Un repaso al sector textil en Bangladesh dos años después del desastre de Rana Plaza
Si pudiéramos dibujar el viaje que realiza cualquier prenda de nuestro armario desde que se diseña hasta que se fabrica y la compramos probablemente el resultado sería muy similar a una tela de araña. En el centro estarían grandes transnacionales como Inditex, Primark, Mango, H&M o C&A y en la periferia es probable que encontrásemos a miles de personas jóvenes, la mayoría mujeres de Latinoamérica, Marruecos o el Sudeste asiático, migradas de zonas rurales a las grandes ciudades para trabajar en condiciones que vulneran sus derechos humanos de manera sistemática. Bangladesh, la segunda fábrica textil del mundo por detrás de China, es un claro ejemplo.
«Es complicado seguir el rastro de nuestra ropa. Las multinacionales del textil pueden llegar a tener más de 1.400 proveedores diferentes», explica Eva Kreisler, responsable de la Campaña Ropa Limpia. Esta cifra responde a los principios básicos que marca el fast fashion: fabrica rápido, en grandes cantidades y a precios muy bajos. Las condiciones sociales y ambientales parecen ser lo de menos. «Las transnacionales tienen un listado de proveedores oficiales a los cuales deben hacer auditorías para comprobar que cumplen con los códigos de la Organización Internacional del Trabajo, pero en la mayoría de los casos las empresas no se esfuerzan mucho para averiguar dónde se ha fabricado su prenda. Mientras cumpla con los requisitos de calidad, el resto parece no interesarles», dice Kreisler. La campaña Ropa Limpia lleva desde 1989 denunciando las condiciones de producción de la industria textil. Está presente en 17 países y ha tenido un papel central en la denuncia y el seguimiento de casos de vulneración de derechos humanos.
El 24 de abril se cumplen dos años del derrumbamiento de Rana Plaza, un bloque de ocho plantas en Savar, un barrio de la periferia de Dacca, capital de Bangladesh. En Rana Plaza había tiendas, un banco y cinco fábricas de ropa donde empresas como Benetton, Children’s Place, Mango, Primark o El Corte Inglés fabricaban parte de su producción. Las cifras oficiales hablan de 1.127 personas muertas y casi 2.500 heridas, así como 200 niñas y niños huérfanos. El día del derrumbamiento, a pesar de haberse denunciado reiteradamente la existencia de grietas en el edificio, «la gente tuvo que elegir entre salvar su vida o arriesgarla para poder cobrar el salario», explica Kreisler. Dos meses después de la catástrofe, en mayo de 2013, fruto de la presión internacional, de los sindicatos locales IndustriALL y UNI y del apoyo de la Campaña Ropa Limpia, 200 multinacionales firmaron un acuerdo vinculante para prevenir los incendios y los derrumbes de edificios en el país. «Todas las empresas que han suscrito el acuerdo están obligadas a dar sus listas de proveedores en Bangladesh. Además, hasta la fecha, se han inspeccionado más de 1.250 fábricas», explica Kreisler. Entre las empresas españolas que han firmado el acuerdo están Inditex, Mango y El Corte Inglés.
Uno de los grandes temas pendientes después de la tragedia es el pago del Fondo de Compensación Internacional creado para las víctimas y familiares. Ropa Limpia calcula que se necesitan al menos 30 millones de dólares para cubrir las compensaciones correspondientes, pero hasta la fecha sólo se ha pagado un 70% de lo que se debe. Benetton es la única multinacional que no ha pagado absolutamente nada. Mango, Inditex y El Corte Inglés han contribuido, «pero las tres con cantidades insuficientes, sobre todo en proporcion con su tamaño y capacidad de pago», explica Eva Kreisler.
Más que una cuestión de contribución real para las víctimas, parece un tema de gestión de riesgos. «Los pagos se quedan en un lavado público de cara: cumplir lo mínimo indispensable para que no te hagan una campaña pública. Algo muy estratégico que, sin embargo, no demuestra un compromiso real con la gente que ha estado produciendo esas prendas», dice Kreisler.
