El fenómeno de la vivienda unifamiliar en zonas rurales ha sido largamente ignorado como problemática en todo el mundo, llegando incluso a contemplarse como un factor de calidad de vida por parte de la sociedad. Sin embargo, sus impactos ambientales, sociales y económicos son brutales y, por paradójico que pueda parecer, es tolerado o incentivado […]
El fenómeno de la vivienda unifamiliar en zonas rurales ha sido largamente ignorado como problemática en todo el mundo, llegando incluso a contemplarse como un factor de calidad de vida por parte de la sociedad. Sin embargo, sus impactos ambientales, sociales y económicos son brutales y, por paradójico que pueda parecer, es tolerado o incentivado a pesar de la existencia de unas leyes que previenen contra este tipo de dinámicas.
En el entorno de las grandes aglomeraciones urbanas de muchos países se ha ido produciendo un urbanismo exurbano y periurbano con características y motivaciones muy diferentes. Su denominador común es la dispersión (de residentes) y la difusión (de viviendas), fenómeno que pone en peligro la sostenibilidad de los asentamientos humanos.
El sector beneficiado de esta dinámica es, sin duda, el de la construcción. Mientras la burbuja inmobiliaria ha estado funcionando, el Estado, preocupado únicamente por el PIB, y la propia ciudadanía han ignorado los efectos ambientales del crecimiento urbanístico sobre los recursos naturales y la calidad ambiental, pilares de la sostenibilidad. Posiblemente por estas razones ningún partido político ha querido detener una dinámica que daba réditos económicos y políticos a corto plazo. Y amplios sectores de la ciudadanía, igualmente embriagada de esta perspectiva de aparente prosperidad cortoplacista, ha refrendado con su silencio y su voto una dinámica que sólo la crisis financiera del otoño de 2008 ha logrado detener. Sin embargo, desde algunas instituciones y sectores críticos de la sociedad se ha venido alertando sobre la problemática de esa ciudad difusa en los entornos metropolitanos de grandes ciudades y destinos turísticos.
Los autores de este artículo han realizado recientemente un estudio de este fenómeno en la provincia de Málaga, donde el urbanismo difuso y disperso empezó a tomar cuerpo desde hace pocas décadas, desarrollándose ante la demanda de viviendas unifamiliares tipo mansiones o chalés, como unidad de inversión y especulación. Un fenómeno que, sorprendentemente, ha sido tolerado, cuando no incentivado, desde instancias gubernamentales, aceptándose como una errónea modalidad de turismo (turismo residencial, turismo rural, etc.), cuyo éxito tiene mucho que ver con la sinergia entre el declive de la actividad agraria y la expectativa del rentismo y la especulación inmobiliaria tanto para los segundos residentes nacionales como para los inmigrantes climáticos centroeuropeos.
Causas de la urbanización difusa
El fenómeno de la urbanización difusa en el territorio exurbano o rústico se ha disparado en el arco mediterráneo por una serie de factores que suelen repetirse, como es el hecho de que se produzca en zonas de atractivo paisajístico y bien comunicadas. Sin embargo, hay cierta singularidad en cada zona según la estructura del territorio, cultura, relaciones de poder, etc. En los destinos turísticos del arco mediterráneo (figura 1), la urbanización difusa suele estar muy ligada a una estructura de la propiedad del suelo de tipo minifundista, puesto que la legislación excepciona la edificación en suelo rústico sobre la base de su relación con la explotación agrícola, aunque en la práctica esto sea más una burda excusa que una realidad.
Al mismo tiempo, y precisamente por esta estructura de la propiedad, el negocio especulativo se socializa, se hace extensivo a todos los propietarios de un municipio, lo que a su vez genera negocio a corto plazo a otras empresas del sector servicios, elevando así el grado de satisfacción en la población, el agradecimiento a los políticos locales que lo permiten o alientan, y por tanto alcanzando lo que llamamos socialización de la corrupción. En este contexto, ninguna actividad económica puede competir con la euforia que despierta un enriquecimiento tan rápido en poblaciones que han vivido tradicionalmente en una economía de supervivencia.
