Agradecemos a los organizadores del seminario “Memoria y Derechos Humanos”, de Colombia y Argentina, que a través de su invitación a exponer el 12 de enero de 2021 han generado la inquietud que llevó a la elaboración de este artículo.
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¿Qué fue la dictadura franquista?
En España, el 17 de julio de 1936 se inició un proceso de represión masiva y sanguinaria de resultas de una guerra civil, desencadenada por un golpe militar parcialmente frustrado. Una contienda en la que sectores del gran capital, el ejército y la Iglesia sometieron a la mayoría del pueblo español, en primer lugar a los obreros y campesinos, a una política de venganza, de asesinatos, de juzgamiento masivo por delitos políticos en el que prodigaron las penas de muerte, de prolongados encarcelamientos signados por la tortura y los malos tratos, de represalias económicas, sociales y laborales.
Los múltiples crímenes, ya durante el transcurso de la guerra, y hasta mucho después, fueron expresión de un castigo contra unas clases explotadas que osaron desafiar el poder de empresarios, terratenientes, militares y curas y, ya con las armas en la mano, habían desatado una revolución como respuesta a la agresión armada de los poderosos.
La mera pertenencia a un partido de izquierda, a un sindicato, a la masonería, bastaba para ser sujeto de punición, la que a menudo incluía la muerte, en forma de asesinato lisa y llano o tras condena de tribunales militares, que privaban del derecho a la defensa en juicios sumarísimos. Las condenas a muerte pueden ser consideradas verdaderos “asesinatos judiciales”, ya que no sólo excluían las más básicas garantías procesales, sino que se basaban en normas arbitrarias, emanadas de un poder ilegítimo, y practicaban una verdadera “inversión” del derecho (p. ej. condenaban por “rebelión militar” a quienes habían luchado en defensa de la república)
Las ejecuciones extrajudiciales, seguidas por el abandono de los cadáveres o su entierro clandestino, lo que hoy llamamos “desapariciones”, solían ser cometidas por paramilitares de Falange, que durante la guerra solían eludir los peligros del frente y dedicarse a los atropellos en la retaguardia. En muchos casos los crímenes respondían a la instigación e involucramiento de civiles, a menudo los poderosos de la ciudad o pueblo respectivo: propietarios rurales, alcaldes, curas, dirigentes de Falange.
Otro rasgo genocida del franquismo fue el robo y supresión de identidad de miles de bebés, un proceso que abarcó toda la duración de la dictadura y aún más tarde, y movilizó a una amplia trama de autorías y complicidades, desde médicos y enfermeras hasta curas. La idea original era quitarle les niñes a “los rojos”, para ponerlos en manos de “personas de orden”. Hasta hubo un eminente médico militar, Antonio Vallejo Nágera, que creó la teoría del “gen rojo” y también la del marxismo como un tipo de dolencia mental. “Enfermos” de ese tipo no debían tener niñes españoles a su cargo, había que mantener la pureza de la “raza hispánica”.
Otro campo de la barbarie fue la violencia contra la mujer, con castigos específicos para ellas, aparte de las que fueron asesinadas, encarceladas o torturadas a la par de los varones. Violaciones y abusos sexuales, corte de pelo al rape, purgas con aceite de ricino, paseo de escarnio por las calles.
Esas diversas situaciones continuaron a lo largo de una dictadura que duró cuarenta años. Los vencedores en la guerra perpetuaron su dominio y llevaron hasta las últimas consecuencias su victoria. Una lógica de agresión a la vez ideológica, de clase, religiosa y nacional se impuso sobre la mayoría del pueblo español. La represión quedó oculta y la interpretación de la historia reciente fue monopolizada por el poder político, en medio de la más absoluta carencia de libertad de expresión y una educación tutelada por una Iglesia alineada por completo con el régimen.
Ya terminada la guerra un capítulo importante de la lucha y la represión estuvo en el combate contra los guerrilleros rurales a lo largo de los años 40 y primeros 50, que se proyectó también contra toda actividad que pudiera ser entendida como apoyo a la guerrilla. Algo más tarde, cuando se desenvolvió la resistencia en las ciudades, el terrorismo estatal se proyectó sobre sobre organizaciones obreras y estudiantiles clandestinas, el partido comunista, organizaciones libertarias, agrupaciones de la izquierda radical, etc.
La cárcel, las torturas, los asesinatos en actos represivos oficiales o acciones clandestinas (La masacre de Atocha en 1976, por ejemplo), continuaron hasta la muerte del llamado Caudillo y aún después. La Dirección General de Seguridad y la Brigada Político Social fueron agencias del terrorismo de Estado, extendido a lo largo de cuatro décadas. Una de las figuras destacadas de la lucha contra esos crímenes, “Chato Galante”, preso y torturado entre los últimos 60 y los primeros 70, por su militancia en un partido de la izquierda radical, ha llamado la atención acerca de que “se tiene la idea de que la represión franquista fue feroz durante los primeros años y que luego se relajó. No es cierto. Entre 1963 y 1977 pasaron 50.000 personas por los tribunales de Orden Público.”
