Conversamos con el presidente de la Red de Consumo Solidario sobre las limitaciones de las políticas para hacer frente a los problemas alimentarios en Catalunya, como los bancos de alimentos, y la aparición de alternativas de auto-abastecimiento y organización de la gente. A principios de agosto de 2013 el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, presentó […]
Conversamos con el presidente de la Red de Consumo Solidario sobre las limitaciones de las políticas para hacer frente a los problemas alimentarios en Catalunya, como los bancos de alimentos, y la aparición de alternativas de auto-abastecimiento y organización de la gente.
A principios de agosto de 2013 el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, presentó el Informe sobre malnutrición infantil en Cataluña, que ponía en evidencia una de las consecuencias más alarmantes de la situación de pobreza que se está acentuando con el actual crisis económica y la política de recortes. ¿Qué valoración haces de este informe?
El Síndic ha hecho patente la situación existente respecto al tema de la malnutrición infantil. El informe es claro y contundente, basándose en datos públicos de Cataluña contrastados con diversas fuentes, tanto públicas como de entidades sociales (Cáritas, Cruz Roja,… ). Resalta que Cataluña tiene un problema grave de malnutrición infantil que afecta a cerca de 50.000 niños que sufren privaciones alimenticias por razones económicas. Se trata de un problema general de malnutrición por defecto al que se necesitarían añadir los problemas de malnutrición por exceso y los casos puntuales de desnutrición.
Para dar toda su dimensión a este informe, hay que recordar que el problema de la malnutrición infantil es solo el aspecto más llamativo de una realidad social de pobreza que incluye la vulneración del derecho a la alimentación adecuada a población de todas las edades. Detrás de cada caso de malnutrición infantil hay, como mínimo, una madre y/o un padre angustiados y problemas de malnutrición que afectan también a los adultos.
Las críticas a la validez del informe no se han hecho esperar.
La respuesta de los creadores de opinión y otros sectores afines al gobierno ha sido la de relativizar el informe, acusando al Síndic de provocando alarma social. Han generado discusiones semánticas, confundiendo la malnutrición con la desnutrición, mezclando temas como la malnutrición por exceso, desatando el tema de los hábitos alimentarios de la pobreza…. El objetivo ha sido el de quitar hierro a las carencias detectadas y a la misma realidad de pobreza que se vive en Cataluña y limitar las propuestas que ponen en evidencia la política de recortes en los servicios sociales.
¿Pero como está actuando la Administración de forma práctica ante este tipo de problemas cada vez más extendidos?
Más allá del ruido mediático, la respuesta práctica de la Administración se estructura en diferentes ámbitos. A un nivel más global, su respuesta tiene que ver con una política económica que en lugar de combatir la pobreza profundiza la crisis haciéndola pagar a los sectores más desfavorecidos, lo que está en el mismo origen del crecimiento de la malnutrición infantil.
En un ámbito más concreto están las medidas paliativas que debe tomar la Administración. También aquí son evidentes los límites de unas medidas concebidas cuando el problema de la malnutrición, por defecto, era asociado a pequeños sectores «marginales». Una situación como la actual, donde este derecho está siendo vulnerado para sectores importantes de la población, cuando la falta de derechos se ha convertido en un hecho transversal, requería profundizar y extender las medidas tradicionales, y sobre todo plantear nuevas medidas que se adecuaran al nuevo contexto. Contrariamente, el gobierno de la Generalitat no se ha planteado nuevas medidas para garantizar este derecho y se dedica a recortar derechos sociales básicos y a desmantelar las escasas medidas que habían: la política de 0-3, becas de comedores, recortes en servicios sociales, recortes al PIRMI, recortes en enseñanza, recortes en sanidad,… Esta es la práctica del gobierno de la Generalitat, igual a las políticas aplicadas por el gobierno del Estado en los ámbitos que le son propios. Y además se sufren retrasos en los pagos y en la ejecución.
Como elemento positivo en este panorama cabe resaltar el trabajo que están haciendo, en contacto directo con los problemas, por parte de diferentes profesionales, instituciones públicas y privadas, y donde se empiezan a vislumbrar los déficits de las medidas actuales y se apuntan las primeras líneas para ir más lejos y garantizar un derecho básico, el de una alimentación adecuada para todo el mundo, que el actual sistema económico está haciendo retroceder a situaciones que pensábamos que eran del pasado.
