El PP privatiza de tapadillo. El PSOE mira hacia otro lado. El sector de la agroalimentación bate récords desde 2009. Y en Doñana, 3.000 hectáreas ilegales de regadío han reducido los humedales en un 80%
Más de un millar balsas ilegales de regadío acaparan el agua de Doñana. WWF DOÑANA
En junio de 2016, Ecologistas en Acción hizo público un informe alertando de que en los últimos 25 años el volumen de agua disponible en España se ha reducido en un 20% debido al cambio climático. Lejos de atender a las alarmas, la crisis económica propició que el Gobierno del PP alimentara una burbuja en torno al agua y a la producción agroalimentaria. Los datos oficiales muestran cómo entre 2009 y 2015 las exportaciones en este sector experimentaron una subida inédita en la facturación, de 15.053 a 41.282 millones de euros, aportando las mayores contribuciones positivas a la economía española después del sector del automóvil.
El principal causante de este crecimiento ha sido el sector hortofrutícola, que se sitúa como el primer exportador del mundo en la materia y que es, a su vez, el gran beneficiario del uso del agua en España. La última encuesta del INE sobre los usos del agua por sectores (2014) refleja la absoluta preponderancia del regadío, que emplea el 85,3% del agua disponible, por encima de otros usos como el doméstico, que apenas llega al 12%. Desde la Federación Nacional de Regantes enfatizan que, gracias a la modernización del riego, el sector ha ahorrado más de 2.360 hectómetros cúbicos de agua en el último año. Según Ecologistas en Acción, sería necesario reducir las 4 millones de hectáreas existentes a un máximo de entre 3 y 3,2 millones para poder recuperar un cierto reequilibrio hídrico.
Una de las zonas más afectadas en los últimos tiempos por la extensión del regadío es el Parque Nacional de Doñana. En el mes de noviembre, WWF lanzó la campaña Salva Doñana tras descubrir que hay más de 3.000 hectáreas ilegales de regadío en el entorno del parque que acaparan el agua que no llega al acuífero. Esa desviación ilícita de sus recursos ha provocado una reducción del 80% en la superficie de humedales y de más del 90 por ciento del volumen de las lagunas estacionales poco profundas. «Desgraciadamente, el problema de los pozos ilegales se extiende más allá de Doñana. Estimamos que al menos hay medio millón de pozos ilegales en España. Estos supondrían el consumo medio anual de agua de 58 millones de habitantes, cuando en España convivimos 46 millones», detalla el responsable de WWF en Doñana, Felipe Fuentelsaz.
Desde el Gobierno central, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, visitaba uno de los puntos negros del robo de agua en Doñana durante la campaña del 20-D para entregar a los agricultores el certificado que acredita su legalidad. Ante la falta de apoyo de la Administración central y regional, World Wide Foundation ha pedido a los principales supermercados europeos que detengan el abastecimiento de fresas procedentes de cultivos ilegales del Parque Nacional.
En marzo de 2016, la plataforma SAI (Sustainable Agriculture Initiative), que engloba cadenas británicas como Tesco y Sainsbury o la alemana Edeka, establecía un primer paso comprometiéndose a verificar a sus proveedores en la zona y rechazando la sobreexplotación del acuífero, que provocará «una reducción a largo plazo de la disponibilidad de fresas en la zona».
Levante y Almería
La situación del enclave, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, no es excepcional. En aquellas zonas del litoral mediterráneo donde existe una actividad agrícola más intensa y desde donde se exportan en masa frutas y hortalizas (Valencia, Murcia o Almería) arrastran el mayor déficit hídrico del territorio nacional. Es el caso de las cuencas del Segura, Júcar y Mediterránea Andaluza, que suman 1.345 hectómetros cúbicos de déficit reconocidos oficialmente en sus planes hidrológicos. «Hemos creado una burbuja con un sector económico muy potente y ahora no sabemos cómo dar marcha atrás. En Guadiana se está apostando porque el vino pase de producirse en secano a implantar espalderas de vid que necesitan regadío; o vemos cómo la política agraria andaluza prima que el olivar se cultiva en regadío. El negocio es abastecer y vender el agua barata a las comunidades de regantes», apunta el responsable de WWF Doñana.
Tanto la Comisión Europea como la Unesco han dado varios toques de atención al Gobierno de España por negar las «evidencias científicas» que apuntan a la sobreexplotación del acuífero de Doñana, y de no corregir sus políticas, el Parque Nacional será incluido en julio de 2017 en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Haciendo caso omiso a las advertencias, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dio en 2013 el visto bueno al proyecto de Gas Natural Fenosa que convertirá el subsuelo de Doñana en un enorme almacén de gas de 24 kilómetros de longitud. La Junta andaluza ha anunciado que estudia recurrir la decisión ante el Tribunal de Estrasburgo.
Bruselas vigila de cerca
En enero de 2015, el Gobierno en funciones liderado por Mariano Rajoy lanzó los nuevos planes hidrológicos de cuenca, que ignoran las recomendaciones establecidas en la Directiva Marco del Agua (DMA), de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión. Fruto de esa actitud, en julio de 2016 el Parlamento Europeo aprobó un informe exhaustivo de las infracciones de la DMA cometidas por el Reino de España. Entre los principales incumplimientos está el respeto a los caudales mínimos ecológicos –que en el caso del Plan Hidrológico del Ebro solo abarcan el 21% de su caudal total–. Bruselas pide eliminar las más de 465.000 hectáreas de regadío y los 56 nuevos embalses que prevé el nuevo plan. Cabe recordar que, con una extensión de poco más de 500.000 km2 y 46 millones de habitantes, España ocupa el primer lugar del mundo en número de presas y embalses por población y superficie. En cifras globales, se sitúa en el quinto lugar por detrás de China, Estados Unidos, India y Japón.
