La Junta de Andalucía vuelve a impedir el libre ejercicio del derecho de huelga del profesorado de la Universidad de Sevilla. Ha dictado una resolución por la que establece unos servicios mínimos que obligan a realizar los exámenes que estuvieran programados durante la huelga: es decir, imponen – de nuevo – unos servicios «máximos» del […]
La Junta de Andalucía vuelve a impedir el libre ejercicio del derecho de huelga del profesorado de la Universidad de Sevilla. Ha dictado una resolución por la que establece unos servicios mínimos que obligan a realizar los exámenes que estuvieran programados durante la huelga: es decir, imponen – de nuevo – unos servicios «máximos» del 100% de los exámenes.
Cuesta subrayar suficientemente la gravedad de esta resolución. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló una disposición equivalente en la huelga convocada en la Universidad de Sevilla en septiembre, por considerar que tales servicios mínimos lesionaban nuestro derecho constitucional a la huelga.
En efecto, según el Tribunal Constitucional, se produce una violación del derecho de huelga cuando se priva a la huelga «de su plena efectividad como medio de presión colectiva» (STC 33/2011, 28 de marzo). Esto es lo que, por dos veces, han hecho la Junta de Andalucía y el Rector de la Universidad de Sevilla. Nos privan de la principal herramienta de presión de que disponemos los trabajadores y las trabajadoras para defender nuestros derechos y reivindicaciones.
La Junta de Andalucía se permite reincidir en la violación de nuestros derechos porque la primera vez le salió gratis: la sentencia que la condenó llegó en febrero, cuando los exámenes de septiembre estaban más que finalizados. Este es un claro ejemplo de que la justicia, si es lenta, no es justicia.
El Comité de Huelga adoptará las medidas, judiciales y de otro tipo que estime oportunas, para enmendar la lesión a los derechos constitucionales del profesorado en huelga.