La historia y la memoria sobre los crímenes del franquismo es también la historia y la memoria de la resistencia contra el régimen. La de los partidos, sindicatos y organizaciones de todo tipo cuyos miembros y simpatizantes se jugaron la vida en el intento de terminar con la dictadura, arrostrando el peligro de la tortura, la cárcel, y en no pocas ocasiones la pena capital.
Al término del régimen de Franco, se establecieron bases para una llamada “transición”, que incluía una amnistía para los crímenes, propiciando un “pacto de olvido” que comprometiera al conjunto de la sociedad, enterrando las acciones de los “vencedores” contra los “vencidos”. Los principales partidos de izquierda asintieron a ese pacto y lo proyectaron incluso sobre el plano simbólico. Aceptaron la monarquía instaurada por el dictador, desalentaron cualquier reivindicación de la República o de la lucha antidictatorial, para sacar de la mirada pública las consecuencias de la guerra civil y la dictadura, y apoyaron la amnistía general. Todo recubierto por un discurso de “reconciliación”, “olvido” y “perdón”. En nombre de la supuesta “reconciliación” se sancionaba el desamparo de los derechos humanos vulnerados y la completa impunidad para los represores.
Las acciones y omisiones orientadas a la impunidad tuvieron también aval e impulso internacional. Desde EE.UU y algunas “democracias” europeas, se alentó esa transición cuyas pautas iban desde la absoluta intangibilidad del orden capitalista al silencio sobre los crímenes. Interesaba dejar atrás cualquier perspectiva revolucionaria, aventar el eventual “regreso” de las acciones y los valores que, en tiempos de la República, habían estremecido los fundamentos de la dominación social. La pretensión de dejarlo todo en el olvido necesitó de variadas iniciativas y complicidades. Un historiador español, gran estudioso de la represión franquista señala la larga vigencia de “el modelo de transición continuista y, en la misma línea, la existencia de una derecha que nunca ha roto con el franquismo y de una izquierda que decidió que el pasado no existía.”
La “transición española”, que muchos pretendieron que se tomara como ejemplo para el regreso a regímenes constitucionales en Nuestra América, constituyó la negación misma de la memoria histórica. La dirigencia política que condujo los pactos de impunidad estuvo en buena parte integrada por antiguos jerarcas del franquismo, cómplices cuando no inspiradores de sus acciones, que estaban en una posición de fuerza porque controlaban lo fundamental del aparato del estado; las fuerzas armadas, la burocracia, el poder judicial. Ellos eran beneficiarios directos y custodios del “olvido” que se predicaba. La responsabilidad no fue sólo suya. A partir de 1982 transcurrieron catorce años de gobierno del llamado “socialismo”, sin que se hiciera nada importante en cuanto a reparación y castigo e incluso con recaídas en las operaciones parapoliciales, ahora bajo el pretexto de reprimir las acciones de ETA.
Durante un tiempo la imposición del sedicente “olvido y perdón” pareció tener éxito, pero la dinámica social no se detuvo, aun siguiendo caminos subterráneos. La obturación de la memoria y la justicia desde el Estado y diversos estratos de poder, acarreó luego la necesidad de un prolongado proceso de recuperación de la memoria desde abajo, un gigantesco cambio hoy en curso. Las generaciones mayores estaban habituadas al silencio impuesto por el miedo, por la amenaza activa o potencial de castigos imprevisibles e indeterminados. El recambio generacional jugó a favor de los anhelos de verdad y justicia, postergados pero no abandonados. Los hijos de las víctimas, ya veteranos, y sus nietos ya adultos, se alzaron poco a poco al rescate del recuerdo de los muertos, presos y represaliados, a la recuperación de los cuerpos de los masacrados y desde allí se elevó el reclamo del juicio de los culpables. Chocaron con trabas burocráticas, intimidaciones, burlas. La mayoría no cejó en su empeño. La primera exhumación que alcanzó gran repercusión (otras anteriores habían sido casi clandestinas), ocurrió en octubre de 2000 y la realizó un nieto, Emilio Silva, que declaró que su inspiración eran los desaparecidos argentinos y chilenos. Vecinos del pueblo que presenciaron la exhumación afirmaron que conocían los asesinatos, pero que, durante décadas, habían guardado completo silencio sobre hechos que, en algunos casos, habían presenciado. Muy poco después Silva estuvo entre los fundadores de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica.
