residencia. Mientras tanto, por supuesto, trabajadores y trabajadoras que intentan seguir adelante en condiciones más que difíciles no encuentran trabajo, se les niega toda documentación, se les condena a la ilegalidad programada, se les explota sin protección cuando el empresario y listillo de turno así lo estima conveniente para él y se les niega de paso atención médica o instituciones escolares públicas por carecer de la documentación en regla. La ley es la ley se les diice. ¿Qué ley?
En síntesis: casi todo lo real es injusto e irracional y todo lo irracional e injusto está en la agenda de un gobierno que pretende conducirnos aceleradamente al peor de los mundos posibles, el regido por el color sin olor del dinero.
Notas:
[1] http://economia.elpais.com/economia/2013/05/24/actualidad/1369384326_099817.html
[2] Se prevé que puedan pactarse quitas de hasta el 25% de las deudas. De igual modo, ampliar los plazos de devolución hasta 3 años.
[3] http://economia.elpais.com/economia/2013/05/24/actualidad/1369399295_013369.html
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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