Más de ocho millones de alumnos y 670.000 profesores de la enseñanza no universitaria comienzan un curso escolar que se caracteriza por la aplicación de la LOMCE y la irresponsable improvisación de la administración educativa. Chapuceros en lo técnico y malintencionados en lo político e ideológico. El caos estaría servido si no fuera por el […]
Más de ocho millones de alumnos y 670.000 profesores de la enseñanza no universitaria comienzan un curso escolar que se caracteriza por la aplicación de la LOMCE y la irresponsable improvisación de la administración educativa. Chapuceros en lo técnico y malintencionados en lo político e ideológico. El caos estaría servido si no fuera por el esfuerzo de la comunidad educativa para evitarlo. El desconcierto es aún mayor en alguna comunidad como la de Madrid, núcleo duro del reaccionarismo del PP, antes con Aguirre y ahora con una Cifuentes con otro look y el apoyo de C´s. Merece la pena detenerse en lo que se hace en Madrid porque se utiliza de banco de pruebas de las medidas más retrógradas que luego se extienden a todo el Estado. No hay más que leer lo que dice el consejero de Educación de Castilla y León criticando las reválidas, para ver las diferencias. Veamos las medidas más lesivas de comienzo del curso que están provocando la indignación de la Marea Verde.
Segregación como «filosofía» de la LOMCE. En las Juntas de Evaluación realizadas en septiembre se han empezado a aplicar las medidas a las que obliga la LOMCE y que son la segregación del alumnado desde edades bastante tempranas (13 años). Derivación de alumnos a los llamados Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR), a Formación Profesional Básica, a itinerarios en 4º de ESO de enseñanzas «académicas» o «aplicadas» que conducen al Bachillerato o a la FP siempre que aprueben la reválida. Imaginamos las dificultades que tendrá este alumnado para incorporarse luego a pruebas estandarizadas externas. El tronco común,que debería asegurar el aprendizaje con éxito de todo el alumnado, se va estrechando. Las»alternativas» se pueden convertir en vías muertas y los que siguen en la ESO se toparán con una reválida donde se juegan titular o no después de estar escolarizados al menos hasta los 16 años. Todo son vallas y obstáculos y se penalizará a los alumnos que no sigan el ritmo de los demás o tengan algún contratiempo.
Puesta en marcha de las reválidas LOMCE. A pesar de que el Parlamento aprobó la paralización de la LOMCE, el Gobierno sigue empeñado en aplicar uno de los aspectos más cuestionados, las reválidas. Como en los mejores tiempos, sacó un Real Decreto el 31 de julio donde establece que se realizarán en 4º de ESO y en 2º de Bachillerato a final de este curso; por ser la primera vez no tendrán efectos académicos, pero sí condiciona el acceso a la universidad. Es una irresponsabilidad que estemos a punto de empezar las clases y no se sepa en qué van a consistir las pruebas, sus características, etc. El MEC solo ha avanzado que serán «quince preguntas por asignatura. Al menos la mitad son preguntas abiertas. El resto, tipo test». Dice frívolamente Méndez de Vigo que no hay que preocuparse, que tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar su contenido, justo cuando ya se lleva un tercio del curso de 2º de Bachillerato. Nunca ha comenzado un curso con tanta incertidumbre para las familias, el profesorado y, sobre todo, para 700.000 alumnos de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato.
Déficit de profesorado. Este principio de curso en Madrid se ha acelerado el nombramiento y la designación de centros para el profesorado desplazado, en expectativa, en prácticas e interino, algo que es positivo porque permite que estén presentes en los claustros iniciales y en la distribución de horarios. No ha habido unas instrucciones claras sobre dónde debían de realizar su trabajo durante los exámenes y Juntas de Evaluación de septiembre, quedando al criterio de los directores del centro antiguo y del nuevo, pudiendo ser contradictorias o de dudosa legalidad si afectan a interinos despedidos el 30 de junio para no pagarles el verano. Lo más importante es que continúan faltando profesores en muchos centros, sigue habiendo una tasa de precariedad insoportable. Es un escándalo que se siga contratando a profesores interinos a un tercio de jornada cuando las aulas están saturadas por unas ratios muy altas y carecemos de apoyos en el aula.
Nuevos criterios para la promoción en ESO. Han sido publicados en pleno verano (BOCM 9 agosto) y conocidos en las evaluaciones de septiembre. Son disparatados al permitir que el alumnado pase de un curso a otro con 2 y hasta 3 asignaturas suspensas, a las que se pueden añadir varios suspensos más del bloque de las asignaturas específicas y de libre configuración autonómica como, por ejemplo, Tecnología, Música, Plástica, Ampliación de Matemáticas, etc. Mientras, se mantiene en valor la Religión. Es un intento de ningunear las decisiones sobre nuevas asignaturas que implementan las Comunidades Autónomas y de devaluar muchas otras invitando al alumnado a abandonarlas. También se trata de reducir el fracaso escolar de forma ficticia para justificar la aplicación de la LOMCE (por cierto, en Madrid está aumentando el abandono escolar).Luego presumirán de excelencia y esfuerzo.
No se atiende la demanda de más plazas y más centros escolares públicos. No se ha puesto en marcha toda la demanda de construcción de nuevos centros públicos exigidos por las comunidades escolares y hay una docena de colegios en pleno estado de obras. Al igual que otros años, es muy preocupante el déficit de plazas escolares públicas, especialmente en Infantil y en Formación Profesional. Continúa el cierre de aulas públicas y la negativa a abrir otras nuevas cuando hay matrícula suficiente. Sigue existiendo una ratio de alumnos por aula muy alta, lo que dificulta el trabajo y la atención de la diversidad para asegurar el éxito escolar de cada alumno. Todo está pensado para derivar descaradamente alumnado y recursos de la red pública a la privada concertada.
Directores a dedo. La Consejería de Educación de Madrid ha impuesto equipos directivos en una serie de colegios e institutos públicos, sin tener en cuenta la opinión de la comunidad educativa del centro. Es un atropello a la democracia escolar y que busca la afinidad ideológica más que criterios pedagógicos. La movilización de las familias y del profesorado ha conseguido que en algunos centros afectados los nuevos equipos hayan dimitido o que la Consejería haya aceptado las propuestas que emanaban del Consejo Escolar del propio centro.
Amenaza de una nueva Ley de Universidades en la Comunidad de Madrid. El Gobierno ha presentado un anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior en el que no han participado los sindicatos ni la comunidad universitaria. La ausencia de un modelo de financiación y el plan de la Universidad Complutense con el cierre de facultades y departamentos apunta las líneas privatizadoras y de reducción del espacio público universitario. Se pretende adoptar un modelo de gerencia de la Universidad Pública conforme con los intereses de las grandes compañías privadas, sin autonomías y perdiendo progresivamente su carácter de servicio público. Cierran el cuadro la elevación de las tasas, la reducción de becas y la amenaza del 3+2.
Éste es el pastel que dejó Wert: una ley nefasta, aplicada por una Administración incompetente que pone en peligro la calidad educativa y un sistema público que tiene que tener como finalidad la equidad escolar y la cohesión social. La comunidad educativa y todas las fuerzas sociales, sindicales y progresistas deben inventariar las necesidades educativas y reclamar los cambios que aseguren una reversión de los recortes y la priorización de la red pública.
Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/09/12/la-irresponsabilidad-del-pp-en-educacion/1643
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