“La Corona debe (…) velar por la dignidad de la Institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, solo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren –y la ejemplaridad presida– nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos”.
Es un extracto del discurso pronunciado por Felipe VI ante las Cortes Generales en junio de 2014, durante su proclamación como jefe del Estado. Y es el mismo extracto que la Casa del Rey incluyó en el comunicado emitido el 15 de marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia, tras las publicaciones de los escándalos financieros en los que supuestamente estaba envuelto su padre.
Del padre, del rey emérito Juan Carlos, se recuerdan aún las palabras pronunciadas durante su discurso de Navidad en 2011, referidas esta vez a Iñaki Urdangarín, que fue condenado posteriormente por el caso Noos: «Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”.
Los últimos acontecimientos judiciales desmienten por enésima vez esa afirmación, corroborada por la propia Constitución, que recoge la inviolabilidad del monarca, es decir, el rey no puede ser juzgado por los supuestos delitos que pueda cometer durante su reinado. Dicho de otra manera: la justicia es (casi) igual para todos menos para el rey.
El archivo de todas las investigaciones en torno a la fortuna de Juan Carlos de Borbón por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo se debe a tres motivos: algunos de los supuestos delitos que se pretendían juzgar se cometieron presuntamente en los años de su reinado y, por tanto, están protegidos por esa inmunidad constitucional anacrónica; los supuestos delitos cometidos a partir de 2014, cuando dejó de ser rey, han prescrito; y se salva también de otros supuestos delitos como donaciones de dinero no declaradas a Hacienda al haber realizado su regularización fiscal.
Si la justicia fuera igual para todos, incluido el rey, Juan Carlos I habría sido juzgado por presuntos delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de cohecho. De ese modo, se habría sentado en el banquillo por el caso del AVE a la Meca. La Fiscalía es clara en ese sentido y sostiene que no puede acreditar ni siquiera de modo indiciario que el ingreso de 64.884.405 euros en la cuenta de la fundación Lucum en 2008 sea en concepto de comisión. «Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado que Juan Carlos de Borbón desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal”. La justicia suiza ya había archivado en diciembre de 2021 la causa abierta por los mismos hechos.
La Fiscalía del Supremo sí afirma, no obstante, que el rey emérito era entonces “el verdadero titular” de la cuenta, aunque la ocultó a Hacienda. «Se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces el importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito«, dice el decreto. Blindado por su inviolabilidad, el rey tampoco será juzgado por un posible delito de blanqueo por las supuestas operaciones llevadas a cabo en esos años.
Por el dinero y los regalos que recibió por parte del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause –516.606,32 euros– y de los que se beneficiaron algunos familiares –sin identificar por la Fiscalía– tampoco rendirá cuentas ante la justicia. Aunque el ministerio público confirma que los ocultó a Hacienda, luego procedió a su regularización: en diciembre de 2020 y en febrero de 2021. Incluso, sostiene el decreto, ingresó 16.748,14 euros más. La Fiscalía niega que avisara de la investigación al rey y, por tanto, argumenta que la decisión de regularizar esos ingresos fue voluntaria y espontánea.
Y sobre la tercera pata de la investigación abierta, el Ministerio Público también exonera a Juan Carlos I del trust creado en 2004 por Joaquín Romero Maura: “Entre 2004 y 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con S.M. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas”. Sí constata la existencia de dos trust creados en la década de los 90 en los que el rey emérito aparecía como «único beneficiario”.
Según la encuesta realizada por el instituto demoscópico 40dB. para la Plataforma de Medios Independientes, entre ellos La Marea, el 77,9% de las personas consultadas está muy de acuerdo o bastante de acuerdo con que el rey, durante su reinado, pueda ser juzgado por sus actos. No hay división en esto. Los partidos de derechas y la ultraderecha respaldan igualmente esta modificación. De acuerdo al artículo 56.3 de la Constitución, el rey Felipe VI tampoco podría ser juzgado en estos momentos si hubiera cometido algún delito durante su reinado. Es decir, la justicia seguiría siendo igual para (casi) todos, menos para él.
Fuente: https://www.lamarea.com/2022/03/03/la-justicia-es-casi-igual-para-todos-menos-para-el-rey/