Una pieza central en la respuesta a los problemas alimentarios en este contexto parecen ser los bancos de alimentos. ¿Qué opinas al respecto?
El reparto de alimentos gratis está cogiendo una importancia excesiva. La solución a una gran parte de la problemática de acceso a la alimentación va ligada al desarrollo de derechos sociales que hoy están siendo recortados. Los comedores escolares, una ley de dependencia como debe ser, unas pensiones dignas, una renta mínima garantizada,… son medidas que disminuirían drásticamente la necesidad de repartir alimentos gratuitos incluso en una situación de crisis y paro como la actual.
Los bancos de alimentos aportan una alternativa que busca suministrar calorías gratuitas al máximo de gente. Entienden la eficiencia como conseguir repartir el máximo de calorías al mayor número de personas con el mínimo coste monetario. Esta visión, que podría tener lógica en una situación de desnutrición masiva por falta de alimentos, que no es nuestro caso, tiene una serie de características que la hacen ineficiente y, al mismo tiempo, supone dedicar dinero público a medidas que ayudan poco a erradicar la pobreza y sus causas profundas.
¿Nos puedes poner un ejemplo?
La partida más importante que gestionan los bancos de alimentos son los fondos de los antiguos excedentes agrícolas originados por la Política Agraria Comunitaria, la PAC. Este fondo, que en 2012 fue de 81,11 millones de euros, se utiliza totalmente para comprar alimentos por parte del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, dependiente del Ministerio de Agricultura, en una subasta centralizada. Esta subasta se realiza con criterios típicos de los bancos de alimentos: calorías fáciles de almacenar y transportar, con largos plazos de conservación en determinadas condiciones ambientales, y baratos. El resultado: la única fruta es el melocotón en almíbar y las verduras solo las encontramos en los «potitos». Ningún producto fresco, ningún producto local. Lo que solemos encontrar en los lotes de los bancos de alimentos son las pastas, la bollería industrial y el arroz… Una alimentación basada excesivamente en estos productos baratos que es parte del desequilibrio alimentario y la malnutrición que estamos sufriendo.
Pero esto también responde a la enorme capacidad de incidencia de las grandes empresas agroalimentarias, con todo lo que supone.
Efectivamente. ¿Quiénes son capaces de ofrecer grandes cantidades de estos productos? Las grandes multinacionales de la alimentación. Estas supuestas ayudas agrícolas van a multinacionales como Nestlé, Heros, etc. Una parte de este dinero público está permitiendo a incrementar los márgenes de estas empresas que expatrian sus ganancias. No es dinero que refuercen los tejidos productivos locales sino sus depredadores. Se pierde así una ocasión para utilizar importantes partidas de compra pública para fortalecer las economías locales, que son las generadoras tanto de riqueza repartida entre la población como de trabajo, dos elementos básicos para combatir, más allá de la emergencia, la pobreza y con ella las carencias alimentarias. Este sistema de compra hipercentralizado implica que alrededor de un 7% del dinero se vaya en transporte (3,4 millones de euros) y gestión y almacenaje (2,5 millones) de un total de 81,11 millones. La parte que los bancos de alimentos recogen los excedentes de las empresas está hecha sin ninguna política de control y reducción del despilfarro alimentario. Sirve para presentar como «solidario» lo que en realidad es un desperdicio desorbitado y evitar el coste de gestionar esos residuos.
¿Cuál es la responsabilidad de los bancos de alimentos en este modelo de funcionamiento?
Los bancos de alimentos no son responsables de las prácticas de las empresas y administraciones. Pero de lo que sí son responsables es de dar por buenas estas políticas, hasta el punto de pedir, en el colmo de los despropósitos, dinero público mediante desgravaciones fiscales a este derroche inadmisible si se redistribuye mediante los bancos de alimentos. No todo vale para conseguir la distribución de más calorías. Primero de todo debería penalizarse el derroche que supone que hoy se tire aproximadamente una tercera parte de los alimentos y reducirlo a niveles técnicamente inevitables. Solo en este marco tendría sentido una política de redistribución.
