Y el atropello no es sólo para los dos sindicalistas sino sobre todo lo es para lo que representan y defienden. Por ello, la Plataforma Contra la Represión y por las Libertades convocó una rueda de prensa para dar cuenta de los últimos acontecimientos a cerca de la sentencia dictada por el juez Lino Rubio, […]
Y el atropello no es sólo para los dos sindicalistas sino sobre todo lo es para lo que representan y defienden. Por ello, la Plataforma Contra la Represión y por las Libertades convocó una rueda de prensa para dar cuenta de los últimos acontecimientos a cerca de la sentencia dictada por el juez Lino Rubio, en 2007, en la que condenaba a Cándido y a Morala a tres años de cárcel, a indemnizar al Ayuntamiento de Gijón con 5.625 euros y a pagar una multa de 2.160 euros cada uno.
La Plataforma solicitó el indulto y dos años después, el 18 de septiembre de 2009, el Consejo de Ministros lo concedió parcialmente y de manera muy sesgada. Porque estando ya en libertad, en tercer grado, en menos un año hubieran quedado libres de todo cargo. El indulto supuso un claro retroceso. Textualmente dice: «Vengo a conmutar a…[Cándido y Morala] la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que abonen las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia en el plazo que determine el tribunal sentenciador y no vuelvan a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años…» (BOE 242/2009)
La sentencia queda ahora sustituida por este nuevo texto, pero no lo entendió así el juez Lino Rubio cuando mantiene la multa de los 2.160 euros y procede a dictar una providencia para ejecutar el embargo.
Pero aún cabe señalar que el juez dicta el embargo, en el caso de Morala, contra una cuenta de su familia, de su madre y, en el caso de Cándido contra una cuenta ya cancelada que pertenecía a su padre. En el primer caso el banco comunicó que se trataba de un depósito a plazo y hasta que éste no venciera no se podrá hacer efectivo y, en el segundo caso, como la cuenta no existe no hay notificación. A parte de la obcecación y, de algún modo, de la obsesión persecutoria contra Cándido y Morala, la situación para este juez ahora se presente tragicómica, es decir, embarga una cuenta inexistente y otra cuenta incobrable a corto plazo, es decir, a su obstinación ha de sumarse el agravante de la incompetencia.
En todo momento Cándido y Morala se declararon inocentes y reiteraron, un vez más, que en ningún caso pagarían indemnización ni multa alguna. La responsabilidad civil, los 5.260 euros, fueron pagados por el propio Ayuntamiento a través de un alto cargo del PSOE como consecuencia directa de la presión de las movilizaciones y, en cuanto a la multa, el abogado entiende que ha sido indultada por no estar comprendida en lo que se considera responsabilidad civil y por no citarse expresamente en el texto del indulto por lo que queda excluida como sanción pendiente. El nuevo texto de la sentencia queda, o debiera quedar, reducido sólo y exclusivamente a lo contenido en el texto del indulto del Consejo de Ministros, contrariamente a lo que de modo abusivo y arbitrario entiende el juez Lino Rubio.
Durante la rueda de prensa y conforme al espíritu con que se convocó hubo numerosas declaraciones. «La represión y persecución a los trabajadores se mantiene y se acentúa a pesar de la grave situación de paro cuando sólo en Gijón hay más de 20.000 parados y 70.000 en Asturias.»
También se puso nombre y apellidos a los responsables de la situación y de la represión ejercida. Consideran responsables directos al Ayuntamiento de Gijón, en especial a la alcaldesa Paz Felgueroso del PSOE y al concejal de IU Montes Estrada que reiteradamente mintieron diciendo que el Ayuntamiento no había tomado parte en la acusación y que ninguno de los dos pagarían nada ni tampoco irían a prisión. Responsabilizan también al Delegado del Gobierno Antonio Trevín, del PSOE, de estar detrás de todo el proceso y del la parodia del indulto concedido para empeorar las cosas y mantenerles amenazados durante cuatro años, algo que ni siquiera estaba en la sentencia inicial.
También se mencionó la gran responsabilidad de la justicia, de la policía y de las autoridades políticas municipales y regionales que mientras perseguían a los trabajadores por defender y luchar por sus puestos de trabajo, se maquinaba el cierre de los astilleros, se privatizaban, se despedía a los trabajadores y, todo ello, sin que en ningún momento hubiera responsable penal y ni siquiera se abriera investigación alguna. Las pérdidas pagadas con fondos públicos y las irregularidades contables, administrativas, de gestión y los resultados son de escándalo pero en ningún momento trascendieron más allá del perjuicio y de la ruina causada a la industria naval y a las industrias auxiliares y, con ello, a los trabajadores que ven cómo se han destruido miles de puestos de trabajo. Ningún cargo político, propietario o directivo relacionado con la trama de los astilleros ha sido investigado y mucho menos sancionado. Pero sí lo están siendo los trabajadores.
Concluyen las declaraciones de la Plataforma afirmando que el objetivo de recalificar los 300.000 metros cuadrados que ocupan ambos astilleros, Juliana y Naval Gijón, está cerca ya de «lograrse» según los «planes diseñados» por todas estas autoridades políticas municipales y autonómicas que siguen amparando y propiciando la burbuja inmobiliaria y a sus promotores.
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