Mientras la difusión de los desenterramientos se expandía, el Partido Popular, principal fuerza conservadora en España, se opuso a que siguiera la localización de las fosas y el rescate de los cuerpos.
Desde el gobierno del Partido Socialista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero se proyectó y aprobó una llamada “Ley de Memoria Histórica”, en 2007. Esta nueva legislación proclamaba el derecho a la reparación y a la recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo y sus familias, establecía la ilegitimidad de los tribunales franquistas y el carácter “radicalmente injusto” de las condenas, sanciones y actos de violencia producidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Entre otras disposiciones, también se establecían medidas para facilitar las exhumaciones y la identificación de las víctimas, pero sin asumir la responsabilidad plena del Estado, sino en forma de auxilios y subvenciones presupuestarias que, pocos años después, un nuevo gobierno de la derecha se encargaría de suprimir, lo cual acabó ahogando a las asociaciones que intervenían en acciones reparadoras y produjo un bloqueo casi total de las medidas institucionales y actividades sociales comenzadas en los años precedentes.
Mientras tanto la ley de amnistía seguía vigente y el reconocimiento del carácter imprescriptible de acciones genocidas y crímenes de lesa humanidad sería negado expresamente por los tribunales españoles.
Los sectores de la sociedad española más comprometidos con las luchas por la memoria consideraron totalmente insatisfactoria a la ley y procuraron seguir su camino hacia la reparación y la justicia.
En 2008 el mismo juez que había impulsado el juicio al ex dictador Augusto Pinochet y a represores argentinos, Baltasar Garzón, se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. No pasó mucho tiempo hasta que autoridades superiores de la magistratura rechazaran sus actuaciones, lo acusaran de “prevaricato” y lo inhabilitaran para proseguir el camino iniciado. Sólo quedaba, por el momento, la Ley de 2007, que no cubría en modo alguno las expectativas planteadas
La Querella Argentina
Una respuesta frente a la persistencia de la impunidad se generó hace ya una década a partir de un cruce sugestivo. Desde la judicatura española se había emprendido el juzgamiento de los crímenes de Argentina, amparados en ese entonces por las leyes de impunidad y por tribunales que las aceptaban. Ahora, ante la pertinaz negativa de los tribunales superiores de España a la posibilidad de juzgar los hechos considerados amnistiados y/o prescriptos, es desde Argentina que se impulsa el juicio de los criminales de lesa humanidad españoles, invocando el principio de la jurisdicción universal, que antes se había adoptado desde España para procurar la justicia en nuestro país
Ha cumplido diez años la querella argentina que investiga los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, considerados como genocidio y crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles y no susceptibles de amnistía.
Se inició en 2010, a partir de la acción del hijo de una víctima, residente en Argentina, Darío Rivas, a la que pronto se sumaron otros familiares con residencia argentina, que incluso formaron una filial de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Esa querella cuenta con el respaldo de organizaciones de DDHH de Argentina y tiene el patrocinio de abogados residentes en Argentina y en España, entre los cuáles jugó un papel destacado el ya fallecido Carlos Slepoy. En el ámbito español se ha conformado la Red de Apoyo a la Querella Argentina (Luego transformada en Coordinadora Estatal de apoyo a la querella argentina (CEAQUA)). También se crearon “plataformas” de apoyo en las diferentes comunidades autónomas, como las de Euzkadi, Asturias, Andalucía, Cataluña y Baleares, Castellano leonesa, Galicia, etc. Ellas nuclean a su vez a personas, asociaciones y administraciones públicas que impulsan la querella, representan a centenares de víctimas y generan distintas actividades conexas con la memoria, la verdad y la justicia. También se ha formado una plataforma en Argentina.
La querella toma los siguientes delitos: “homicidio, homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas y demás delitos que resulten de la investigación, cometidos en España en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.” No se detiene con la muerte de Franco, sino que se proyecta sobre los inicios de la Transición.
Se ha incorporado a la querella un más amplio espectro de crímenes y de víctimas. Éstos abarcan todo el marco temporal y nuevos tipos delictivos: ex-presos políticos de los años 70, tráfico de niños robados, asesinados y torturados durante los últimos años de la dictadura, víctimas del trabajo esclavo, mujeres víctimas de “crímenes de género”, afectados por abusos infantiles en preventorios, familias condenadas al exilio. Hay casos muy particulares, como la acción para esclarecer persecuciones y crímenes contra sacerdotes y religiosos. O la denuncia sobre el homicidio de Federico García Lorca, crimen símbolo durante la guerra civil, cubierto hasta hoy por el ocultamiento de su cadáver.