¿Una supuesta eficiencia en un marco neoliberal?
La postura de los bancos de alimentos sobre las desgravaciones fiscales para las empresas no es casualidad. Si lees los argumentos que utilizan para dirigirse a las grandes empresas para que estas les den sus excedentes, todos se basan en las ventajas que conseguirían para maximizar ganancias y reducir costos. Este tipo de argumentos, que puede parecer una habilidad para conseguir más calorías baratas, acaba transformándose en una asunción de los intereses de las empresas con supuestos objetivos caritativos. El perfil de los dirigentes de los bancos de alimentos (altos ejecutivos jubilados, gente vinculada a la gran empresa) acaba de completar el análisis. Por desgracia la voluntad de desempeñar tareas caritativas cuando se dan en el marco de la eficiencia planteado por la ideología neoliberal al servicio de la gran empresa y sin resquicio crítica, puede llevar a estas organizaciones a hacer tareas totalmente funcionales para los que están causando las situaciones de pobreza e injusticia.
¿Qué principios deberían prevalecer en la distribución de alimentos?
En esta redistribución deberían priorizarse los mecanismos locales y directos antes de que el centralismo de los bancos de alimentos. Todo lo contrario a prácticas como la del Ayuntamiento de Girona de poner candados en los contenedores para evitar la redistribución directa, que significa la práctica del «freeganisme», y dar el monopolio a los mecanismos centralizados de los bancos de alimentos.
La incapacidad de los bancos de alimentos de proveer alimentos frescos hace que los servicios sociales de los ayuntamientos y las entidades que trabajan directamente con la población empobrecida estén buscando otros mecanismos para hacerlos llegar. ¿Cómo se puede conseguir esto?
Una solución habitual es dar vales a las familias necesitadas para que puedan proveerse de alimentos en el mercado. En el fondo este tipo de vales son una incipiente moneda local apoyada por un ayuntamiento y que, por desgracia, tienen un recorrido muy corto. Los ayuntamientos han creado un instrumento muy importante para condicionar la compra y poderla centrar allí donde se requiera. Y no son conscientes de las posibilidades que tendría desarrollar este instrumento. Normalmente lo que se controla es que los vales sean utilizados para comprar alimentos relacionados con una dieta equilibrada. ¿Por qué no condicionar también para que sean utilizados en productos y comercios locales? Por que no sumarse a la voluntad de un sector creciente de ciudadanos que quieren hacer su consumo alimentario esencialmente local? Por que no utilizar una moneda local para hacer este vals? Las ventajas serían múltiples.
¿Nos puedes detallar cuáles serían las ventajas de una moneda local como la que mencionas?
Una moneda local tiene mecanismos potentes para fomentar la economía local, especialmente comercios y productores. Estos dos agentes juegan un papel fundamental tanto en una distribución de la renta más equitativa como en la creación de empleo. Ambos son mecanismos básicos para combatir la pobreza. Una moneda local permite un cierto endeudamiento y lograr un efecto de apalancamiento que permite al Ayuntamiento multiplicar su capacidad de trabajo en un momento de dificultades monetarias. Evita también la estigmatización de los vales municipales, mezclando el sus usuarios con un sector de la población favorable al consumo local, creando así vínculos de cohesión social. Una moneda local podría ser un potente instrumento de sinergias entre los gastos alimentarias de instituciones locales públicas y privadas y los proyectos agroecológicos existentes o los que se podrían llegar a crear.
Algunos ayuntamientos también están cediendo solares para la creación de huertos y hacer frente a las necesidades alimentarias de algunas personas en sus municipios, conectando así con un movimiento mucho más amplio de expansión de los huertos urbanos. ¿Cómo se ha producido este proceso y qué dimensiones tiene?
Parafraseando a la PAH podríamos decir que hay tierra sin gente y gente sin tierra. Tenemos pues los elementos para abordar una alternativa al acceso a productos frescos del que hemos hablado antes. Y así lo está viendo mucha gente. No hay semana que no llegue la noticia de que en algún lugar u otro de la península, vecinas y vecinos ponen tierras a producir hortalizas para auto-abastecerse.