Profecía autocumplida
El caso de la industria textil en Bangladesh es paradigmático. Organizaciones como War on Want cifran en más de tres millones el número de personas que trabajan en la industria textil, de las cuales el 85% son mujeres. El sector genera 15.000 millones de euros al año y representa el 80% de sus exportaciones.
Bangladesh es uno de los territorios más amenazados por el cambio climático y es el país con mayor densidad de población del mundo. 150 millones de personas viven concentradas en una zona cuatro veces más pequeña que España. En 2005 el banco de inversiones Goldman Sachs le puso la etiqueta de Next-Eleven (próximos once) para indicar su potencial de crecimiento e inversión para el capital global. Una profecía autocumplida diez años después, eso sí, a costa de las políticas de desregulación en el país. Según un informe del diario Expansión, las multinacionales españolas prefieren Bangladesh porque la mano de obra es más barata, no se pagan aranceles a las importaciones y las condiciones laborales «son muy flexibles». El ejemplo, sin ir más lejos, es de nuevo Rana Plaza. La organización norteamericana Institute for Global Labour and Human Rights afirma que, de las 3.639 personas que trabajaban en las fábricas ubicadas en el edificio, el 80% eran mujeres jóvenes de entre 18 y 20 años. Hacían turnos de hasta 14 horas y descansaban dos días al mes.
Los datos resultan espeluznantes, pero es necesario reflejar la otra cara de la moneda, en la que la trampa neoliberal toma forma de la mano de polémicos análisis como los de la socióloga del Fondo de Población de Bangladesh, Sajeda Amin. Esta autora afirma que el trabajo en las fábricas textiles supone una salida para las mujeres más pobres y de zonas rurales de Bangladesh, quienes a través de pequeños ingresos consiguen empoderarse y retrasar su entrada en el matrimonio y la maternidad. Por ello propone, más que el boicot a los productos fabricados en Bangladesh, que la lucha se centre en la mejora de las condiciones de trabajo en estas fábricas.
Cadena de producción
Para Kreisler, la violación de derechos humanos «es algo muy extendido en la industria textil», pero si hablamos de seguridad en las infraestructuras, el país asiático es un caso paradigmático, «la reconversión ha sido muy rápida, se han ido añadiendo nuevas plantas a edificios que no estaban diseñados como fábricas sin ningún tipo de seguridad». Hay multitud de casos. En abril de 2005, la fábrica Spectrum de Dacca se hundió matando a 64 personas e hiriendo a 70. En esta fábrica se producía ropa para para Inditex, Carrefour o Cotton Group, entre otros. En enero de 2013 siete trabajadores locales que elaboraban ropa para las marcas de Inditex Bershka y Lefties murieron en un incendio en la fábrica de Dacca Smart Exports Garments.
Días después, un responsable de la multinacional española anunciaba la ruptura de relación con dos de sus proveedores en el país y alegaba no tener conocimiento de que la fabricación de sus prendas estuviera siendo desviada. Argumentos que resultan poco sólidos.
Para Kreisler «se deberían adoptar mecanismos legislativos que pongan freno y que responsabilicen jurídicamente a las transnacionales no sólo en su país, sino donde operan a lo largo de su cadena de producción, pero está claro que no es la tónica en el contexto de vender la marca España». Según datos del portal Modaes.es, las compras españolas procedentes de Bangladesh se situaron en 2014 en 1.458,2 millones de euros, con una subida del 19,3% en relación al ejercicio precedente.
Libertad sindical amenazada
Distintos movimientos sociales de Bangladesh reclamaban estos días justicia por el asesinato del líder sindicalista del sector textil Aminul Islam en 2012. Islam luchó durante años para mejorar las condiciones salariales y laborales de las personas trabajadoras de la industria textil de Bangladesh. En unas protestas en 2010 fue detenido y torturado por las autoridades. La represión sindical es un denominador común en el país. Eva Kreisler, desde la Campaña Ropa Limpia, afirma que «hay muchos casos en los que las trabajadoras quieren formar un sindicato y son despedidas».