La recuperación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel no solamente ha repercutido positivamente en el sentir de la opinión pública sensibilizada con la conservación y el turismo ornitológico, sino también en la propia población local que temía perder una de sus señas de identidad. Una climatología adversa, una sobreexplotación del acuífero de La […]
La recuperación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel no solamente ha repercutido positivamente en el sentir de la opinión pública sensibilizada con la conservación y el turismo ornitológico, sino también en la propia población local que temía perder una de sus señas de identidad. Una climatología adversa, una sobreexplotación del acuífero de La Mancha y su contaminación por las aguas residuales de los municipios ribereños, han tenido un especial protagonismo en el alarmante deterioro de este ecosistema, que ha estado a punto de perder la clasificación de Reserva de la Biosfera, otorgada por la UNESCO en 1981.
Afortunadamente la comarca del Campo de Calatrava, donde se ubican las Tablas de Daimiel, tiene una nueva oportunidad, en la que ha desempeñado una papel muy importante la administración de Parques Nacionales, para reconsiderar el tratamiento que las actividades humanas deben dar a su entorno.
Dicha administración, aun cuando veía desaparecer el agua del humedal, ha seguido desarrollando actuaciones tendentes a preparar el terreno para que, cuando llegaran condiciones climáticas favorables, como las habidas en los últimos dos años, pudiera regenerarse hasta los niveles actuales.
Que nadie piense que con estas condiciones el dinero fluye en esta comarca. Conviven jornaleros, trabajadores y empresarios del sector agrícola, también del sector servicios, especialmente del turismo (alojamientos hoteleros y rurales, restaurantes y empresas de guías turísticos). Tampoco el dinero público corre con alegría en la recuperación de su rico patrimonio cultural. Pero la impresión, al visitar estos pueblos de La Mancha es que se encuentran inmersos en un proceso de adaptación a los nuevos tiempos, en los que ningún recurso sobra para desarrollar una economía que los sustente.
Tengo la sensación de que las tensiones entre unos y otros no han desaparecido en la convivencia diaria. Mirando hacia las tierras de cultivo, observamos una apuesta por la agricultura intensiva que requiere gran cantidad agua, pero me parece que han encontrado cauces para generar consenso, acercando posturas entre aquellos sectores que en otros momentos han sido los únicos protagonistas en la toma de decisiones, y los emergentes, como son los pertenecientes al sector servicios, en claro proceso de crecimiento. Todo cambio requiere un período de transición no exento de conflicto, como los que debieron surgir hace doscientos años cuando se gestó la transición desde una economía ganadera a una agricultura intensiva en torno al cereal y la vid, o mucho más atrás, cuando sociedades cazadoras-recolectoras vieron amenazado su espacio por los cambios que generaba la irrupción del Neolítico, estableciendo comunidades sedentarias, así como el derecho a la propiedad privada. El consenso no debe implicar que las diferencias desaparezcan, sino que supone un común acuerdo por trabajar unidos en el interés general.
Enlazo estas reflexiones con el problema actual que, en la Comarca de la Comunidad de Teruel, se vive con la recuperación de la Laguna del Cañizar.
La situación inicial legal de este espacio no podemos centrarla en el momento de su desecación, hace más de dos siglos. Y al plantearnos su futuro y el de las poblaciones humanas donde se localiza, es importante poner sobre la mesa de trabajo, con criterios objetivos, las circunstancias actuales en cuanto a legislación, sensibilidad social y posibilidades de desarrollo para una sociedad inmersa en el mercado global. Las ordenanzas de riego apenas regulan unos turnos, sin que en ningún momento cuantifiquen el volumen de agua del que se dispone, dato imprescindible para hacer una gestión no sólo con garantías ecológicas, si no también para definir el número de hectáreas que pueden llegar a regarse, sin olvidar concretar en qué productos competitivos deben orientarse las labores del campo.
La legislación actual europea apuesta claramente por la necesidad de conservar los espacios naturales. Incluso nuestra Constitución, que se promulgó en momentos no muy proclives a una sensibilidad por el medio ambiente, insta a que los poderes públicos velen no solo por el bienestar de la población con su desarrollo socio-económico, sino también a la responsabilidad que tienen de conservación de los valores naturales del territorio.
Aunque es deseable que sea desde lo local donde surja el interés por la recuperación de uno de los humedales que la Península Ibérica no puede permitirse perder, la obstinación de ciertos sectores por bloquearlo no debe paralizar las directrices marcadas desde la Unión Europea y ratificadas por el estado español. Éstas apuestan por un modelo de desarrollo sostenible en el tiempo, donde converjan la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población, dotándola de herramientas para desarrollar economías que les proporcionen recursos para vivir, en convivencia con elementos naturales. Los valores y servicios ambientales no solo son indicadores de la voluntad por conservar el entorno y la biodiversidad, por lo que significan de respeto a la vida, sino que cubren esa necesidad ciudadana de disponer de ellos para enriquecer su calidad de vida, en primer lugar la de los que viven en estos pueblos, en cuanto que son espacios libres donde acercarnos a la naturaleza y en cuanto que nos ofrecen servicios imprescindibles para nuestra vida, que sólo la naturaleza puede darnos.
Sin duda, en el proceso seguido en los últimos años para volver a inundar estas tierras con vocación natural de humedal, las cosas se podrían haber hecho de otra manera, y aún estamos a tiempo para rectificar. La Ley lo es para todos y toda actuación debe velar por la transparencia y la legalidad.
Por otra parte, el proyecto, que ya ha recibido un reconocimiento del Gobierno de Aragón otorgándole el Premio de Medio Ambiente del año 2012, puede seguir adelante como iniciativa de una fundación, que aunque con patrones públicos, no deja de ser privada, o como una iniciativa tutelada por la administración pública. En este segundo caso puede ser asumida por el Gobierno de Aragón o por el gobierno estatal en sus respectivas competencias en los espacios protegidos y en la gestión de las cuencas hidrográficas. Cualquiera de las dos fórmulas es válida y en el territorio nacional pueden localizarse experiencias en uno u otro sentido.
Ángel Marco. Miembro de Ecologistas en Acción
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