Las formas de acceder a la tierra también son variadas. En unos casos se hace ocupando tierras ociosas siguiendo una larga tradición de los movimientos okupas que ha demostrado el éxito de sus propuestas, como los 80 huertos gestionados por el vecindario durante cerca de 10 años en el valle de Can Masdeu y que hoy significan una alternativa real para gente empobrecida por el actual sistema, o la Obra social de la PAH en Girona. En otros casos se han llegado a acuerdos con los propietarios de forma directa. En muchos casos estos procesos son impulsados o acompañados por entidades de todo tipo, desde una asamblea o asociación de parados hasta Cáritas o el comedor social del barrio. En otras ocasiones son los propios municipios los que participan, cediendo terrenos o favoreciendo que terrenos privados en desuso sean ofrecidos para hacer huertos.
Y las formas de gestión también son diversas, ¿pero cuál es la importancia de este proceso, más allá de la propia provisión de alimentos frescos ?
Las formas de gestión inevitablemente deben partir de la propia gente que cultiva los huertos, pues sin ella no se pueden gestionar. Hasta dónde llega el grado de autonomía y control por su parte depende de las características de cada proyecto, de la gente que lo ha impulsado y del perfil de quienes participan. En cualquier caso, y más allá de las especificidades, permite un empoderamiento muy importante: el control de la propia alimentación. Da capacidad a la gente necesitada de solucionar por sí misma una parte de las necesidades alimentarias de su unidad de convivencia. Cualquier persona que haya estado cerca de situaciones de empobrecimiento sabe que estos elementos son muy importantes para recuperar la autoconfianza necesaria para enfrentarse con éxito a estas durísimas situaciones.
El huerto es también un espacio de convivencia y socialización, donde uno mismo aprende a encontrar recursos para satisfacer sus necesidades, a menudo con actuaciones colectivas. No es de extrañar que dada la variedad de sectores que se ven empujados a autoabastecerse de sus alimentos se produzcan múltiples sinergias. Cuando gente con todo tipo de habilidades se encuentran alrededor del cultivo de sus verduras surgen muchas posibilidades de crear mecanismos de ayuda mutua e intercambio. Hay huertos que están generando su propio banco de tiempo…
¿Pero ponerse a hacer un huerto no se hace así como así y más con población urbana, qué se requiere, además de la tierra ?
Para montar un huerto lo que es imprescindible es la tierra y la ilusión de la gente que la trabaja. Sin embargo requiere también de algunas herramientas, infraestructuras y conocimientos para hacerlo con éxito. En cuanto a los conocimientos es imprescindible el acompañamiento, como mínimo en un primer período. ¿Y qué mejor que las agricultoras y agricultores locales para hacer este trabajo? Por suerte actualmente existe un pequeño sector en todas las comarcas que ha optado por una agricultura agroecológica de forma vocacional y que ya ha acumulado una experiencia significativa haciendo huertos viables y adecuados al territorio. Ellas y ellos son unos maestros inmejorables que pueden encontrar en este trabajo un complemento a su labor, no muy fácil en los tiempos que corren, de sobrevivir como pequeñas campesinas agroecológicas.
Pero este modelo de huertos tiene muchas posibilidad de ir más allá del autoabastecimiento.
Los pequeños huertos son también un excelente vivero para proyectos con un componente monetario. Por un lado suministran la formación, y permiten distinguir a aquellas personas que tienen habilidades y deseos para hacer del cultivo de alimentos una profesión con remuneración monetaria. También proporcionan también las herramientas, tierras e infraestructuras necesarias para hacer huertos que puedan tener una producción más allá del autoabastecimiento.
Por otra parte algunas de las instituciones o entidades que están impulsando estos huertos generan y/o pueden condicionar una demanda de alimentos que podría garantizar la salida de estas producciones. Tenemos al alcance los elementos básicos para hacer proyectos agroecológicos viables. Las formas y modelos a explorar son múltiples. Desde acuerdos sencillos donde una parte del huerto se dedica a suministrar alimentos a comedores sociales gestionados por las propias instituciones que han impulsado el huertos (casos de este tipo se dan en Valldoreix y Montblanc, aunque sin contraprestación económica), hasta garantizar compras a proyectos impulsados por asociaciones de parados, las posibilidades son múltiples en un camino de sinergias que apenas se está empezando a explorar.
