Políticas de la memoria. En julio de 1990 Francia promulgó la «Ley Gayssot» (por el nombre del diputado comunista que la promovió), que castigaba la xenofobia y el «negacionismo» respecto a los crímenes de lesa humanidad, como el Holocausto (el pasado 27 de marzo la Corte de Casación francesa confirmó la condena a una multa […]
Políticas de la memoria. En julio de 1990 Francia promulgó la «Ley Gayssot» (por el nombre del diputado comunista que la promovió), que castigaba la xenofobia y el «negacionismo» respecto a los crímenes de lesa humanidad, como el Holocausto (el pasado 27 de marzo la Corte de Casación francesa confirmó la condena a una multa de 30.000 euros al expresidente del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, por calificar de «un detalle en la historia» las cámaras de gas nazis). En mayo de 2001 la Asamblea Nacional aprobó la denominada «Ley Taubira», que consideraba el tráfico negrero transatlántico y la esclavitud -perpetradas a partir del siglo XV- crímenes contra la humanidad; además, según la legislación, los programas educativos e investigaciones tendrían que otorgarle a estos hechos «el lugar que merecen».
Pero la gran polémica sobre las leyes «memoriales» en Francia se desató en febrero de 2005; a través de una enmienda legal, el parlamento asignó a los programas escolares la función de reconocer el «papel positivo» del colonialismo francés en ultramar, particularmente en el norte de África. Los párrafos que suscitaron mayores críticas fueron derogados en 2006. Por otra parte, en 2012 la Asamblea gala aprobó una ley que penaba con un año de cárcel y 45.000 euros de multa la negación del «genocidio» armenio durante el Imperio Otomano (1,5 millones de muertos entre 1915 y 1917, según fuentes armenias, cifra que rebaja notablemente Turquía); un mes después el Consejo Constitucional de Francia tumbó la iniciativa legal, por considerar que vulneraba la libertad de expresión.
La batalla por el control de la memoria, los silencios y las omisiones tiene precedentes antiguos. En 1598 el monarca de Francia Enrique IV firmó el Edicto de Nantes, que finiquitaba las Guerras de Religión entre católicos y hugonotes (calvinistas franceses). El texto establecía «que la memoria de todos los acontecimientos ocurridos entre unos y otros tras el comienzo del mes de marzo de 1585 y durante los oscuros precedentes de los mismos, hasta nuestro advenimiento a la corona, queden disipados y asumidos como cosa no sucedida».
En España, una muestra de políticas «memoriales» fue lo sucedido el 22 de noviembre de 1985 en la Plaza de la Lealtad de Madrid. «El rey inaugura el monumento a los caídos por España en presencia de excombatientes de los dos bandos», tituló su crónica el diario El País. Ese día se conmemoraba el décimo aniversario de la coronación de Juan Carlos I de Borbón y su juramento de lealtad a los principios del Movimiento Nacional. En el acto de la Plaza madrileña estuvieron presentes la familia real, el presidente del Gobierno, Felipe González, y los ministros socialistas, además de altas dignidades estatales, efectivos de diferentes compañías del ejército, la guardia civil y «ancianos excombatientes» tanto de organizaciones republicanas como franquistas; estos, según ABC, «asistieron a la ceremonia visiblemente emocionados». La inauguración del obelisco y la llama votiva concluyó con un desfile militar. «El rey prendió la llama en honor a todos los que dieron su vida por España. El acto simboliza el espíritu de reconciliación entre los españoles», tituló el periódico conservador.
El catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona, Ricard Vinyes, ha mencionado estos ejemplos en la conferencia titulada «Historia y memoria: políticas públicas de memoria», organizada por el Aula d’Història y Memòria Democràtica de la Universitat de València. El historiador ha publicado, con Montse Armengou y Ricard Belis, «Los niños perdidos del franquismo» (2003) y coordinado «El Estado y la memoria: gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia» (2009), entre otros libros. Asimismo es el coordinador del «Diccionario de la memoria colectiva», editado en septiembre de 2018 por Gedisa y en el que han participado cerca de 200 investigadores.
En el prólogo del Diccionario, Vinyes hace referencia a la memoria popular y democrática. Apunta el caso de José Anselmo Clavé, músico y activista de mediados del siglo XIX que introdujo las sociedades corales entre las clases trabajadoras de Barcelona. El potencial subversivo de la fiesta, el baile y un ocio vinculado a ideas republicanas y democráticas preocupaba entonces a las élites; el alcalde de Barcelona, José Bertrán Ros, publicó un bando en 1853 que declaraba: «La clase obrera ha de ocuparse en trabajar y no en cantar o bailar», de modo que estas actividades quedaron prohibidas en la calle. Según Ricard Vinyes, «la memoria de aquellos días pervive hoy en el nomenclátor de nuestras ciudades, pero no el relato, no el sentido».
