Desde el sistema se identifica política con institución y los medios de comunicación que controla han extendido esta idea hasta el punto que, hoy en día, se considera política todo aquello que tenga relación con las instituciones, no dando esta consideración a las luchas populares por transformar la sociedad y mejorar las condiciones de vida. […]
Desde el sistema se identifica política con institución y los medios de comunicación que controla han extendido esta idea hasta el punto que, hoy en día, se considera política todo aquello que tenga relación con las instituciones, no dando esta consideración a las luchas populares por transformar la sociedad y mejorar las condiciones de vida. Se piensa, equivocadamente, que tan sólo con el acceso al gobierno, a través de las urnas, se puede transformar la sociedad, sin pensar que ganando elecciones se consigue gobernar, pero no se consigue el poder, con lo cual se acaba gestionando el sistema capitalista. Esta corrupción de los conceptos ha afectado tanto a la izquierda que se ve inmersa en políticas reformistas -cuando no marcadamente neoliberales-, aplicadas bajo formas organizativas y métodos anclados en el pasado, que han demostrado, que transforman a las organizaciones en meros instrumentos de fortalecimiento del sistema, provocando efectos desmovilizadores.
El Foro por la Memoria nació desde la voluntad organizativa del PCE por reconstruir la memoria, pero es una organización soberana e ideológicamente plural que trata la memoria histórica desde todos los puntos de vista (humano, cultural, social, político, jurídico, etc.) y la reivindica como uno de los elementos de construcción de los movimientos sociales antisistema que constituirán, en un futuro, la izquierda del siglo XXI. Recupera ideas y valores de los revolucionarios españoles (anarquistas, socialistas y comunistas) que defendieron la II República, luchando por ampliar los horizontes de libertad y justicia social. El Foro ha explicado, en artículos, documentos y charlas, cuál es su postura y siempre ha considerado que la actitud mostrada por ARMH pone una nota de perplejidad en este asunto. ¿Cómo es posible si no que en la mayor parte de los entierros de lo que fueron compañeros y compañeras revolucionarios, cuyos cuerpos fueron rescatados por la ARMH, se haya dado todo el protagonismo a las cuestiones privadas, obviando los pensamientos e ideas de los asesinados? Las recomendaciones de organismos internacionales son claras al respecto. Todas ellas ponen en primer plano el respeto a las ideas y pensamientos de los asesinados y, en un segundo plano, la tradición funeraria de las familias. Aunque alguien podría apuntar que esto es una cuestión baladí, los rituales forman parte del bagaje cultural de un pueblo y enterrar «por dios» a los revolucionarios españoles, por mucho que las familias así lo deseen, demuestra que el miedo y el terror con que el fascismo impuso el control social para mantener las estructuras de dominio, se ha mantenido y heredado. El Foro considera que los rituales revolucionarios, es decir, enterrar a los revolucionarios españoles bajo sus banderas y sus himnos, son una buena muestra de respeto hacia ellos, el mejor antídoto contra el miedo heredado y una fuente inagotable de motivación para luchar por lo mismo que ellos lucharon, además de dar cumplimiento a las recomendaciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos[1].
Tampoco se entiende que ARMH, se escude tras la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977 por todos los partidos con representación parlamentaria para eliminar cualquier tipo de vindicación política o social y no firmó su apoyo al documento «Nizkor», en el que se argumenta la necesidad de anular todos los actos jurídicos del franquismo y que trata a esta Ley como una ley de «punto final». O que desde las propias páginas de la edición de León de El Mundo en la que los máximos responsables de ARMH escriben cotidianamente, nunca hayan mencionado ninguna crítica a la Ley de Amnistía de 1977 (tampoco a la visión revisionista que este diario mantiene respecto a nuestra historia reciente).
El Foro ha manifestado en numerosas ocasiones que la Ley de Amnistía de 1977 es una ley de punto final y debía anularse, al tiempo que deberían pedirse responsabilidades políticas y penales. Claro está que esto entra en contradicción con la actuación de la izquierda institucional durante la transición que, por otro lado, posiblemente no vio otra salida en aquellos momentos, aunque transcurridas tres décadas, sorprende su empecinamiento en mantener esta situación más allá de cualquier autocrítica o debate.
No parece que la mayor parte de la izquierda institucional tenga miedo a un movimiento de familiares que reivindica, en muchos casos, la memoria privada exenta de contenidos sociales y políticos. Más bien, las direcciones de los partidos políticos de la izquierda institucional, a lo que tienen miedo es a que, alrededor de la memoria histórica, se construya un movimiento popular que recupere y haga suyos los ideales de revolución social de los hombres y mujeres que defendieron la II República. Un movimiento de esas características podría poner en una situación incómoda a aquellos que, desde un discurso de izquierdas, han hecho de la política una profesión remunerada por el sistema en el que vivimos. Un movimiento deseoso de reconstruir las organizaciones de base populares (ateneos, casas del pueblo, centros sociales, etc.) obligaría a combinar la lucha institucional con la lucha de masas, verdadera base de cualquier transformación social. La reivindicación de los restos mortales de un familiar, por sí misma, no cuestiona para nada las relaciones de dominio existentes. Sólo sumándole la reivindicación ideológica, la lucha contra el miedo, la exigencia de reparación (tanto moral, como política, jurídica y económica), la exigencia de responsabilidades penales, la divulgación masiva de la verdad, los rituales revolucionarios y la organización del movimiento bajo planteamientos capaces de encaminarlo hacia los mismos objetivos, provocaría el miedo, pero no sólo de las cúpulas dirigentes de los partidos de la izquierda institucional, sino de todos los defensores de las relaciones de dominio existentes, en especial del capitalismo y la derecha.
Nota:
[1] Para comprender esta posición es aconsejable leer el Informe Joinet sobre «La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos)» de las Naciones Unidas, el documento «La cuestión de la impunidad y los crímenes franquistas» del equipo Nizkor y el documento elaborado recientemente por Amnistía Internacional. Todos ellos están publicados en la página web del Foro por la Memoria. * José Mª Pedreño. Presidente de la Federación de Asociaciones Foro por la Memoria