Y toda esta dinámica de los huertos también puede tener efectos multiplicadores en el propio movimiento agroecológico y en la dinamizador de la economía local.
A veces, en lugar de empezar un proyecto desde cero se puede aprovechar lo que ya está en marcha y tiene posibilidades de crecer. Algunos pequeños proyectos agroecológicos tienen tierras e instalaciones que no se están poniendo a producir en todas sus capacidades por falta de demanda. Las mismas entidades que pueden garantizar una demanda significativa que permitiera poner nuevas tierras en producción podrían aprovechar la experiencia y las infraestructuras de este proyectos ya existentes para garantizar trabajo remunerado y/o de autoconsumo a alguna gente. Buscar alianzas locales con productoras agroecológicos puede dar paso a múltiples formas de colaboración.
En segundo lugar las instituciones locales tienen un importante gasto público en alimentos. Sea por medio de becas de comedor escolar, con vales de alimentación, apoyando actividades de ocio, financiando comidas en los comedores sociales, etc. Acondicionar este gasto para que sea realizado con criterios de apoyo a los productores locales es una forma de dejar la riqueza en el territorio e ir atacando las causas profundas del empobrecimiento. Las formas pueden ir desde las más pequeñas de compras concretas a mecanismos más complejos y ambiciosos como pueden ser las monedas locales. En cualquier caso es un camino necesario a explorar.
Para terminar ya, ¿qué implicaciones tiene desde la perspectiva del movimiento a favor de la soberanía alimentaria la expansión creciente de este modelo de huertos urbanos?
Auto-abastecerse de los alimentos es una de las formas con más posibilidades para controlar una parte fundamental de tu propia alimentación. Es, en sí misma, una estrategia que favorece la soberanía alimentaria. Cuando aprendes a cultivar alimentos y establecer la relación que requiere con la naturaleza, es difícil que esto no influya en toda tu visión sobre la alimentación, la cocina y la conservación de los alimentos, que no empieces a valorar el control sobre otros aspectos de la tu alimentación… Estás iniciando tu camino personal para ejercer parte de tu soberanía sobre la alimentación.
Hace tiempo, desde el análisis de la viabilidad ecológica de un territorio como el Área Metropolitana de Barcelona, se constaba que sin un retorno importante de tierras a usos agrícolas respetuosos con la naturaleza la matriz ecológica básica de nuestro territorio se estaría deteriorando de forma irremediable e irreversible. La época del boom inmobiliario supuso un retroceso de estos usos agrícolas sin precedentes. Hoy cientos de huertos urbanos están apareciendo en antiguos terrenos abandonados o a la espera de nuevas construcciones que, por suerte, ya no se vislumbran en el horizonte. Esto es una buena noticia para la sostenibilidad de nuestro territorio. Si esta tendencia se transforma en miles de pequeños huertos la noticia sería excelente.
La forma de alimentarnos que tenemos en Barcelona tiene una huella ecológica tremenda que están pagando otros territorios de nuestro propio país y de otros países. Y esto por el tipo de alimentos que consumimos, que son producidos muy lejos y por la cantidad de kilómetros que deben recorrer hasta llegar a nuestro plato. Que una parte de nuestro consumo sea ecológico y de proximidad significa una importante reducción de nuestra huella ecológica y es una buena noticia. Hay innumerables estudios sobre las ventajas ecológicas, económicas y de salud pública de la agricultura ecológica y de proximidad. Es pues una buena noticia también para la salud pública y por una visión a largo plazo de la economía del país.
Como se ve la Soberanía Alimentaria tiene mucho que decir acerca de cómo garantizar el derecho a la alimentación adecuada para toda la población. En Cataluña y en todo el Estado hay suficiente gente sensible trabajando en proyectos agroecológicos o para evitar la malnutrición que pueda comenzar un diálogo que será seguro fructífero y dará lugar a multitud de iniciativas.