Hay asimismo ejemplos de lugares de memoria oficiales, impulsados por los gobiernos para rescatar grandes relatos. El historiador cita el monumento 9/11 Memorial de Nueva York en torno al 11-S, por «el debate generado a lo largo de su construcción y aún hoy». La BBC informó en 2014 de la polémica sobre la tienda del museo dedicado a las víctimas, en la que el público podía comprar sudaderas con capucha y el dibujo de las Torres Gemelas, tazas de café del 11-S, bufandas con la silueta de la ciudad y camiones de juguetes como los utilizados por los bomberos. El memorial se inauguró en 2011, una década después de los atentados. «Muchos neoyorkinos reconocen estar saturados de tanta celebración», informó el corresponsal de La Vanguardia.
El Diccionario define la «memoria pública» como aquella parte del pasado que permanece en el presente, en los discursos y debates actuales, lo que remite al «uso público de la historia», afirma Anna Lisa Tota, profesora de la Universidad de Roma y autora del artículo. Así, el informe de 500 páginas de la comisión del 11-S, presentado al entonces presidente George W. Bush en julio de 2004, pasó por alto antecedentes de importancia, como las relaciones internacionales de Estados Unidos previas al ataque «y de las que en todo el informe no se hace mención alguna; lo que el documento omite es más relevante que aquello que explica con profusión», afirma la investigadora.
Actualmente Ricard Vinyes es Comisionado de Programas de Memoria del Ayuntamiento de Barcelona. «Procuramos que la programación no sea plana, que tenga contenido político y aporte criterios éticos», afirma el historiador. En el Centre La Nau de la Universitat de Valencia destaca el «giro memorial» de los últimos 15 años, por el que la memoria se ha ido desplazando de la idea de «deber» a considerarse un «derecho civil» que corresponde garantizar al Estado. En marzo se desarrolló la iniciativa «Queremos la paz, no el olvido», con motivo del 80 aniversario del bombardeo de Barcelona. A mediados de marzo de 1938, los aviones italianos aplicaron el llamado «bombardeo de saturación» sobre la ciudad, lo que implicó el lanzamiento de 44 toneladas de bombas a baja altura durante dos días. El balance de los ataques se aproxima a los mil muertos, entre 1.500 y 2.000 heridos y 76 edificaciones totalmente destruidas.
Entre las actividades relacionadas con la embestida fascista, figura el espectáculo «El árbol de la memoria» diseñado por Xavier Bové, que consistió en una proyección de 10 minutos, en tres dimensiones, vídeo y voz en off sobre la fachada del consistorio en la Plaza de Sant Jaume. Al árbol gigante y conceptual de Bové, se agrega la organización de visitas guiadas a los refugios antiaéreos 307 del Poble-Sec y Gràcia o la señalización de lugares de Barcelona que recibieron el impacto de los explosivos; asimismo el Born-Centre de Cultura i Memòria acoge hasta marzo de 2019 la exposición «Una infancia sota les bombes», sobre la masacre que el 30 de enero de 1938 causaron las bombas de la aviación fascista en la plaza barcelonesa de Sant Felipe Neri: 41 muertos, la mayoría niños.
Otra de las iniciativas del Programa de Memoria es la reconversión de la antigua cárcel Modelo de Barcelona -cerrada en junio de 2017, cuando se cumplió el 113 aniversario de su inauguración- en un espacio memorial que incluya un centro de interpretación de la represión y los movimientos sociales, además de conferencias y exposiciones. El militante libertario Salvador Puig Antich fue ejecutado a garrote vil en esta prisión en marzo de 1974; tres años después, se produjo el motín de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL). En la Modelo, recuerda el Ayuntamiento de Barcelona, «fueron encarcelados durante el siglo XX quienes participaron en revueltas de todo tipo». Entre las próximas acciones, se incluye la que tendrá lugar el 28 de octubre: un acto de homenaje a las Brigadas Internacionales, que se realizará en el monumento erigido en el barrio de El Carmel a los voluntarios (de más de 50 países) que combatieron al fascismo en España; el 28 de octubre de 1938 tuvo lugar en las calles de Barcelona el desfile de despedida a los brigadistas, al que asistieron 250.000 personas.
Ricard Vinyes también resalta la inversión de 900.000 euros en ocho barrios anunciada el tres de octubre por el Ayuntamiento de Barcelona para «reivindicar la memoria popular». En las barriadas de Sant Genís dels Agudells y La Teixonera el proyecto incluye una mesa por la memoria, que representa a vecinos y asociaciones; la realización de exposiciones y un documental sobre la historia social de los dos barrios (uno de los aspectos que se destacan son las oleadas inmigratorias entre los años 50 y 80 del siglo pasado).
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