En lo que respecta al Plan Hidrológico del Tajo, la delegación europarlamentaria, tras realizar una ‘visita de inspección’ a Talavera de la Reina, afeaba al Ejecutivo de Rajoy la ejecución del trasvase Tajo-Segura, que pretende el traslado del 15% del agua embalsada en el río, cuando en Talavera «se requiere el doble de caudal del que existe en la actualidad».
En el informe elaborado por diversas organizaciones ecologistas españolas Prioridades para una nueva política del agua en España, la Plataforma en Defensa del Tajo deja constancia de la desoladora situación que arrastra el río más largo de la península Ibérica: «El Tajo concentra el 40% de la potencia nuclear instalada en España, la presión industrial y urbana que recibe de Madrid es 10 veces superior a la que ejerce París sobre el Sena. «Los últimos estudios hablan de la extinción de todas las especies autóctonas y endémicas de peces; y la cabecera y su tramo final en España están formados por 300 kilómetros de embalses encadenados que suponen la mayor privatización y estancamiento de un río por intereses energéticos de toda Europa».
El PP y el PSOE abren la puerta a la privatización
Por si fueran pocos los agravios de la política del agua en España, en la última legislatura del Partido Popular se ha producido una privatización progresiva de los recursos hídricos. Durante la primera legislatura del Gobierno de Aznar, y con Isabel Tocino al frente del Ministerio de Medio Ambiente, se oyeron las primeras declaraciones de intenciones para privatizar los mercados del agua en España.
Los modelos que tenía en la cabeza la titular de Medio Ambiente eran los llamados ‘bancos de agua’ que se introdujeron en Chile y California a lo largo de la década de los noventa, con enormes diferencias entre sí. «Mientras en el país latinoamericano predomina el libre mercado de agua y una regulación gubernamental débil, en el Estado norteamericano la regulación era muy fuerte y solo se autorizaba la compra-venta de agua en situaciones de sequía», explica Pedro Arrojo, diputado de Unidos Podemos por Zaragoza.
Como creador de la fundación Nueva Cultura del Agua, Arrojo viajó en aquellos años a California para conocer los bancos de agua y fue invitado por Tocino para participar en la modificación legislativa que el Gobierno del PP pretendía ejecutar. Fruto del espíritu del régimen californiano, sale adelante la reforma de la Ley de Aguas de 2001, que introduce dos nuevas figuras: los contratos de cesión de agua y los centros de intercambio. «Ambas estaban diseñadas solo para periodos de sequía. De esta manera, un usuario podía ceder o vender una parte de sus derechos de agua a otro usuario con tres condiciones: que esa zona estuviera declarada emergencia de sequía, solo durante el período extremo y desde el sector agrícola al sector urbano a un precio fijado por el gobierno. Bajo esas premisas, el movimiento ecologista aceptó esta reforma», sostiene el diputado de Unidos Podemos.
Con Cristina Narbona (PSOE) al frente de la cartera ministerial, se permite en 2007 la primera liberalización sin restricción a tiempos de sequía. Así el gobierno socialista posibilita que los titulares de autorizaciones que no consuman el agua –las hidroeléctricas, por ejemplo– puedan vender el recurso a usuarios que sí lo hagan, como las piscifactorías. A partir de 2011, y con los grupos de la oposición totalmente ajenos a las triquiñuelas populares, el ejecutivo de Rajoy elimina el resto de condicionantes que estipulaba la ley de Aznar: la compra-venta del agua se extiende a cualquier período, se elimina la condición de que la venta se produzca de usos agrícolas a urbanos y desaparece la limitación de la duración de ese contrato a las etapas de sequía.
El remate final a la privatización del agua se produjo de manera encubierta en un real decreto ómnibus, de 2015, que reforma también la Ley del Cine y la aprobación de diversos créditos presupuestarios. El Partido Popular incluye en una disposición adicional la posibilidad de realizar trasvases sin necesidad de reconocer el excedente de agua, condición sine qua non para realizar un trasvase de una cuenca hidrográfica a otra hasta dicha reforma. Varios expertos coinciden en que una reforma de tal calado debería haberse tramitado como una modificación de la Ley de Aguas, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico o del Reglamento de Planificación Hidrológica.
«En la práctica esto supone que si una comunidad de regantes vende sus derechos a otra comunidad no hace falta que esté previsto en el Plan Hidrológico, no es necesario que se haya hecho una evaluación ambiental estratégica como dice la Ley de Aguas y tampoco pasará por el Parlamento para su aprobación. Ahora basta con una firma del director general de Aguas y quien tenga el derecho concesional del agua puede utilizar un recurso público y humano como si fuera su vehículo privado. Los miembros del Partido Popular en privado aseguran que la intención es que los trasvases los decidan los usuarios y las comunidades de regantes sin injerencias gubernamentales», mantiene Pedro Arrojo.
El pasado 14 de diciembre, Unidos Podemos llevaba a la Comisión de Medio Ambiente una proposición no de ley para eliminar dicha reforma, que pretende la mercantilización de los derechos concesionales de agua. Con las enmiendas del Partido Socialista y el apoyo de Esquerra Republicana, Partido Demócrata Catalán y Compromís, la propuesta salió adelante; en las próximas semanas se presentará una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. La aportación socialista incluye la creación de auditorías que verifiquen dónde va el agua y «blindar legalmente la salvaguarda que impida la mercantilización de los derechos concesionales, impulsando un gran pacto social y político».