Este nuevo gabinete estará destinado a la planificación, fomento, gestión e inversión en educación concertada en la comunidad. Una Dirección General con la que no cuenta la educación pública.
El pasado 11 de agosto el gobierno de Juanma Moreno anunciaba cómo será la organización interna de la Consejería de Desarrollo Educativo, antes Consejería de Educación, para esta legislatura. En esta organización como novedad se encuentra la creación de la Dirección General de Enseñanza Concertada, un gabinete destinado al impulso de la educación concertada dentro de Andalucía. Al frente de esta nueva Dirección General se encuentra José María Ayerbe Toledano con más de 25 años como alto cargo en la Junta de Andalucía, bajo distinto signo político, y que cuenta con un sueldo por sus funciones de 55.812,16 euros anuales.
Según
la propia Junta de Andalucía esta Dirección General tiene entre sus
funciones “La relación de la Consejería de Desarrollo Educativo y
Formación Profesional con las confesiones religiosas en materia
educativa” y también la de “La ejecución de las actuaciones financiadas
con fondos estructurales u otros fondos de la Unión Europea del ámbito
competencial de la Dirección General”. Lo que supone poner en el centro
llegar a acuerdos con las instituciones religiosas para el uso de dinero
público para impulsar colegios concertados de carácter religioso y por
otro lado la inversión de los fondos públicos que llegan a la comunidad
autónoma para fomentar este tipo de espacios educativos privados.
La estrategia con respecto a la educación de Juanma Moreno ha estado tanto en la anterior legislatura (2018-2022) como en la campaña electoral de las pasadas elecciones andaluzas el 19 de junio basada en el discurso de la “libertad de elección”, para justificar la inversión de dinero público en centros de educación privados. La estrategia de Moreno es llegar a un modelo educativo parecido al que propone Ayuso en la Comunidad de Madrid donde los conciertos educativos a instituciones privadas llevan años mermando la educación pública. Según datos oficiales en 2020 el gobierno andaluz destinó 879 millones de euros a educación concertada, la mayor cuantía en la historia del parlamento andaluz.
La OCDE reconoce en su informe sobre Equidad y calidad de la educación que: “Proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede resultar en segregación según competencias académicas y entornos socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”. Una de las estrategias que marca la OCDE es “Evitar políticas del sistema que provoquen el fracaso escolar y estudiantil” a través de propuestas como “Administrar la elección de escuela para evitar la segregación y el aumento de las desigualdades”.
Los discursos en torno a la libertad de elección que enarbolan partidos políticos como el PP se basan en la idea de querer salvaguardar el derecho a los padres a elegir cómo va a ser la educación de sus hijos, Sin embargo como recoge el Tribunal Supremo en su Sentencia 86/1985 de 10 de julio: “el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales”. Poniendo en el centro que la obligación de las instituciones públicas tienen la obligación de dar acceso una educación gratuita, integral y de calidad a toda la población.
El gobierno andaluz anuncia la creación de esta Dirección General a un mes del inicio del curso 22/23, ante la alarma de movimientos de alumnos, profesorado y padres en defensa de la educación pública que ven en esta decisión el inicio de un cambio en el modelo educativo que les deje fuera. Según el sindicato USTEA durante la última legislatura se han cerrado 1181 unidades escolares públicas mientras que se han creado 40 nuevos centros de educación concertada.
En Andalucía la educación pública se ve afectada no solo por los recortes sino también por la falta de personal, ratios de alumno por clase altos que hacen que se pierda la calidad en la enseñanza, falta de aclimatamiento de los espacios e incluso la promesa incumplida de la Consejería de Educación de quitar los techos de amiantos de las escuelas. Por ello los movimientos de defensa de la educación pública en la comunidad autónoma han convocado una gran manifestación el próximo 1 de septiembre frente al Parlamento de Andalucía para exigir una educación pública digna y de calidad.