El Congreso ha aprobado una de las leyes que más enfrentamiento ha generado dentro del propio Gobierno y del movimiento feminista.
«La Ley Trans ya es ley», ha dicho, a modo de conclusión tras los desencuentros en el seno del Gobierno, la ministra de Igualdad, Irene Montero.La conocida como Ley Trans –Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI– ha sido aprobada este jueves en el Congreso de manera definitiva junto con otra de las grandes reformas de la legislatura: la de la ley del aborto.
La Ley Trans ha supuesto un foco –otro más– de disputa no solo entre los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, sino también en el propio movimiento feminista. Con la nueva legislación, las personas trans podrán cambiar su sexo y nombre en el DNI desde los 16 años sin necesidad de informes médicos u hormonación. Esta es una de las claves de la ley, la despatologización y la libre determinación de género sin testigos ni intervención judicial. El proceso consiste en solicitar el cambio en el Registro Civil y volver a los tres meses para confirmarlo y que se haga efectivo.
Las principales novedades en la reforma de la ley del aborto es, además de devolver la capacidad a las menores de 16 y 17 años de interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus progenitores, el avance en el derecho a la salud menstrual de las mujeres, en la educación sexual para prevenir las violencias machistas y las garantías de que el aborto se realice en un centro sanitario público y, excepcionalmente, en una clínica privada acreditada.
“Habrá resistencias, como las hay y las ha habido con todas las leyes feministas. Toca trabajar para garantizar que, cuando entre en vigor, en todos los hospitales públicos haya personal suficiente para la interrupción voluntaria del embarazo, ha afirmado Montero con respecto a la objeción de conciencia.