La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que preparó el escrito, ha puesto en evidencia que la desaparición del escritor debe trascender la leyenda para que se indaguen las responsabilidades penales de su asesinato. La causa judicial que en Argentina instruye los crímenes del franquismo ha recibido un pedido para que investigue […]
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que preparó el escrito, ha puesto en evidencia que la desaparición del escritor debe trascender la leyenda para que se indaguen las responsabilidades penales de su asesinato.
La causa judicial que en Argentina instruye los crímenes del franquismo ha recibido un pedido para que investigue el asesinato del poeta Federico García Lorca. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que preparó el escrito, ha puesto en evidencia que la desaparición del escritor debe trascender la leyenda para que se indaguen las responsabilidades penales de su asesinato.
Así lo manifestó Ana Messuti, una de las abogadas de la querella que presentó este martes en Buenos Aires la documentación en el despacho de la jueza María Servini de Cubría junto con los abogados argentinos Máximo Castex y Carlos Slepoy.
«Lo importante es que un trabajo de la ARMH está recuperando la memoria de una muerte que se convirtió en una especie de mito, cuando en España se olvida la dimensión jurídico penal. Lorca ha pasado al imaginario colectivo por la desaparición de su cadáver, cuando en realidad hay un crimen que denunciar», indica a Público la letrada.
La denuncia que han entregado, sostiene Messuti,«pide que la punta del iceberg revele la campaña que se encuentra debajo», una tarea difícil de llevar a cabo ante la ausencia de colaboración del Gobierno español, que continúa sin dar trámite al pedido de la jueza argentina para tomar declaración indagatoria a los imputados en su investigación.
Los querellantes mencionan en su oficio una información de la 3ª Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Granada «en el que figura un relato que acredita de manera fehaciente las circunstancias de la detención y asesinato del poeta».
Ese documento, fechado el 9 de julio de 1965, califica al escritor de socialista y masón, y relata que tras dos allanamientos a su casa, Lorca se refugió en la vivienda de unos amigos, antiguos falangistas, hasta que fue detenido por orden del Gobierno Civil.
«Se ha podido precisar», añade el informe, que el poeta fue sacado de los calabozos del Gobierno Civil «por fuerzas dependientes del mismo», y trasladado en un coche junto con otro detenido hasta que llegó a la localidad granadina de Víznar, donde «fue pasado por las armas» y luego «enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco, en un lugar que se hace muy difícil de localizar».
Según la Brigada Regional de Policía, Lorca estaba acusado «de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli», aunque también admitía que no había antecedentes. Por esta información, que procede precisamente de los archivos del Ministerio del Interior, la ARMH solicita a la Justicia de Argentina que envíe una comisión rogatoria para recibir copias certificadas de este documento y de todos los que se refieran a la detención y asesinato del poeta.
Una vez la jueza Servini acepte este pedido, algo que los abogados dan por supuesto, «saldría la comisión rogatoria, y se sortearía el juez de instrucción español al que se debe pedir esta información», añade el abogado Castex. «España debería dar curso a la comisión rogatoria, porque está prevista en el tratado de Cooperación y Asistencia en Materia Penal entre Argentina y España», afirma.
«Veremos si a partir de ahí se puede pedir al Ministerio del Interior, que es de donde procede ese documento, que se abran los archivos de esta cartera«, enfatiza Adriana Fernández, una de los tres querellantes originales que impulsaron la megacausa que investiga los crímenes del franquismo, además de representante de la ARMH.
Entre 300 y 400 querellas ha recibido el juzgado de Servini de Cubría para que investigue los delitos de lesa humanidad de la dictadura española, mientras siguen llegando denuncias a través de los consulados argentinos de todo el mundo. Hace dos años se superaron las 5.000, según el Ministerio Público Fiscal, así que ahora el número será mucho mayor.
Entre tanto, la jueza aguarda a que España le dé la autorización para tomar declaración indagatoria a 19 altos cargos del Gobierno franquista y de la transición, entre los que hay dos ex ministros, José Utrera Molina y Rodolfo Martín VIlla. El Ministerio de Justicia recibió el exhorto de la magistrada el pasado 9 de marzo, en el que planteaba su viaje entre el 4 y el 22 de abril. Todavía no ha respondido. En el juzgado de Servini, hoy asentían: «Pasa lo mismo con los exhortos».
Falsas afirmaciones del ministro de Exteriores
El Ministerio de Justicia recibió el 9 de marzo un exhorto de la magistrada María Servini de Cubría, instructora de la causa, para poder viajar a España con el fin de tomarle declaración indagatoria a los 19 altos cargos del Gobierno franquista y de la transición imputados en su investigación.
Consultado por Público sobre el motivo por el que el Gobierno español no da trámite al pedido de la jueza María Servini de Cubría, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, repuso: «Entiendo que esto es algo que deben tratar las autoridades judiciales, y que el Gobierno se limita a transmitir las decisiones de las autoridades judiciales como ocurre en un Estado de derecho».
Desde la Embajada española en Buenos Aires, donde se disponía a dar un homenaje a los españoles desaparecidos durante la dictadura argentina (1976-1983), el ministro agregó: «No es un expediente que haya seguido con especial atención, no conozco más detalles».
El abogado Carlos Slepoy, representante de la querella en la causa judicial, contradijo a García-Margallo. «Lo que ha dicho el ministro es inconcebible. Primero, que no conozca el tema, y segundo, que ignore el hecho de que él dice que es un tema de la Justicia, cuando una comisión rogatoria tiene que ser habilitada en vía administrativa con anterioridad, y eso es precisamente lo que no han hecho».
El letrado afirmó que el Gobierno español es un Ejecutivo en agonía que va a ser inmune a cualquier pedido que se haga, «pero confiamos en que las nuevas autoridades políticas tengan una actitud diferente y de colaboración con la Justicia argentina».
Fuente: http://www.publico.es/politica/justicia-argentina-recibe-denuncia-investigue.html