La negación de justicia por los tribunales españoles, que se extendió luego de iniciada la querella al rechazo a la extradición de los criminales solicitada desde Argentina, fue condenada desde la ONU, sin por eso modificar la actitud: Pablo de Greiff, relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, recordó en su informe de 22 de julio de 2014, «la obligación internacional del Estado (español) de extraditar o juzgar, y que sólo podrá denegar la extradición de los acusados de la justicia española para iniciar la investigación y juzgar a los responsables «
No es casualidad que estas acciones se hayan dado desde Argentina. Esa sociedad ha pasado por una trayectoria de luchas en pro de la verdad y la justicia y contra las leyes de impunidad. Y en el plano jurídico por un proceso de adaptación de su ordenamiento legal, desde la Constitución Nacional hasta la interpretación de los jueces, para poder juzgar a sus propios genocidas. La legislación y la jurisprudencia argentina, se han ido ajustando para hacer posible el ejercicio de la jurisdicción frente a los crímenes de genocidio y lesa humanidad. Para ello, ha sido necesario derogar y luego declarar la nulidad de pleno derecho de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La Constitución por su parte abre la puerta del ordenamiento jurídico argentino para el ejercicio de la jurisdicción universal, no sólo previéndola, sino permitiendo la aplicación directa de los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Desde Argentina se cuestiona la interpretación de los hechos y de las normas por las fiscalías y los jueces de España. En la Península se los considera hechos aislados y son calificados como delitos comunes. Para el juzgado argentino, se trata de acciones realizadas en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión de los opositores políticos, un contexto propio de crímenes internacionales. Las normas aplicables son, por lo tanto, internacionales, complementadas con las normas argentinas. Y los delitos a juzgar, imprescriptibles y no susceptibles de amnistía.
En 2013 un grupo de víctimas españolas declaró en Argentina. Los testimonios de las víctimas y sus familiares fueron recogidos en sede judicial, pudieron declarar y relatar todos aquellos crímenes silenciados, algunos durante generaciones. Estas declaraciones tienen en sí mismas un efecto reparador, de reencuentro con la memoria.
Ese mismo año, se presentaron los primeros cargos y se emitieron órdenes de arresto internacional a un conjunto de represores, lo que incluyó a ex ministros de la dictadura y de los años posteriores, a policías torturadores, miembros del Poder Judicial de la dictadura y de consejos de guerra y otros autores de crímenes de lesa humanidad. Éstas últimas fueron denegadas por los tribunales españoles. Ni extraditan para el juzgamiento en Argentina ni juzgan en España.
Se han ordenado exhumaciones, declaraciones de víctimas, interrogatorio de represores (el del famoso torturador Billy el Niño, por ejemplo) Está involucrado alguien que fue ministro no sólo de la dictadura sino también de la democracia, Rodolfo Martín Villa. Ha intervenido en exhumaciones el Equipo Argentino de Antropología Forense, de vasta trayectoria internacional en esa tarea.
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La perspectiva hoy, y hacia el futuro, no puede ser otra que “juicio y castigo a los culpables”, en un contexto de búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia y defensa de los derechos humanos. Ir a buscar a los criminales donde vayan, rescatar los cuerpos de los desaparecidos, volver a conectar a toda la sociedad con un pasado que sólo no se repetirá si no queda impune.
Más allá de las querellas hay todo un itinerario de recuperación de la memoria al que las acciones judiciales se integran. Se trataba de romper un duradero mutismo marcado por el miedo. La dictadura podía castigar cualquier crítica, hasta las meras conversaciones. Callarse era una forma de defenderse, casi todo estaba prohibido.
Han hecho y hacen también un gran trabajo los historiadores, en muchos casos con el impulso o el auspicio de las autoridades locales, haciendo la historia de la guerra y la represión, provincia por provincia y municipio por municipio, entrevistando a testigos y protagonistas, reconstruyendo la historia del lugar. Se sumaron también cineastas, novelistas, muchos de ellos ya empeñados en la crónica de la actual lucha por la memoria, como el notable documental “El silencio de otros”, elaborado durante años y estrenado en 2018.
La memoria no es una cuestión del pasado, sino también, y quizás sobre todo, del presente y del futuro cercano. No se trata sólo del reclamo por los derechos humanos, sino de la reivindicación de las luchas populares que enfrentaron y enfrentan al poder del gran capital, que se han opuesto y se oponen no sólo a la represión sino a los fines espurios a cuyo servicio está puesta. La aplicación de la jurisdicción universal también puede articular con la mejor tradición del internacionalismo de los pueblos y sobre todo de los explotados y marginados. Y constituye también un cuestionamiento de las democracias “mancas”, que suelen ser mera cobertura de consenso para las clases dominantes, para perpetuar un supuesto “orden” que alienta la desigualdad y la injusticia. La plena recuperación de la memoria, la completa implementación de la justicia, están también vinculadas a la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados, y de verdaderos gobiernos del pueblo.