La instauración de una monarquía ex novo, decretada por el dictador genocida Francisco Franco, pasó por diversas fases, hasta alcanzar su forma definitiva, que podríamos denominar con mayor propiedad Régimen del 23F.
En los años 70 del siglo pasado se gestaron los pactos políticos que hicieron posible la metamorfosis del régimen basado en el golpe del 18 de julio de 1936 en el régimen del 23F. El golpe cívico-militar del 23 de febrero de 1981, aparentemente fallido, establece de hecho los límites a la reforma pactada entre la oposición democrática y la dictadura franquista.
Pactos y golpe del 23F
A la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 se inicia la llamada Transición. El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas en relativa libertad. Obtiene la mayoría el partido de Adolfo Suarez. Se firman los llamados Pactos de la Moncloa y se proclama la amnistía de 1977, que deja fuera a los militares de la Unión Militar Democrática (UMD) y a los militares de la II República que defendieron la legalidad democrática. Por el contrario, se amnistían los crímenes del franquismo, muchos de ellos de lesa humanidad, que son imprescriptibles.
Adolfo Suarez, tras la aprobación de la constitución de1978, se siente legitimado democráticamente por el pueblo español y abandona el papel de valido del Rey que había mantenido, ejerciendo su independencia de criterio frente al Rey, como Presidente constitucional. Sus relaciones personales con Juan Carlos I se deterioran, y éste comienza a conspirar contra su presidente. A partir de ese momento todos los enredos del Rey tienen como finalidad la destitución de Suarez por vías no democráticas.
Se trataba esencialmente de poner al general Armada al frente de un gobierno de concentración, tras una acción militar irregular, blanqueada mediante una moción de censura.
Alertado el presidente Suarez de la operación golpista, decide anticiparse. Su repentino discurso al pueblo el 29 de enero de 1981 para que la democracia no fuese “una vez más, un paréntesis en la historia de España” fue su dramática despedida.
Sin embargo, el golpe continuó adelante, pues de su éxito dependía el plan de poner al general Armada, militar de total confianza del Rey, al frente de un gobierno de gran coalición, constituido de forma irregular, es decir por vías no democráticas.
El teniente coronel Tejero asalta el Congreso en la tarde del 23 de febrero de 1981, siguiendo instrucciones del general Milans del Bosch que, de común acuerdo con el general Armada, coordina la operación militar. Tejero desconocía la finalidad autentica de su asalto, pues le habían hecho creer que su actuación posibilitaría la constitución de una junta militar, presidida por el general Milans del Bosch a las ordenes del Rey. Tejero acaba frustrando la operación, cerrándole el paso al general Armada, una vez que éste le desvela la finalidad de su acceso al hemiciclo.
El objetivo del golpe se había alcanzado con la dimisión de Adolfo Suarez y el terror causado a la población mediante la operación de asalto al Congreso. Se inauguraba de este modo el Régimen del 23F, que llevaría al PSOE de Felipe González al Gobierno de España en noviembre de 1982 -seguido de importantes reformas- y también al terrorismo de Estado, que acabó haciéndole caer.
Crisis, abdicación y fuga
A finales de la primera década del año 2000 se inicia la crisis económica española y la eclosión de la contestación social, que dará lugar en mayo de 2011 al Movimiento 15-M.
El 13 de abril de 2012 el Rey, que tenía 74 años, se produce una fractura de cadera durante la madrugada, estando de cacería de elefantes en Botsuana con una de sus múltiples amantes, la princesa Corinna Larsen. El escandalo salta a la prensa internacional.
A finales de febrero de 2013 se funda el colectivo de militares Anemoi, efectuando su presentación pública el 23 de enero de 2014 en un acto celebrado en el Club de Amigos de la Unesco de Madrid.
Impulsado por los movimientos sociales se funda el 11 de marzo del 2014 un nuevo partido político, PODEMOS, que pone fin al turnismo bipartidista de la Transición.
El 22 de marzo 2014 confluyen en Madrid las marchas de la dignidad, formando una gigantesca manifestación de 1,5 millones de personas.
El Rey abdica el 19 de junio de 2014 proclamándose rey Felipe VI, sin la menor legitimidad popular. Su padre le impone el fajín de Capitán General de los Ejércitos, pasando el Rey Juan Carlos a ostentar el título de Rey emérito, y su situación militar pasa a ser la de Capitán General en la Reserva. Algo no previsto en la Constitución.
En 2018 la Fiscalía Suiza comienza a investigar una donación a Corinna Larsen. Empiezan a filtrarse las fechorías financieras del Rey emérito, que van descubriendo la cara oculta de la podredumbre del régimen del 23F. El avance de la investigación de la Fiscalía Suiza sobre sus irregularidades financieras hace insostenible la situación del Rey emérito, que se ve impelido a fugarse a los Emiratos Árabes, país con el que Suiza no tiene convenio de extradición.
