Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, han presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo al considerar que la justicia española ha vulnerado sus derechos al negarse a investigar las actuaciones presuntamente delictivas cometidas por Juan Carlos de Borbón.
La demanda argumenta la naturaleza “opaca” de la actuación del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, que no ofreció resultado alguno en los más de dos años trascurridos sin practicar diligencias desde que en diciembre de 2018 registraron una querella contra el anterior jefe del Estado.
Esta actuación no mereció tampoco el amparo del Tribunal Constitucional, al que se recurrió en 2021, con lo que se agotaron las vías para que la justicia española investigara a Juan Carlos de Borbón.
IU y PCE han registrado su demanda ante la justicia europea dentro del plazo de seis meses que fija el Tribunal de Estrasburgo desde la última actuación judicial en el país de origen, en este caso la no admisión del recurso de amparo por el Constitucional en octubre pasado, tras la inacción del Supremo contra el rey emérito y otras personas de su entorno de amistad más cercano.
El TEDH fija el uso de un formulario estándar para que los demandantes formalicen sus escritos. Siguiendo este protocolo, el formulario para explicar las vulneraciones, el anexo que detalla los hechos denunciados y toda la documentación que le acompaña suman cerca de 900 folios, todo ello al margen de las copias requeridas en soporte técnico.
Además de estar impulsada por Izquierda Unida, Partido Comunista de España y Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, esta actuación ante la justicia europea cuenta con el respaldo de las formaciones que integran el espacio político del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Los demandantes consideran vulnerado el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), al que está obligada España, toda vez que el Tribunal Supremo “con un claro ánimo exculpatorio a ultranza” archivó sin practicar diligencia la querella y la posterior ampliación registradas.
Para Izquierda Unida y el PCE, el Supremo vulneró al archivar su querella los artículos 6.1 y 13.1 del citado convenio europeo, que hacen alusión al derecho fundamental a un proceso equitativo y a la tutela judicial efectiva por parte de un tribunal independiente e imparcial.
Entre otras razones, detallan que no se ha respetado la tutela judicial efectiva porque las actuaciones de la Fiscalía son “ajenas” al sistema judicial, corresponden a una institución jerárquica y su desarrollo está “vetado al público” y no permite personación alguna.
En relación a los argumentos esgrimidos por el Supremo para archivar la querella interpuesta y por la Fiscalía para no investigar a Juan Carlos de Borbón, los demandantes denuncian ante el Tribunal de Estrasburgo que la justicia española le ha concedido una suerte de inmunidad para ser impune ante la comisión de cualquier delito, lo que va en contra de la legislación europea.
“La justicia española -se especifica en la demanda- ha dado carta blanca al ex monarca para que pueda delinquir sobre persona o bienes jurídicos especialmente protegidos sin que tenga responsabilidad penal alguna”.
En este sentido, está muy reciente la decisión de un juez británico de seguir con la causa abierta en Reino Unido contra el rey emérito por la demanda que interpuso su ex amante Corinna Larsen. La justicia británica considera que no puede ampararse en ningún tipo de inmunidad.
IU y PCE aluden también en su escrito a la actuación de los magistrados que rechazaron su querella en el Tribunal Supremo, encabezados por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena Gómez. En el auto de archivo de comienzos de 2011, «estos jueces denigran a los querellantes y llegan a tacharles como profesionales de la acción popular».
A juicio de los ahora demandantes, «demostraban así una evidente animadversión y hostilidad contra ellos. De esta forma, se produce una apariencia de falta de imparcialidad similar a la que ya le valió una condena a España por parte de la justicia europea en otro caso».