Por otra parte, este fenómeno aparece con mayor fuerza en municipios pequeños, con procesos de despoblación y envejecimiento. En estas circunstancias hay problemas para el reemplazo generacional en los usos tradicionales del suelo rústico y las corporaciones municipales ven en el negocio inmobiliario la oportunidad de incrementar los ingresos en los ayuntamientos, mejorar el nivel de vida de los pequeños propietarios, atraer nuevos y segundos residentes, y con ello elevar las cotas de poder y legitimación políticas, lo que explica que en estos lugares la corrupción alcance carácter de normalidad y nunca sea denunciada.
Además de estos cuatro pilares, otros factores coadyuvan para alentar la extensión del fenómeno de la urbanización difusa en suelo rústico. Entre ellos destaca la ambigüedad jurídica, ya que aunque la legislación urbanística deja bien clara la delimitación entre suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, la tolerancia por las edificaciones excepcionales por su interés social son malversadas y utilizadas de forma fraudulenta, bajo el amparo de la autonomía competencial de los ayuntamientos. Esto se complementa con una extraordinaria laxitud en los controles administrativos y policiales hasta que estallan los escándalos. Tal pareciera que hubiera habido un pacto no escrito de silencio por parte del poder político de todas las administraciones para no entorpecer, o incluso alentar, un crecimiento insostenible de las zonas rurales, a falta de una mejor respuesta institucional y empresarial a la crisis económica de estos lugares.
A la vez, estos lugares representan un importante atractivo inversor, para especular o bien para blanquear dinero negro. En la clase media española y europea aparece un horizonte idílico de inversión de ahorros en ladrillos que, hasta la llegada de la crisis crediticia, ha tenido rendimientos sin precedentes, no sólo por la escalada en la subida de precios, sino también por la falta de controles fiscales.
Consecuencias de la urbanización difusa
Los costes del urbanismo de baja densidad pueden ser agrupados en cuatro categorías: ambientales, sanitarios, económicos y sociales (figura 2). Todos los problemas de la urbanización difusa tienen un denominador común: el aumento de las distancias entre las unidades residenciales y los centros de trabajo y los servicios. Así, desde el punto de vista ambiental, este modelo horizontal es altamente consumidor de suelo, contribuyendo a su inertización, desertización, destrucción de paisajes rurales y biodiversidad, y van asociados a estilos de vida altamente consumidores de agua y energía.
Paradójicamente, su mayor acercamiento a la naturaleza le sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad ante desastres naturales, y la dependencia del automóvil se traduce en mayores tasas de contaminación atmosférica y mayor contribución al cambio climático. Su dispersión impide, así mismo, un adecuado sistema de saneamiento, contribuyendo a la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Adicionalmente aparecen problemas de salud (p. ej. obesidad, estrés, siniestralidad, etc.) y sociales (desapego y pérdida de identidad de la población a autóctona, deslegitimación política, etc.).
Pero, por paradójico que pueda parecer, esta dinámica, también provoca reveses económicos que ensombrecen el enriquecimiento rápido y sumergido de estos pueblos. En primer lugar, la especulación del suelo incrementa el precio de la vivienda hasta cotas inalcanzables para la población residente. Por otra parte, la monopolización del sector de la construcción obliga a una dinámica infinita de actividad inmobiliaria, sin posibilidad alguna de supervivencia en caso de desplome del sector, como ha sucedido recientemente.
El modelo disperso aleja a la población de los servicios de las ciudades o pueblos, derivándolas a las grandes superficies, eliminando así una de las pocas fuentes de supervivencia de la población autóctona de los pueblos. Para los residentes en la ciudad difusa, los costes por desplazamientos acaban ocupando los primeros puestos de la factura doméstica. Finalmente, esta forma de canalizar la presencia extranjera en un destino turístico supone una fortísima competencia frente a la empresa turística reglada (p. ej. hoteles), puesto que el nuevo turista deja de usar los servicios turísticos para convertirse en un residente más, con una tasa de gasto muy inferior a un turista convencional.
En conclusión, la urbanización difusa crea riquezas inmediatas a la trama inmobiliaria (de la que participan empresas extranjeras), pero a medio y largo plazo no es más que una ilusión óptica, es un crecimiento sin desarrollo, creando adicionalmente un panorama que se convierte en una bomba de relojería para las arcas municipales, que se ven sometidas a todo tipo de demandas de servicios por los nuevos residentes.
Fuente: http://www.ecologistasenaccion.org/article20009.html