Los presuntos delitos del Rey Juan Carlos contra la Hacienda Pública y corrupciones varias, han vuelto a poner recientemente a España en las portadas de los medios nacionales e internacionales. Cualquier ciudadano de a pie que hubiese incurrido en presuntos delitos de similar naturaleza estaría actualmente en prisión preventiva o en búsqueda y captura.
Así ocurrió en su día con Luis Roldan, ex director de la Guardia Civil, puesto desde el que se prevalió para su enriquecimiento ilícito, condenado a 28 años de cárcel que el Tribunal Supremo incrementó a 31 años. Si a eso añadimos el rechazo del Parlamento a eliminar la inviolabilidad del Rey, y el aforamiento del Rey emérito, con el voto decisivo del PSOE, coincidiendo con los votos del PP, C’s y VOX, es obvio que en el Reino de España la justicia no es igual para todos.
Durante la ceremonia de “conmemoración” del 40 aniversario del golpe del 23F en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular, el rey Felipe VI ha mantenido un silencio hermético durante su intervención sobre los hechos presuntamente delictivos del monarca fugado. Sin embargo, no dudó ensalzar la más que dudosa actuación del Rey en la génesis y desenlace del llamado golpe de timón del general Armada, conocido popularmente como 23F.
No es extraño, pues, que los diputados de los partidos republicanos Bildu, BNG, CUP, ERC, Junts per Catalunya, PDeCAT y PNV no asistieran al acto de tal “conmemoración”. Ni tampoco es extraño que el Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, no aplaudiese al Rey, en señal de protesta, poniendo de este modo en evidencia su apuesta por una salida plenamente democrática a la grave crisis institucional, política y social del Estado español. Lo que a su vez es un guiño evidente, no solo a las bases de UP, sino también a las bases republicanas del PSOE.
Los dos reyes, cuya legalidad radica en las leyes de sucesión franquistas, han sido de hecho los garantes del mantenimiento del poder de la oligarquía terrateniente y financiera que sustentó la dictadura. Es decir, garantes de un régimen derivado del golpe militar del 18 de julio, que ha transitado “de la ley a la ley” (Torcuato Fernández-Miranda), bajo el amenazante ruido de sables, modulado a conveniencia a lo largo del tiempo.
La finalidad del recurrente ruido de sables ha sido, y sigue siendo, el mantenimiento de una ficción. A saber: la “utilidad” de los artículos de la Constitución que dan plena autoridad al Rey como jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas, haciéndolo garante del ordenamiento constitucional. Lo que es poner al zorro a cuidar de las gallinas. La ficción de dicha “utilidad” es insostenible sin que el régimen del 23F acreciente su represión sobre los movimientos sociales a la vez que recurre al ruido de sables, cada vez que lo estime conveniente a los intereses de la Corona.
Ningún artículo de la Constitución del 78 dice que su jefatura sea simbólica. Sí existen, sin embargo, peligrosas contradicciones en el articulado de la Constitución, que se prestan a interpretaciones antagónicas. De hecho el Rey ocupa el vértice de la cadena de mando militar, con el más alto grado establecido: el de Capitán General. Es, por tanto, el que manda. Eso lo entiende así cualquier ciudadano o ciudadana que haya pasado por alguna Academia militar, o simplemente por la mili.
Hemos tenido ocasión además de constatarlo en el acto de vasallaje del pasado 23-F, televisado con continuas imágenes del impactante asalto al Congreso y salida triunfal del Rey. Lo que constituye una seria advertencia, no solo a los pueblos del Estado español, sino también al conjunto de la ciudadanía.
Se trata, pues, de una indecente manipulación de la conciencia ciudadana, mediante el temor que infunden las imágenes del asalto al Congreso, supuesta sede de la soberanía popular. Una exhibición obscena de la “plena normalidad democrática” tutelada por el Rey.
Epilogo
La metamorfosis del régimen del 23F, mediante la segunda transición, iniciada con la abdicación del Rey, tiene su origen en el golpe fascista del 18 de julio de 1936, del que emana su legalidad.
La crisis institucional tenderá a acrecentarse debido a las contradicciones internas del Régimen, en tanto no se llegue a una ruptura con la legalidad franquista representada por la monarquía, es decir a un pacto por la proclamación de la República federal, o confederal, e inicio de un proceso constituyente que lleve al país a una situación de plena normalidad democrática; que no la hubo, ni la hay.
Existe, pues, un riesgo evidente de que -de no concretarse en un plazo razonable un pacto por la proclamación de la República, ya sea federal o confederal- se produzca, más tarde o más temprano, la desmembración del Estado español.
La agudización de la crisis institucional, política y social podría desembocar en una huelga general indefinida, de carácter independentista, con la intervención inevitable de los organismos internacionales, en particular de la Unión Europea, de consecuencias finales imprevisibles.
Manuel Ruiz Robles, Capitán de Navío de la Armada (R), militante de la disuelta UMD, miembro de Anemoi y socio del FMD, presidente federal de Unidad Cívica por la República (UCR).
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