Los juristas y los estudiosos de la ciencia política suelen decir que en un Estado de derecho gobierna el ‘imperio de la ley’. Pero hace tiempo que la sabiduría común de la gente sometida a ese imperio ha encontrado una respuesta justa, en las charlas informales de los corrillos tertulianos en los cafés de pueblo […]
Los juristas y los estudiosos de la ciencia política suelen decir que en un Estado de derecho gobierna el ‘imperio de la ley’. Pero hace tiempo que la sabiduría común de la gente sometida a ese imperio ha encontrado una respuesta justa, en las charlas informales de los corrillos tertulianos en los cafés de pueblo y barrio: ‘quien hace la ley hace la trampa’. Es decir, los sesudos investigadores diplomados ignoran -porque quieren ignorar-, lo que sabe cualquier persona medianamente informada de lo que pasa en nuestro mundo. En nuestro país, desde siempre, la ley favorece a los poderosos y está en contra de los débiles. ¿No será que esa ciencia en lugar de desvelar la verdad de las relaciones sociales, quiere ocultarnos la auténtica realidad?
Y esto viene a cuento del proceso judicial -que es también político y económico-, que se ha tramitado en los últimos años alrededor de la Urbanización de Valdecañas. Por dos veces el Tribunal Supremo ha condenado la construcción de ese complejo residencial de lujo en la isla del pantano de Valdecañas. Pero la empresa ha hecho caso omiso de la decisión judicial; y para ello la empresa cuenta con el apoyo de los partidos mayoritarios de la Asamblea Extremeña. Por dos veces, la Asamblea ha votado a favor de conceder la calificación de PIR (Proyecto de Interés Regional) a dicha urbanización, por unanimidad la primera vez (sólo había PP y PSOE) y por mayoría absoluta de 62 votos la segunda (con los 3 votos de IU en contra).
Y para poder hacer esa declaración de PIR la Asamblea ha tenido que cambiar la legislación extremeña, elaborada por ella misma. Pero esa legislación no ha sido admitida por las instancias superiores del Estado: la Ley del Suelo Extremeña está recurrida por el gobierno por inconstitucionalidad en varios puntos. Será consecuencia de esto o no, pero la judicatura ha vuelto a declarar ilegal la construcción de Valdecañas y la ejecución de la sentencia exige la demolición de todo lo construido.
Sin embargo, para ejecutar la sentencia la empresa solicita que las organizaciones ecologistas que han denunciado el caso ante los tribunales, depositen una fianza por 140 millones de euros, que es el valor estimado de las inversiones realizadas. Hace un año cuando el primer fallo de ilegalidad, la empresa aseguraba que el valor de los inmuebles ascendía a 120 millones de euros. A pesar de las sentencia en contra la empresa ha seguido invirtiendo 20 millones de euros en un proyecto declarado ilegal por la justicia.
Pero la ilegalidad manifiesta del proyecto ya era notoria desde el mismo momento de su inicio, las denuncias de Ecologistas en Acción y ADENEX datan del 2007, y la empresa ha ignorado sistemáticamente la ley a lo largo de todo este tiempo. ¿Por qué el movimiento social tiene que pagar la violación de la ley por parte de un grupo empresarial? ¿Dónde está la justicia en este país?
El día 26 de enero se realizará el acto de conciliación. Veremos que resulta de todo esto.
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